25 DE ABRIL 2024
Realizan audiencia de constitución de querella por tráfico de influencia
Jueves 21 de
Agosto 2014
Un ex directivo de la Caja de Ingenieros denunció por ese delito al presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo y al diputado de su mismo bloque, Leandro Busatto, por haber enviado una carta a la Justicia, entrometiéndose en un conflicto institucional del que no son partes.
Este viernes a las 9.30 de la mañana se llevará a cabo en los Tribunales locales la audiencia de constitución de querella en una causa en la que se investiga al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Luis Rubeo y al diputado del Frente Para la Victoria, Leandro Busatto, por el presunto delito de “tráfico de influencias”.
Es por un conflicto legal en el que se encuentra envuelta la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe 1º Circunscripción, y sobre el cual Rubeo pretendió incidir a través de una misiva dirigida al presidente de la Cámara de Apelación Penal -período 2013-, Roberto Prieu Mántaras.
La denuncia fue radicada por el ingeniero rafaelino, José Luis Aglietto, quien fuera directivo y actualmente reviste la condición de afiliado de la Caja de la Ingeniería. Lo representan los abogados Germán Corazza y Juan Aguilar, quienes mañana comparecerán frente al juez del caso.
Por la “intervención”
“Se estaba resolviendo la intervención de la Caja de la Ingeniería que se había ordenado en primera instancia; entonces el 3 de abril de 2013 Rubeo envía una misiva firmada por él, membretada por la Cámara de Diputados, dirigida al señor presidente de la Cámara Penal, Roberto Prieu Mántaras, donde le manifiesta la ‘obligación de involucrarse en el conflicto suscitado entendiendo que corresponde se haga lugar a la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero de 2013'...(ver Dato)”, introdujo el Dr. Corazza.
La causa estaba para fallo de los camaristas Prieu Mántaras, Roberto Reyes y Sebastián Creus, de los cuales éste último en su voto advirtió -sobre el pedido de Rubeo- que “objetivamente implica que una autoridad de otro poder que no representa a ninguna parte del proceso interviene en un proceso judicial interesándose en el resultado del litigio” (ver relacionado), repasó el abogado.
Es decir que “no sólo el ingeniero Aglietto presentó la denuncia, sino que un voto del camarista ordena extraer copia y remitirla a la Corte Suprema de Justicia para su tratamiento”, enfatizó Corazza.
La acción judicial instada por Aglietto ante el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre tuvo su correlato en la investigación iniciada por el Fiscal Nº 4, Juan pablo López Rosas, que el 22 de mayo de 2013 requirió al juez la apertura de la instrucción por el presunto delito de tráfico de influencia y solicitó medidas de prueba preliminares, como antecedentes del caso y declaraciones.
“Un hecho inédito”
Transcurrió más de un año desde entonces. Mientras tanto, las sucesivas excusaciones de tres jueces, dilataron el proceso hasta que la Cámara Penal ordenó que la investigación prosiga en el Juzgado de Instrucción Octava, actualmente a cargo del Dr. Diego De la Torre.
Si bien podría ser considerado un hecho menor en la esfera de la justicia penal, la causa reviste especial interés ya que “desde el advenimiento de la democracia, la intromisión de un poder del estado sobre otro, es un hecho inédito en la provincia”, destacó el abogado Corazza.
“Otra cuestión de importancia manifiesta, es que Rubeo envía la misiva en carácter de presidente de la Cámara de Diputados sin haber consultado a los demás diputados, es decir, que no tuvo tratamiento en sesión pública”, ahondó el representante legal.
En definitiva, para la parte acusadora el diputado provincial Luis Rubeo no hizo más que “haber buscado una ventaja sobre el resultado de un litigio, haciendo valer su condición de presidente en el cuerpo legislativo, con el fin de favorecer al padre de un diputado de su mismo bloque”, como sería el caso de Leandro Busatto y su padre, el arquitecto Amaro Busatto.
Relación de poderes
Casi de manera concomitante con la denuncia presentada por el ingeniero José Luis Aglietto, el camarista penal Sebastián Creus pidió que se envíen copias a la Corte Suprema para que se analice el caso. “No puedo dejar de realizar algunas reflexiones sobre el escrito donde el Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe plantea al Señor Presidente de esta Cámara una serie de objeciones, manifestaciones y un pedido expreso, sobre el auto interlocutorio recurrido”, dice Creus.
Si bien el camarista considera el episodio “casi como un gaje del oficio” esto “no me ha obstaculizado tomar la decisión”. Es por ello que “subjetivamente el escrito mencionado no es para mí algo que influya en la decisión. Pero, desde un punto de vista objetivo, “implica que una autoridad de otro poder, que no representa a ninguna parte en este proceso, interviene en un proceso judicial, instando una resolución determinada, interesándose en el resultado del litigio”, alertó el juez.
“Por tales motivos, es posible pensar que estas conductas sean interpretadas a un nivel institucional vinculado a las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En consecuencia, y a los efectos de cumplir lo establecido en la Constitución de la provincia, deben extraerse copias del presente incidente y remitirse a la Excma. Corte Suprema a sus efectos”.
El dato
Está escrito.
El párrafo textual que cita el fiscal López Rosas en su escrito de acusación contra los diputados dice: “... siendo la intervención de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe 1a. Circunscripción, una decisión que hace a la vida institucional de nuestra provincia, en resguardo de una vida democrática y republicana de división de poderes y respeto institucional entre los mismos, me veo en la obligación de involucrarme en el conflicto suscitado, entendiendo que corresponde se haga lugar a la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero de 2013 que ordena la mencionada intervención...”.
Es por un conflicto legal en el que se encuentra envuelta la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe 1º Circunscripción, y sobre el cual Rubeo pretendió incidir a través de una misiva dirigida al presidente de la Cámara de Apelación Penal -período 2013-, Roberto Prieu Mántaras.
La denuncia fue radicada por el ingeniero rafaelino, José Luis Aglietto, quien fuera directivo y actualmente reviste la condición de afiliado de la Caja de la Ingeniería. Lo representan los abogados Germán Corazza y Juan Aguilar, quienes mañana comparecerán frente al juez del caso.
Por la “intervención”
“Se estaba resolviendo la intervención de la Caja de la Ingeniería que se había ordenado en primera instancia; entonces el 3 de abril de 2013 Rubeo envía una misiva firmada por él, membretada por la Cámara de Diputados, dirigida al señor presidente de la Cámara Penal, Roberto Prieu Mántaras, donde le manifiesta la ‘obligación de involucrarse en el conflicto suscitado entendiendo que corresponde se haga lugar a la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero de 2013'...(ver Dato)”, introdujo el Dr. Corazza.
La causa estaba para fallo de los camaristas Prieu Mántaras, Roberto Reyes y Sebastián Creus, de los cuales éste último en su voto advirtió -sobre el pedido de Rubeo- que “objetivamente implica que una autoridad de otro poder que no representa a ninguna parte del proceso interviene en un proceso judicial interesándose en el resultado del litigio” (ver relacionado), repasó el abogado.
Es decir que “no sólo el ingeniero Aglietto presentó la denuncia, sino que un voto del camarista ordena extraer copia y remitirla a la Corte Suprema de Justicia para su tratamiento”, enfatizó Corazza.
La acción judicial instada por Aglietto ante el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre tuvo su correlato en la investigación iniciada por el Fiscal Nº 4, Juan pablo López Rosas, que el 22 de mayo de 2013 requirió al juez la apertura de la instrucción por el presunto delito de tráfico de influencia y solicitó medidas de prueba preliminares, como antecedentes del caso y declaraciones.
“Un hecho inédito”
Transcurrió más de un año desde entonces. Mientras tanto, las sucesivas excusaciones de tres jueces, dilataron el proceso hasta que la Cámara Penal ordenó que la investigación prosiga en el Juzgado de Instrucción Octava, actualmente a cargo del Dr. Diego De la Torre.
Si bien podría ser considerado un hecho menor en la esfera de la justicia penal, la causa reviste especial interés ya que “desde el advenimiento de la democracia, la intromisión de un poder del estado sobre otro, es un hecho inédito en la provincia”, destacó el abogado Corazza.
“Otra cuestión de importancia manifiesta, es que Rubeo envía la misiva en carácter de presidente de la Cámara de Diputados sin haber consultado a los demás diputados, es decir, que no tuvo tratamiento en sesión pública”, ahondó el representante legal.
En definitiva, para la parte acusadora el diputado provincial Luis Rubeo no hizo más que “haber buscado una ventaja sobre el resultado de un litigio, haciendo valer su condición de presidente en el cuerpo legislativo, con el fin de favorecer al padre de un diputado de su mismo bloque”, como sería el caso de Leandro Busatto y su padre, el arquitecto Amaro Busatto.
Relación de poderes
Casi de manera concomitante con la denuncia presentada por el ingeniero José Luis Aglietto, el camarista penal Sebastián Creus pidió que se envíen copias a la Corte Suprema para que se analice el caso. “No puedo dejar de realizar algunas reflexiones sobre el escrito donde el Señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe plantea al Señor Presidente de esta Cámara una serie de objeciones, manifestaciones y un pedido expreso, sobre el auto interlocutorio recurrido”, dice Creus.
Si bien el camarista considera el episodio “casi como un gaje del oficio” esto “no me ha obstaculizado tomar la decisión”. Es por ello que “subjetivamente el escrito mencionado no es para mí algo que influya en la decisión. Pero, desde un punto de vista objetivo, “implica que una autoridad de otro poder, que no representa a ninguna parte en este proceso, interviene en un proceso judicial, instando una resolución determinada, interesándose en el resultado del litigio”, alertó el juez.
“Por tales motivos, es posible pensar que estas conductas sean interpretadas a un nivel institucional vinculado a las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En consecuencia, y a los efectos de cumplir lo establecido en la Constitución de la provincia, deben extraerse copias del presente incidente y remitirse a la Excma. Corte Suprema a sus efectos”.
El dato
Está escrito.
El párrafo textual que cita el fiscal López Rosas en su escrito de acusación contra los diputados dice: “... siendo la intervención de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe 1a. Circunscripción, una decisión que hace a la vida institucional de nuestra provincia, en resguardo de una vida democrática y republicana de división de poderes y respeto institucional entre los mismos, me veo en la obligación de involucrarme en el conflicto suscitado, entendiendo que corresponde se haga lugar a la nulidad de la resolución de fecha 13 de febrero de 2013 que ordena la mencionada intervención...”.
Con información de
EL LITORAL
