La pobreza que no se ve
Por:
Micaela Urdinez
Miércoles 03 de
Junio 2026
Los hogares con niños y en zonas rurales del NOA son los más críticos.
Las familias que atraviesan la pobreza más extrema son las que tienen hijos y viven en las zonas rurales de los departamentos de Ramón Lista (Formosa), Rivadavia (Salta), Sarmiento (Formosa), San Martín (Santiago del Estero), Santa Catalina (Santiago del Estero) y Figueroa (Santiago del Estero). Así lo refleja el informe “Índice de pobreza multidimensional extrema” realizado en exclusiva para LA NACION por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En un contexto en que el gobierno de Javier Milei afirma que logró sacar a 15 millones de argentinos de la pobreza y muestra orgulloso una baja en la tasa de pobreza del 41,7% en el inicio de su mandato a un 28% actual según el Indec, especialistas, organizaciones y referentes territoriales cuestionan estas cifras. Sostienen, entre sus argumentos, que al concentrarse únicamente en los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica y en las zonas urbanas, la medición oficial no es un reflejo fiel de la realidad a la que los hogares más desfavorecidos de la Argentina profunda -esa a la que hay que embarrarse para llegar- se enfrentan todos los días. Que hay un núcleo duro de pobreza estructural que sigue siendo invisible y, por ende, está desatendido. LA NACION contactó al Ministerio de Capital Humano de Nación para conversar sobre estos datos, pero no obtuvo respuesta.
¿Qué es lo novedoso de este estudio? Que combina los datos del Censo 2022 y los de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) de 2023, logrando un mapa de la pobreza extrema en el país por localidades y departamentos, definida como el riesgo de concentración de inseguridad alimentaria en hogares particulares. Esto permite localizar núcleos de vulnerabilidad estructural y constituye una herramienta para el análisis territorial de desigualdades. Además, brinda una mirada nacional sobre los aspectos de la marginalidad más difíciles de superar como las condiciones materiales de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el nivel educativo de los padres y su situación laboral.
“Es muy relevante trabajar con índices a nivel censal porque es casi la única oportunidad de mostrar una radiografía de la Argentina y hacer justicia a lugares que nunca son relevados por la EPH [Encuesta Permanente de Hogares]. Y nos permite hablar de esta pobreza más estructural que es mucho más estable que las cifras de la pobreza monetarias que periódicamente muestra el Indec. Si bien la pobreza monetaria es relevante para el acceso a la vestimenta o a la alimentación, no ir a la escuela deja una marca en el desarrollo infantil que es más difícil de revertir”, señala Ianina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA y una de las autoras del informe.
En este relevamiento que muestra un índice del 1 al 100 (siendo 100 el nivel máximo de pobreza), el foco está puesto no en la cantidad de dinero que tiene una familia para vivir, sino en su estructura, su situación de hacinamiento, si el jefe de hogar tiene trabajo y en el acceso a derechos fundamentales, entre otras variables. De este modo, el trabajo permite trazar un panorama más fidedigno de cuál es la realidad de las comunidades más vulnerables.
Para Pablo Chanetta, integrante de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo que trabaja con pueblos originarios en Formosa, la Argentina está entristecida. “Lo que estamos viendo es que las situaciones de hambre se han intensificado. Hay comunidades que hace unos años estaban pescando y cazando y hoy están mariscando en los basurales para conseguir comida. No se encuentra una salida muy viable en cuanto a las necesidades básicas de la gente. No hablamos de vivienda ni de agua, sino de algo tan básico como la alimentación y el trabajo”, plantea.
El norte postergado
El estudio revela que los peores índices de pobreza se concentran con más crudeza en el NOA (39,5) y el NEA (38,1), superando ampliamente a regiones como la pampeana (30,0), el AMBA (29,9) o la Patagonia (29,6). Allí, en los parajes más aislados del norte del país, todavía existen familias numerosas viviendo hacinadas en ranchos de una habitación, sin acceso al agua potable, sin luz, con el baño afuera y con niños que comen, con suerte, una vez al día.
“Estamos hablando de que la inteligencia artificial va a venir a solucionar el mundo, mientras que en nuestro propio país hay gente que tiene que salir a cazar para comer. La pobreza más extrema es cuando el sistema no registra que existís y eso es lo que pasa en las zonas más vulnerables de la Argentina”, dice Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria, una ONG que brinda asistencia a las familias del Impenetrable chaqueño.
Tuñón comparte esta sensación de abandono y señala la falta de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de estos grupos más vulnerables. “Son poblaciones que evidentemente se consideran descartables, que no importan. Creo que quizás en este momento hay una profundización de cierto descuido, pero no puedo reconocer en los últimos 15 años un gobierno que haya tenido una política activa que se haya convertido en una política de Estado como la AUH [Asignación Universal por Hijo]”, indica.
Sostener a los hijos
A nivel provincial, las jurisdicciones con mayores índices de vulnerabilidad son Santiago del Estero (42,5), Formosa (40,9), Salta (40,9), Jujuy (40,5) y Chaco (39,1). Todas pertenecen al norte del país.
Ángel Nicolai, ministro de Desarrollo Social de Santiago del Estero, argumentó: “Este informe representa un mapa de dificultades estructurales que nadie desconoce que nuestra provincia tiene desde hace mucho tiempo. En el índice, pensemos que la media del país está en 32 y el NOA está en 39. Es decir que no estamos hablando de los niveles más altos de pobreza extrema que serían los valores de 100”.
En estas provincias, los porcentajes de hogares con niños y adolescentes también son los más elevados, en general por encima del 50%. Esta situación deja en evidencia que los territorios más desfavorecidos no solo presentan peores condiciones estructurales, sino también una mayor proporción de hogares con población de entre 0 y 17 años.
“Si bien aparece quizás la provincia con un alto índice de pobreza extrema en términos multidimensionales, hay que destacar las mejoras que existieron durante todo este tiempo y que todavía el camino es largo para efectivamente llevar adelante mayor progreso e inversión en materia de desarrollo social”, agregó Nicolai.
Hace más de 20 años que Santiago García Pintos trabaja en el territorio del Salado Norte, en la zona aledaña de San José de Boquerón, en el monte santiagueño. Allí, junto al equipo de la ONG Cynnal, de la cual es fundador, implementan programas de acceso al agua, educativos, de vivienda y de desarrollo local destinados a 400 familias de 70 comunidades. “Las viviendas son una deuda pendiente. Todavía sigue habiendo muchos ranchos que tienen techos de ramadas, con niveles altísimos de contagio de Chagas por las vinchucas. La mayoría no tienen puertas ni ventanas para protegerse de los animales y a eso hay que agregarle que no hay baño. La gente va al monte a hacer sus necesidades. También es crítica la falta de acceso al agua potable. La gente sigue sacando el agua de surgentes con niveles elevadísimos de arsénico y fluor”, señala García Pintos.
LA NACION quiso saber qué programas están implementando los gobiernos de otras provincias como Salta y Formosa para combatir la pobreza extrema, pero no obtuvo respuesta.
El peso del aislamiento
Hay que recorrer caminos de tierra durante varias horas para llegar. A veces, son un arenal que se come las ruedas de las motos y los autos. Otras, un barrial que frena a cualquier vehículo. También, puede ser un charco de agua que nadie se anima a cruzar. En Santa Victoria Oeste, en el norte de Salta, la ONG Pata Pila se obliga a este desafío para asistir a comunidades originarias y criollas que están al margen de todo.
“En esta zona, todos los operativos para obtener el DNI y de Anses se cortaron. Todo se está derivando a Tartagal y Orán, que para muchas familias es prácticamente inalcanzable. La cadena es directa porque sin DNI no hay Asignación Universal por Hijo, y sin asignación no hay módulo alimentario. Estamos recibiendo muchas notas formales de caciques de comunidades donde todavía no logramos llegar, pidiendo que vayamos. Eso no pasaba antes con esta frecuencia”, dice Diego Bustante, fundador de Pata Pila.
Otra de las variables que incide en la situación de emergencia de las familias es si están cerca de una ciudad o viven en el campo. En la mayor parte del país, la pobreza se intensifica en las zonas rurales.
“¿Por qué lo rural tiene cifras mayores en el índice? Porque medimos indicadores que son avances civilizatorios en el ámbito del hábitat, en el mundo del trabajo y de la educación, que llegan más tempranamente a los ámbitos urbanos. En lo rural, lo más grave son las grandes barreras al desarrollo que tienen los niños pobres porque están muy limitados a acceder a la educación y a resolver problemáticas vinculadas con la salud que después se les vuelven crónicas. Y ni hablemos de la alimentación”, concluye Tuñón.
En un contexto en que el gobierno de Javier Milei afirma que logró sacar a 15 millones de argentinos de la pobreza y muestra orgulloso una baja en la tasa de pobreza del 41,7% en el inicio de su mandato a un 28% actual según el Indec, especialistas, organizaciones y referentes territoriales cuestionan estas cifras. Sostienen, entre sus argumentos, que al concentrarse únicamente en los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica y en las zonas urbanas, la medición oficial no es un reflejo fiel de la realidad a la que los hogares más desfavorecidos de la Argentina profunda -esa a la que hay que embarrarse para llegar- se enfrentan todos los días. Que hay un núcleo duro de pobreza estructural que sigue siendo invisible y, por ende, está desatendido. LA NACION contactó al Ministerio de Capital Humano de Nación para conversar sobre estos datos, pero no obtuvo respuesta.
¿Qué es lo novedoso de este estudio? Que combina los datos del Censo 2022 y los de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) de 2023, logrando un mapa de la pobreza extrema en el país por localidades y departamentos, definida como el riesgo de concentración de inseguridad alimentaria en hogares particulares. Esto permite localizar núcleos de vulnerabilidad estructural y constituye una herramienta para el análisis territorial de desigualdades. Además, brinda una mirada nacional sobre los aspectos de la marginalidad más difíciles de superar como las condiciones materiales de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el nivel educativo de los padres y su situación laboral.
“Es muy relevante trabajar con índices a nivel censal porque es casi la única oportunidad de mostrar una radiografía de la Argentina y hacer justicia a lugares que nunca son relevados por la EPH [Encuesta Permanente de Hogares]. Y nos permite hablar de esta pobreza más estructural que es mucho más estable que las cifras de la pobreza monetarias que periódicamente muestra el Indec. Si bien la pobreza monetaria es relevante para el acceso a la vestimenta o a la alimentación, no ir a la escuela deja una marca en el desarrollo infantil que es más difícil de revertir”, señala Ianina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA y una de las autoras del informe.
En este relevamiento que muestra un índice del 1 al 100 (siendo 100 el nivel máximo de pobreza), el foco está puesto no en la cantidad de dinero que tiene una familia para vivir, sino en su estructura, su situación de hacinamiento, si el jefe de hogar tiene trabajo y en el acceso a derechos fundamentales, entre otras variables. De este modo, el trabajo permite trazar un panorama más fidedigno de cuál es la realidad de las comunidades más vulnerables.
Para Pablo Chanetta, integrante de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo que trabaja con pueblos originarios en Formosa, la Argentina está entristecida. “Lo que estamos viendo es que las situaciones de hambre se han intensificado. Hay comunidades que hace unos años estaban pescando y cazando y hoy están mariscando en los basurales para conseguir comida. No se encuentra una salida muy viable en cuanto a las necesidades básicas de la gente. No hablamos de vivienda ni de agua, sino de algo tan básico como la alimentación y el trabajo”, plantea.
El norte postergado
El estudio revela que los peores índices de pobreza se concentran con más crudeza en el NOA (39,5) y el NEA (38,1), superando ampliamente a regiones como la pampeana (30,0), el AMBA (29,9) o la Patagonia (29,6). Allí, en los parajes más aislados del norte del país, todavía existen familias numerosas viviendo hacinadas en ranchos de una habitación, sin acceso al agua potable, sin luz, con el baño afuera y con niños que comen, con suerte, una vez al día.
“Estamos hablando de que la inteligencia artificial va a venir a solucionar el mundo, mientras que en nuestro propio país hay gente que tiene que salir a cazar para comer. La pobreza más extrema es cuando el sistema no registra que existís y eso es lo que pasa en las zonas más vulnerables de la Argentina”, dice Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria, una ONG que brinda asistencia a las familias del Impenetrable chaqueño.
Tuñón comparte esta sensación de abandono y señala la falta de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de estos grupos más vulnerables. “Son poblaciones que evidentemente se consideran descartables, que no importan. Creo que quizás en este momento hay una profundización de cierto descuido, pero no puedo reconocer en los últimos 15 años un gobierno que haya tenido una política activa que se haya convertido en una política de Estado como la AUH [Asignación Universal por Hijo]”, indica.
Sostener a los hijos
A nivel provincial, las jurisdicciones con mayores índices de vulnerabilidad son Santiago del Estero (42,5), Formosa (40,9), Salta (40,9), Jujuy (40,5) y Chaco (39,1). Todas pertenecen al norte del país.
Ángel Nicolai, ministro de Desarrollo Social de Santiago del Estero, argumentó: “Este informe representa un mapa de dificultades estructurales que nadie desconoce que nuestra provincia tiene desde hace mucho tiempo. En el índice, pensemos que la media del país está en 32 y el NOA está en 39. Es decir que no estamos hablando de los niveles más altos de pobreza extrema que serían los valores de 100”.
En estas provincias, los porcentajes de hogares con niños y adolescentes también son los más elevados, en general por encima del 50%. Esta situación deja en evidencia que los territorios más desfavorecidos no solo presentan peores condiciones estructurales, sino también una mayor proporción de hogares con población de entre 0 y 17 años.
“Si bien aparece quizás la provincia con un alto índice de pobreza extrema en términos multidimensionales, hay que destacar las mejoras que existieron durante todo este tiempo y que todavía el camino es largo para efectivamente llevar adelante mayor progreso e inversión en materia de desarrollo social”, agregó Nicolai.
Hace más de 20 años que Santiago García Pintos trabaja en el territorio del Salado Norte, en la zona aledaña de San José de Boquerón, en el monte santiagueño. Allí, junto al equipo de la ONG Cynnal, de la cual es fundador, implementan programas de acceso al agua, educativos, de vivienda y de desarrollo local destinados a 400 familias de 70 comunidades. “Las viviendas son una deuda pendiente. Todavía sigue habiendo muchos ranchos que tienen techos de ramadas, con niveles altísimos de contagio de Chagas por las vinchucas. La mayoría no tienen puertas ni ventanas para protegerse de los animales y a eso hay que agregarle que no hay baño. La gente va al monte a hacer sus necesidades. También es crítica la falta de acceso al agua potable. La gente sigue sacando el agua de surgentes con niveles elevadísimos de arsénico y fluor”, señala García Pintos.
LA NACION quiso saber qué programas están implementando los gobiernos de otras provincias como Salta y Formosa para combatir la pobreza extrema, pero no obtuvo respuesta.
El peso del aislamiento
Hay que recorrer caminos de tierra durante varias horas para llegar. A veces, son un arenal que se come las ruedas de las motos y los autos. Otras, un barrial que frena a cualquier vehículo. También, puede ser un charco de agua que nadie se anima a cruzar. En Santa Victoria Oeste, en el norte de Salta, la ONG Pata Pila se obliga a este desafío para asistir a comunidades originarias y criollas que están al margen de todo.
“En esta zona, todos los operativos para obtener el DNI y de Anses se cortaron. Todo se está derivando a Tartagal y Orán, que para muchas familias es prácticamente inalcanzable. La cadena es directa porque sin DNI no hay Asignación Universal por Hijo, y sin asignación no hay módulo alimentario. Estamos recibiendo muchas notas formales de caciques de comunidades donde todavía no logramos llegar, pidiendo que vayamos. Eso no pasaba antes con esta frecuencia”, dice Diego Bustante, fundador de Pata Pila.
Otra de las variables que incide en la situación de emergencia de las familias es si están cerca de una ciudad o viven en el campo. En la mayor parte del país, la pobreza se intensifica en las zonas rurales.
“¿Por qué lo rural tiene cifras mayores en el índice? Porque medimos indicadores que son avances civilizatorios en el ámbito del hábitat, en el mundo del trabajo y de la educación, que llegan más tempranamente a los ámbitos urbanos. En lo rural, lo más grave son las grandes barreras al desarrollo que tienen los niños pobres porque están muy limitados a acceder a la educación y a resolver problemáticas vinculadas con la salud que después se les vuelven crónicas. Y ni hablemos de la alimentación”, concluye Tuñón.
Con información de
La Nación
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