Privatizaciones: el Gobierno acelera la venta de empresas clave y hay financiamiento alineado
Jueves 16 de
Julio 2026
Con demoras, la venta de empresas públicas sigue en su senda. Blindar contratos y compromisos de inversión, en el centro.
El Gobierno espera definir privatizaciones esperadas por el sector privado hacia la segunda mitad del año. La salida de la licitación de los trenes de carga la ven inminente luego de varios ajustes para poder “blindar” los contratos, mientras preparan nuevas ventas en el área energética.
Los trenes de carga son quizás la venta más esperada por grupos empresarios locales e internacionales. El Belgrano Cargas, Urquiza y San Martín tuvieron meses de revisión de los pliegos, en colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que finalmente aprobaron otorgar la prefactibilidad a los inversores, esto es, presentarse como dadores de financiamiento para quienes quieran quedarse con las líneas para realizar las inversiones necesarias.
La publicación de los pliegos es “inminente” aseguran desde el oficialismo. En una primera etapa será la licitación para la concesión de las vías por 50 años con la venta de parte del material rodante como opción. La segunda etapa incluirá la venta de los talleres con el resto del material rodante.
Una de las trabas que observaban en los pliegos era el pedido de mayor seguridad por parte de los inversores. En la mira estaba puesta la velocidad y antecedentes de la justicia local. Si bien las revisiones apuntan a darles mayor seguridad o blindaje a los contratos, tiene poco quórum la posibilidad de dar una cláusula para litigar ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo la órbita del Banco Mundial. Esto, aseguran, no es necesario, ya que los inversores cuentan en sus carpetas con la posibilidad de recurrir a ese tribunal, por lo que no consideran que sea necesario incluirlo dentro de las licitaciones como una posibilidad de primera instancia.
Las revisiones tenían en la mira también volver más atractivos los contratos para atraer mayor cantidad de inversores. Hasta ahora había cuatro interesados, dos del plano local y dos internacionales, de los cuales uno tiene antecedentes en la gestión de líneas ferroviarias, como lo es el Grupo México. En el plano local, los interesados son un pool de las agroexportadoras, con afinidad con las empresas mineras que también ven de utilidad las vías, en particular la línea Belgrano, y el otro es el Grupo Roggio, empresa con experiencia en el área de la construcción.
La aspiración oficial era que se interesaran también fondos de inversión que pudieran aportar el financiamiento para las obras necesarias en las vías. Esto, aseguran, ya dio los primeros resultados de acercamientos.
Otra de las aristas en revisión era como se incluiría la posibilidad de adherir a beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Las ofertas no reportarán ingresos al Tesoro, sino más bien bajas en el gasto. La licitación contempla que los interesados presenten una propuesta de tarifas y del costo y plazo para la realización de las obras obligatorias, una de ellas la reparación de la circunvalación de Rosario. Además, se incluirán obras adicionales por las que sumarán puntos.
La cesión de las líneas, ratifican, se hará con los trabajadores incluidos e incluso esperan que tanto las obras como el mayor uso que la puesta en marcha le dará a las vías, derive en mayores contrataciones.
El Gobierno sufrió su primer traspié en las privatizaciones luego de que la venta de Intercargo se declarara desierta. Desde entonces, analizan las alternativas para la compañía y ninguna opción está fuera de la mesa. “El Congreso permitió disponer de la compañía”, aseguran desde despachos oficiales, aunque plantean que hay límites, pero insisten en que todo está bajo análisis.
En el mientras tanto, comenzaron las cesiones para que los aeropuertos puedan operar las mangas, una posibilidad que estaba contemplada en las concesiones originales de hace 30 años, pero área que estaba bajo en control de Intercargo. La condición es que los operadores inviertan en mangas y otros instrumentos, algo que también debía hacer quien se quedara con la empresa dada la antigüedad de las mismas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner el foco en las privatizaciones energéticas, luego de que ratificara la venta de centrales térmicas cuando anunció el Programa Financiero 2026-2027.
Las primeras centrales de las que se desprendería Enarsa, la empresa energética estatal, son la Belgrano y San Martín, que prevén salgan a ofrecerse este año.
Mientras tanto, está en marcha la venta de AySA, la segunda relevante en materia de servicios públicos luego de que se adjudicara parte de Transener. Sin embargo, en este caso se venderá el 90% de la compañía. La empresa salió a ofrecerse sin precio base. Esto, explican, responde a un escenario similar al que ocurrió con la concesión de las represas del Comahue: desconfían que vayan a presentarse “ofertas carroñeras” ya que las concesiones vienen con compromisos de inversión. Mientras que en el caso de las represas, el mismo trepó a u$s 1500 millones, en el caso de AySA contemplan una inversión de u$s 5000 millones en un plazo de 20 años para la puesta a punto y extensión de la red.
La empresa de aguas suma interesados, muchos de ellos en el plano local y también vinculados a la construcción.
En las últimas semanas surgieron críticas respecto de las tasaciones de las empresas que salieron a ofrecerse. En particular, los planteos se centraban en precios bajos y la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en detrimento del Tribunal de Tasaciones.
La explicación oficial respecto de la intervención del BICE es que este intervino ya que el Tribunal no tenía la capacidad de tasar empresas en funcionamiento con flujo de fondos, sino que se enfoca en la cotización de activos, como lo hace con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de la venta de edificios y terrenos públicos. A razón de esto, solicitaron la intervención de los bancos públicos, entre ellos, el BICE.
Respecto de los precios base, descartaron que fueran inferiores a “valores de mercado”. La explicación varía según las empresas: en el caso de Intercargo, el precio responde a la apertura de la competencia y a que, estiman, la empresa deberá reestructurarse para competir; en el de Transener, el precio se debió a que la venta era por la mitad de la compañía controlante (Citelec), la cual hoy tiene un accionista de mayor peso, Pampa Energía.
Los trenes de carga son quizás la venta más esperada por grupos empresarios locales e internacionales. El Belgrano Cargas, Urquiza y San Martín tuvieron meses de revisión de los pliegos, en colaboración con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que finalmente aprobaron otorgar la prefactibilidad a los inversores, esto es, presentarse como dadores de financiamiento para quienes quieran quedarse con las líneas para realizar las inversiones necesarias.
La publicación de los pliegos es “inminente” aseguran desde el oficialismo. En una primera etapa será la licitación para la concesión de las vías por 50 años con la venta de parte del material rodante como opción. La segunda etapa incluirá la venta de los talleres con el resto del material rodante.
Una de las trabas que observaban en los pliegos era el pedido de mayor seguridad por parte de los inversores. En la mira estaba puesta la velocidad y antecedentes de la justicia local. Si bien las revisiones apuntan a darles mayor seguridad o blindaje a los contratos, tiene poco quórum la posibilidad de dar una cláusula para litigar ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo la órbita del Banco Mundial. Esto, aseguran, no es necesario, ya que los inversores cuentan en sus carpetas con la posibilidad de recurrir a ese tribunal, por lo que no consideran que sea necesario incluirlo dentro de las licitaciones como una posibilidad de primera instancia.
Las revisiones tenían en la mira también volver más atractivos los contratos para atraer mayor cantidad de inversores. Hasta ahora había cuatro interesados, dos del plano local y dos internacionales, de los cuales uno tiene antecedentes en la gestión de líneas ferroviarias, como lo es el Grupo México. En el plano local, los interesados son un pool de las agroexportadoras, con afinidad con las empresas mineras que también ven de utilidad las vías, en particular la línea Belgrano, y el otro es el Grupo Roggio, empresa con experiencia en el área de la construcción.
La aspiración oficial era que se interesaran también fondos de inversión que pudieran aportar el financiamiento para las obras necesarias en las vías. Esto, aseguran, ya dio los primeros resultados de acercamientos.
Otra de las aristas en revisión era como se incluiría la posibilidad de adherir a beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Las ofertas no reportarán ingresos al Tesoro, sino más bien bajas en el gasto. La licitación contempla que los interesados presenten una propuesta de tarifas y del costo y plazo para la realización de las obras obligatorias, una de ellas la reparación de la circunvalación de Rosario. Además, se incluirán obras adicionales por las que sumarán puntos.
La cesión de las líneas, ratifican, se hará con los trabajadores incluidos e incluso esperan que tanto las obras como el mayor uso que la puesta en marcha le dará a las vías, derive en mayores contrataciones.
Intercargo
El Gobierno sufrió su primer traspié en las privatizaciones luego de que la venta de Intercargo se declarara desierta. Desde entonces, analizan las alternativas para la compañía y ninguna opción está fuera de la mesa. “El Congreso permitió disponer de la compañía”, aseguran desde despachos oficiales, aunque plantean que hay límites, pero insisten en que todo está bajo análisis.
En el mientras tanto, comenzaron las cesiones para que los aeropuertos puedan operar las mangas, una posibilidad que estaba contemplada en las concesiones originales de hace 30 años, pero área que estaba bajo en control de Intercargo. La condición es que los operadores inviertan en mangas y otros instrumentos, algo que también debía hacer quien se quedara con la empresa dada la antigüedad de las mismas.
Servicios
El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner el foco en las privatizaciones energéticas, luego de que ratificara la venta de centrales térmicas cuando anunció el Programa Financiero 2026-2027.
Las primeras centrales de las que se desprendería Enarsa, la empresa energética estatal, son la Belgrano y San Martín, que prevén salgan a ofrecerse este año.
Mientras tanto, está en marcha la venta de AySA, la segunda relevante en materia de servicios públicos luego de que se adjudicara parte de Transener. Sin embargo, en este caso se venderá el 90% de la compañía. La empresa salió a ofrecerse sin precio base. Esto, explican, responde a un escenario similar al que ocurrió con la concesión de las represas del Comahue: desconfían que vayan a presentarse “ofertas carroñeras” ya que las concesiones vienen con compromisos de inversión. Mientras que en el caso de las represas, el mismo trepó a u$s 1500 millones, en el caso de AySA contemplan una inversión de u$s 5000 millones en un plazo de 20 años para la puesta a punto y extensión de la red.
La empresa de aguas suma interesados, muchos de ellos en el plano local y también vinculados a la construcción.
Tasaciones
En las últimas semanas surgieron críticas respecto de las tasaciones de las empresas que salieron a ofrecerse. En particular, los planteos se centraban en precios bajos y la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en detrimento del Tribunal de Tasaciones.
La explicación oficial respecto de la intervención del BICE es que este intervino ya que el Tribunal no tenía la capacidad de tasar empresas en funcionamiento con flujo de fondos, sino que se enfoca en la cotización de activos, como lo hace con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), a cargo de la venta de edificios y terrenos públicos. A razón de esto, solicitaron la intervención de los bancos públicos, entre ellos, el BICE.
Respecto de los precios base, descartaron que fueran inferiores a “valores de mercado”. La explicación varía según las empresas: en el caso de Intercargo, el precio responde a la apertura de la competencia y a que, estiman, la empresa deberá reestructurarse para competir; en el de Transener, el precio se debió a que la venta era por la mitad de la compañía controlante (Citelec), la cual hoy tiene un accionista de mayor peso, Pampa Energía.
Con información de
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