El Gobierno demora la reglamentación de los fondos para financiar indemnizaciones
Viernes 29 de
Mayo 2026
El Fondo de Asistencia Laboral debía entrar en vigencia en junio. Sin embargo, el Ministerio de Economía todavía no publicó la reglamentación que habilita a la puesta en marcha de un instrumento que tendrá un costo fiscal de 0,5 puntos del PBI.
Con la mirada puesta en no comprometer el equilibrio fiscal, el Gobierno demora la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Es el instrumento creado para financiar colectivamente los despidos.
De acuerdo con el texto de la reforma laboral, los FAL debían empezar a funcionar en junio. El reporte del FMI también hacía referencia a esa misma fecha. Sin embargo, existía la posibilidad de prorrogarlo seis meses y el Ministerio de Economía decidió hacer uso de esa ventaja.
Hasta ahora, no publicó la reglamentación y fuentes oficiales le confirmaron a TN que recién se hará en el segundo semestre, por lo que podría empezar a funcionar cerca de fines de 2026 o, incluso, comienzos de 2027.
Una vez que se publique la reglamentación de Economía, tendrán que emitirse las normas respectivas de la Comisión Nacional de Valores y probablemente haya otras reglamentaciones de la Anses o el Ministerio de Capital Humano, dado que el FAL se financia con parte del dinero correspondiente a contribuciones patronales.
Precisamente, allí radica una de las cuestiones que generan la demora: la constitución del FAL tiene un costo fiscal inicial que los analistas calculan que será equivalente a 0,4 a 0,5 puntos del PBI por los ingresos que dejará de percibir el Gobierno.
A futuro, esto podría verse mitigado si se amplía la cantidad de trabajadores en formales. No obstante, en un contexto en el que la recaudación cae en términos reales y el Gobierno quiere mantener a rajatabla el equilibrio fiscal -en línea con los pedidos del FMI- resignar parte de las contribuciones patronales no parece ser la mejor alternativa.
“Su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado”, había calculado un informe de Ieral.
En las casas de Bolsa y sociedades gerentes de fondos, esperan con ansias la reglamentación de los FAL porque creen que puede dinamizar el mercado local. Pronostican que el nuevo instrumento aportará el equivalente a más de US$1000 millones por año.
Los expertos calculan que el flujo de fondos al mercado de capitales será realmente importante y continuo, ya que los aportes serán mensuales. Lo ven como el regreso de los inversores institucionales, tras el desmantelamiento de las AFJP durante el gobierno de Cristina Kirchner. Este tipo de jugador, por su mirada a largo plazo, permite fondear proyectos de largo aliento en el mercado, algo que hoy todavía es difícil.
Una de las principales incógnitas que tiene la industria financiera y que esperan que devele la reglamentación es en qué instrumentos podrán invertir los FAL y en qué proporciones de su cartera.
Los especialistas descuentan que el Gobierno aprovechará para direccionar una parte de esos pesos a bonos del Tesoro, de modo de asegurarse demanda en las licitaciones de deuda. También creen que habrá un cupo para bonos de empresas y abogan por un porcentaje más flexible, en el que cada administrador de fondos buscará generar rentabilidad para diferenciarse ante los clientes.
De acuerdo con el texto de la reforma laboral, los FAL debían empezar a funcionar en junio. El reporte del FMI también hacía referencia a esa misma fecha. Sin embargo, existía la posibilidad de prorrogarlo seis meses y el Ministerio de Economía decidió hacer uso de esa ventaja.
Hasta ahora, no publicó la reglamentación y fuentes oficiales le confirmaron a TN que recién se hará en el segundo semestre, por lo que podría empezar a funcionar cerca de fines de 2026 o, incluso, comienzos de 2027.
Una vez que se publique la reglamentación de Economía, tendrán que emitirse las normas respectivas de la Comisión Nacional de Valores y probablemente haya otras reglamentaciones de la Anses o el Ministerio de Capital Humano, dado que el FAL se financia con parte del dinero correspondiente a contribuciones patronales.
Precisamente, allí radica una de las cuestiones que generan la demora: la constitución del FAL tiene un costo fiscal inicial que los analistas calculan que será equivalente a 0,4 a 0,5 puntos del PBI por los ingresos que dejará de percibir el Gobierno.
A futuro, esto podría verse mitigado si se amplía la cantidad de trabajadores en formales. No obstante, en un contexto en el que la recaudación cae en términos reales y el Gobierno quiere mantener a rajatabla el equilibrio fiscal -en línea con los pedidos del FMI- resignar parte de las contribuciones patronales no parece ser la mejor alternativa.
“Su costo fiscal directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un contexto de restricción presupuestaria. Además, su impacto neto depende de que efectivamente se genere empleo formal adicional, algo que no está garantizado”, había calculado un informe de Ieral.
Los FAL podrían sumar US$1000 millones al mercado
En las casas de Bolsa y sociedades gerentes de fondos, esperan con ansias la reglamentación de los FAL porque creen que puede dinamizar el mercado local. Pronostican que el nuevo instrumento aportará el equivalente a más de US$1000 millones por año.
Los expertos calculan que el flujo de fondos al mercado de capitales será realmente importante y continuo, ya que los aportes serán mensuales. Lo ven como el regreso de los inversores institucionales, tras el desmantelamiento de las AFJP durante el gobierno de Cristina Kirchner. Este tipo de jugador, por su mirada a largo plazo, permite fondear proyectos de largo aliento en el mercado, algo que hoy todavía es difícil.
Una de las principales incógnitas que tiene la industria financiera y que esperan que devele la reglamentación es en qué instrumentos podrán invertir los FAL y en qué proporciones de su cartera.
Los especialistas descuentan que el Gobierno aprovechará para direccionar una parte de esos pesos a bonos del Tesoro, de modo de asegurarse demanda en las licitaciones de deuda. También creen que habrá un cupo para bonos de empresas y abogan por un porcentaje más flexible, en el que cada administrador de fondos buscará generar rentabilidad para diferenciarse ante los clientes.
Con información de
TN
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