Propiedades: cómo impactará en los precios y las operaciones inmobiliarias la eximición de Ganancias a alquileres y ventas
Martes 02 de
Junio 2026
Especialistas coinciden en que ayudará a dinamizar a la actividad planchada. Esperan que atraiga a inversores por la mejora de la rentabilidad y la ampliación de la oferta de inmuebles en alquiler. Aunque celebran la medida, la entienden en clave política y reclaman otras para la reactivación del mercado.
La reglamentación de la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias a la venta y el alquiler de inmuebles genera entusiasmo en el mercado inmobiliario, que, en una primera reacción, evaluó como positiva la medida en tanto espera que ayude a dinamizar la actividad, planchada en los últimos meses, con precios estables y operaciones lentas.
Aprobada en la Ley de Modernización Laboral en febrero, aún estaba pendiente que se oficializara. Su publicación en el Boletín Oficial este lunes incluye al periodo fiscal iniciado el 1° de enero de 2026, por lo que la aplicación será retroactiva.
Así, se elimina la carga tributaria para quienes vendan propiedades o transfieran derechos sobre ellas, y para las rentas generadas del alquiler de inmuebles destinados a viviendas.
Especialistas interpretan a este alivio fiscal en clave política. Lo entienden como una señal con la que el Gobierno busca diferenciarse de la gestión anterior, como parte de su estrategia de avanzar con la baja de impuestos, en contraposición con la voracidad fiscal del kirchnerismo.
Para los especialistas, funcionará como un incentivo, aunque la consideran insuficiente por sí misma para reanimar a un sector que demanda una fuerte baja de tasas para reactivar el crédito, que se frenó en octubre con las elecciones.
“Es una señal positiva: alienta a que crezca la oferta formal y contribuye a ordenar el mercado. No resuelve de por sí el problema habitacional, pero marca un camino necesario, con más incentivos, y, por ende, más viviendas disponibles y más seguridad para ambas partes”, analizó Marta Liotto, presidente del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI), que agrupa a los colegios de profesionales inmobiliarios de todo el país.
“No es una solución pero suma. Varias medidas como esta ayudan”, indicó Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y recordó la derogación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que se cobró entre 1991 y 2025 con 1,5% sobre el valor de la propiedad. “La administración anterior iba en contra: en un momento, se analizó volver a aplicar el Impuesto a la Propiedad Ociosa, como el que puso Perón”, apuntó.
José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, coincidió en que “es un incentivo que protege la inversión, y no que persigue como sucedía en otros gobiernos, lo que va en línea con la política que encaró esta gestión, con la derogación de la Ley de Alquileres”.
“Hay un mensaje de fondo valioso: la intención de generar un marco más favorable para la formalidad y transparencia, con reglas más claras. No sé cuánto modificará el comportamiento de inversores ni qué impacto real tendrá, pero mejora la percepción de quienes evalúan invertir”, consideró Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax Argentina y Uruguay.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), provocará una suba en la rentabilidad neta de hasta 64% para contribuyentes con la alícuota máxima de 35%, ya que pasará de 3,19% a 5,22%; mientras que los que tributan 13% percibirán un aumento de 17%, con una suba de 4,47% a 5,22%.
“Medidas como estas son beneficiosas porque permiten que más gente esté dispuesta a alquilar. Creemos que será positivo e impactará en los contratos de locación. Por lógica, mejorará la rentabilidad de los propietarios y generará incentivos para que más inmuebles se vuelquen a la oferta formal de alquileres”, señaló Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a los precios, un eventual aumento de la inversión y la oferta de propiedades haría que bajen. “Sería beneficioso para los inquilinos, quienes tendrían mayor acceso a opciones de alquiler a valores más competitivos”, anticiparon en Crivicich & Perez Propiedades, y agregaron que, desde el punto de vista regulatorio, actualmente, no todos los propietarios declaran sus ingresos por alquileres y se facilitaría así el mayor cumplimiento de la normativa.
Aprobada en la Ley de Modernización Laboral en febrero, aún estaba pendiente que se oficializara. Su publicación en el Boletín Oficial este lunes incluye al periodo fiscal iniciado el 1° de enero de 2026, por lo que la aplicación será retroactiva.
Así, se elimina la carga tributaria para quienes vendan propiedades o transfieran derechos sobre ellas, y para las rentas generadas del alquiler de inmuebles destinados a viviendas.
Especialistas interpretan a este alivio fiscal en clave política. Lo entienden como una señal con la que el Gobierno busca diferenciarse de la gestión anterior, como parte de su estrategia de avanzar con la baja de impuestos, en contraposición con la voracidad fiscal del kirchnerismo.
Para los especialistas, funcionará como un incentivo, aunque la consideran insuficiente por sí misma para reanimar a un sector que demanda una fuerte baja de tasas para reactivar el crédito, que se frenó en octubre con las elecciones.
“Es una señal positiva: alienta a que crezca la oferta formal y contribuye a ordenar el mercado. No resuelve de por sí el problema habitacional, pero marca un camino necesario, con más incentivos, y, por ende, más viviendas disponibles y más seguridad para ambas partes”, analizó Marta Liotto, presidente del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (CoFeCI), que agrupa a los colegios de profesionales inmobiliarios de todo el país.
“No es una solución pero suma. Varias medidas como esta ayudan”, indicó Daniel Zampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, y recordó la derogación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, que se cobró entre 1991 y 2025 con 1,5% sobre el valor de la propiedad. “La administración anterior iba en contra: en un momento, se analizó volver a aplicar el Impuesto a la Propiedad Ociosa, como el que puso Perón”, apuntó.
José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, coincidió en que “es un incentivo que protege la inversión, y no que persigue como sucedía en otros gobiernos, lo que va en línea con la política que encaró esta gestión, con la derogación de la Ley de Alquileres”.
“Hay un mensaje de fondo valioso: la intención de generar un marco más favorable para la formalidad y transparencia, con reglas más claras. No sé cuánto modificará el comportamiento de inversores ni qué impacto real tendrá, pero mejora la percepción de quienes evalúan invertir”, consideró Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax Argentina y Uruguay.
Rentabilidad y precios
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), provocará una suba en la rentabilidad neta de hasta 64% para contribuyentes con la alícuota máxima de 35%, ya que pasará de 3,19% a 5,22%; mientras que los que tributan 13% percibirán un aumento de 17%, con una suba de 4,47% a 5,22%.
“Medidas como estas son beneficiosas porque permiten que más gente esté dispuesta a alquilar. Creemos que será positivo e impactará en los contratos de locación. Por lógica, mejorará la rentabilidad de los propietarios y generará incentivos para que más inmuebles se vuelquen a la oferta formal de alquileres”, señaló Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a los precios, un eventual aumento de la inversión y la oferta de propiedades haría que bajen. “Sería beneficioso para los inquilinos, quienes tendrían mayor acceso a opciones de alquiler a valores más competitivos”, anticiparon en Crivicich & Perez Propiedades, y agregaron que, desde el punto de vista regulatorio, actualmente, no todos los propietarios declaran sus ingresos por alquileres y se facilitaría así el mayor cumplimiento de la normativa.
Con información de
clarin
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