Caso Loan: piden investigar si los servicios secretos rusos buscaron desviar la causa
Martes 07 de
Abril 2026
Lo requirieron el fiscal federal Carlos Schaefer, quien estará a cargo del juicio oral, y la abogada querellante María Belén Russo Cornara. El nene tenía 5 años cuando desapareció en un paraje cercano a 9 de Julio, Corrientes, luego de almorzar en lo de su abuela con un grupo de personas.
El fiscal federal Carlos Schaefer y los abogados de la familia de Loan Danilo Peña pidieron que la jueza Cristina Pozzer Penzo abra una investigación paralela para establecer si en el caso hubo “operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal” por parte de los servicios secretos rusos.
El primero en realizar una denuncia, sin apuntar a ningún actor en particular, fue Schaefer, quien encabezará la acusación durante el juicio oral y público a las siete personas que están acusadas de haber tenido algún grado de responsabilidad en la sustracción del chico correntino, y otras diez a las que le endilgaron un intento de desvío de la investigación.
El fiscal federal general de Corrientes sostuvo que “recientes investigaciones periodísticas han revelado una trama de desinformación financiada por servicios de inteligencia rusos en Argentina, la cual habría utilizado diversos temas de alta sensibilidad social, incluido el caso Loan, para generar inestabilidad política”.
En ese sentido, indicó que “Rusia pagó miles de dólares a distintos medios de comunicación y portales digitales argentinos para publicar contenidos diseñados para desgastar al gobierno actual... esas campañas de desinformación mediática habrían impulsado narrativas específicas sobre la desaparición de Loan Peña con el fin de capitalizar el malestar social y dirigirlo contra las instituciones”, agregó Schaefer en un escrito dirigido a la jueza Pozzer Penzo y el fiscal Martín de Guzmán.
La abogada María Belén Russo Cornara, representante de la familia Peña, se sumó a la denuncia y pidió la apertura de un nuevo legajo de investigación “con el objeto específico de investigar posibles operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal”.
Para Russo Cornara, el caso Loan se caracterizó “por la irrupción sistemática de relatos paralelos, la aparición de supuestos testigos sin validación procesal, la intervención de actores extra institucionales y la amplificación mediática de versiones carentes de sustento probatorio”.
En ese sentido, mencionó la aparición de personas que “se autopresentaron como testigos, expertos o auxiliares informales” pero también “la circulación de versiones contradictorias y la generación de contenido mediático orientado a instalar determinadas hipótesis”.
Incluso mencionó el “eventual financiamiento para la propagación de contenidos” falsos del caso.
A criterio de la querella, “la cuestión central ya no reside únicamente en determinar la falsedad o inconsistencia de determinadas intervenciones, sino en establecer si existe un circuito organizado -formal o informal- de producción, financiamiento y amplificación de contenidos e intervenciones destinadas a incidir en el curso de la investigación penal” del caso Loan.
“Mientras en la causa se ha avanzado sobre la responsabilidad de quienes en forma directa habrían desplegado conductas típicas vinculadas al hecho principal o a su encubrimiento, permanece aún indeterminado el nivel superior de eventual organización, dirección o financiamiento de las acciones periféricas que han rodeado el proceso, lo que configura un vacío investigativo que no puede ser soslayado”, sostiene la presentación.
Desde la querella consideran que estas maniobras podrían encuadrar en los delitos de encubrimiento agravado, asociación ilícita y entorpecimiento de una investigación penal.
Entre los apuntados como parte de esas operaciones se menciona a Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y a la periodista Kitty Sanders, quien se presenta además como investigadora en materia de criminalidad organizada y trata de personas.
El escrito de Russo Cornara también hace referencia a “la aparición de sujetos que se autopresentan y proyectan públicamente como investigadores o auxiliares en la causa (Loan), generando efectos distorsivos en la percepción pública y en el normal desarrollo del proceso”.
En ese sentido, indicó que “se trata de individuos que se presentan como agentes de investigación con supuesta capacidad de intervención en situaciones complejas... una suerte de agente de investigación internacional, con capacidad de intervención directa en situaciones complejas, afirmando incluso participar en rescates de víctimas mediante recursos propios, sin que exista constancia verificable en autos -ni en registros institucionales conocidos- de su acreditación profesional, marco operativo, respaldo organizacional o fuente de financiamiento”.
Loan fue sustraído en la tarde del 13 de junio de 2024 en cercanías de la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, que está a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio, en Corrientes. El chico, de 5 años, había ido a visitar a su abuela con su padre, sin saber que allí se haría un almuerzo en honor a San Antonio.
Al finalizar la comida, Loan junto a otros chicos y tres adultos se dirigieron hacia una tapera cercana en busca de naranjas. En esas circunstancias se produjo la sustracción del pequeño. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio qué sucedió con él.
Por el hecho fueron procesados con prisión preventiva tres parejas: Laudelina Peña (47) y Bernardino Antonio Benítez (39); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (54) y el ex capitán de navío Carlos Pérez (64); Mónica Millapi (36) y Daniel "Fierrito" Ramírez (51).
También, por encubrimiento,el ex comisario del pueblo Walter Adrián Maciel (45).
Además, la Justicia Federal de Goya procesó a otras diez personas por interferir en la investigación. Todos serán juzgados en un único juicio oral que aún no tiene fecha de inicio.
El primero en realizar una denuncia, sin apuntar a ningún actor en particular, fue Schaefer, quien encabezará la acusación durante el juicio oral y público a las siete personas que están acusadas de haber tenido algún grado de responsabilidad en la sustracción del chico correntino, y otras diez a las que le endilgaron un intento de desvío de la investigación.
El fiscal federal general de Corrientes sostuvo que “recientes investigaciones periodísticas han revelado una trama de desinformación financiada por servicios de inteligencia rusos en Argentina, la cual habría utilizado diversos temas de alta sensibilidad social, incluido el caso Loan, para generar inestabilidad política”.
En ese sentido, indicó que “Rusia pagó miles de dólares a distintos medios de comunicación y portales digitales argentinos para publicar contenidos diseñados para desgastar al gobierno actual... esas campañas de desinformación mediática habrían impulsado narrativas específicas sobre la desaparición de Loan Peña con el fin de capitalizar el malestar social y dirigirlo contra las instituciones”, agregó Schaefer en un escrito dirigido a la jueza Pozzer Penzo y el fiscal Martín de Guzmán.
La abogada María Belén Russo Cornara, representante de la familia Peña, se sumó a la denuncia y pidió la apertura de un nuevo legajo de investigación “con el objeto específico de investigar posibles operaciones organizadas de desinformación, financiamiento ilícito y entorpecimiento de la investigación penal”.
Para Russo Cornara, el caso Loan se caracterizó “por la irrupción sistemática de relatos paralelos, la aparición de supuestos testigos sin validación procesal, la intervención de actores extra institucionales y la amplificación mediática de versiones carentes de sustento probatorio”.
En ese sentido, mencionó la aparición de personas que “se autopresentaron como testigos, expertos o auxiliares informales” pero también “la circulación de versiones contradictorias y la generación de contenido mediático orientado a instalar determinadas hipótesis”.
Incluso mencionó el “eventual financiamiento para la propagación de contenidos” falsos del caso.
A criterio de la querella, “la cuestión central ya no reside únicamente en determinar la falsedad o inconsistencia de determinadas intervenciones, sino en establecer si existe un circuito organizado -formal o informal- de producción, financiamiento y amplificación de contenidos e intervenciones destinadas a incidir en el curso de la investigación penal” del caso Loan.
“Mientras en la causa se ha avanzado sobre la responsabilidad de quienes en forma directa habrían desplegado conductas típicas vinculadas al hecho principal o a su encubrimiento, permanece aún indeterminado el nivel superior de eventual organización, dirección o financiamiento de las acciones periféricas que han rodeado el proceso, lo que configura un vacío investigativo que no puede ser soslayado”, sostiene la presentación.
Desde la querella consideran que estas maniobras podrían encuadrar en los delitos de encubrimiento agravado, asociación ilícita y entorpecimiento de una investigación penal.
Entre los apuntados como parte de esas operaciones se menciona a Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, y a la periodista Kitty Sanders, quien se presenta además como investigadora en materia de criminalidad organizada y trata de personas.
El escrito de Russo Cornara también hace referencia a “la aparición de sujetos que se autopresentan y proyectan públicamente como investigadores o auxiliares en la causa (Loan), generando efectos distorsivos en la percepción pública y en el normal desarrollo del proceso”.
En ese sentido, indicó que “se trata de individuos que se presentan como agentes de investigación con supuesta capacidad de intervención en situaciones complejas... una suerte de agente de investigación internacional, con capacidad de intervención directa en situaciones complejas, afirmando incluso participar en rescates de víctimas mediante recursos propios, sin que exista constancia verificable en autos -ni en registros institucionales conocidos- de su acreditación profesional, marco operativo, respaldo organizacional o fuente de financiamiento”.
La desparición de Loan Danilo Peña
Loan fue sustraído en la tarde del 13 de junio de 2024 en cercanías de la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, que está a unos ocho kilómetros de la zona urbana de 9 de Julio, en Corrientes. El chico, de 5 años, había ido a visitar a su abuela con su padre, sin saber que allí se haría un almuerzo en honor a San Antonio.
Al finalizar la comida, Loan junto a otros chicos y tres adultos se dirigieron hacia una tapera cercana en busca de naranjas. En esas circunstancias se produjo la sustracción del pequeño. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio qué sucedió con él.
Por el hecho fueron procesados con prisión preventiva tres parejas: Laudelina Peña (47) y Bernardino Antonio Benítez (39); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (54) y el ex capitán de navío Carlos Pérez (64); Mónica Millapi (36) y Daniel "Fierrito" Ramírez (51).
También, por encubrimiento,el ex comisario del pueblo Walter Adrián Maciel (45).
Además, la Justicia Federal de Goya procesó a otras diez personas por interferir en la investigación. Todos serán juzgados en un único juicio oral que aún no tiene fecha de inicio.
Con información de
Clarín
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