Leandro Corti ejerce la defensa de Rubeo y Busatto por tráfico de influencia

El acto tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción Octava, a cargo del juez Diego De la Torre, el que tras escuchar a las partes difirió la resolución para los próximos días sin fijar fecha.

La querella, impulsada por los abogados Germán Corazza y Juan Aguilar, insistió en la necesidad de darle trámite a la constitución, en tanto su cliente Aglietto reúne la condición de damnificado directo.

Por su parte el abogado Leandro Corti -ex Ministro de Seguridad de Antonio Bonfatti-  actuó en representación de los diputados justicialistas y rechazó la existencia del delito y la pretensión de constitución de querella.

El ingeniero Aglietto instó la denuncia el año pasado en su calidad de afiliado a la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe 1º Circunscripción, luego de tomar conocimiento de una nota enviada por el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, al presidente de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, Dr. Roberto Prieu Mántaras. En la misiva el legislador pugnaba por la nulificación del fallo que ordenaba la intervención de la Caja.

La Justicia había resuelto intervenir la Caja de Ingenieros el 13 de febrero de 2013 en baja instancia. Al respecto la nota de Luis Rubeo, dirigida al Dr. Roberto Prieu Mántaras, manifiesta: "me veo en la obligación de involucrarme en el conflicto suscitado entendiendo que corresponde se haga lugar a la nulidad de la resolución de 13 de febrero que ordena la mencionada intervención..."
 

HISTORIA

El arquitecto Amaro Busatto, padre del diputado Leandro Busatto, ostenta la calidad de Directivo de la Caja, aún después de que la Justicia en el año 2011 suspendió todo acto del proceso electoral. 

Desde aquel momento afiliados han presentado sucesivas denuncias penales -contra Amaro Busatto, Oscar Ezcurra y Gerardo Severín- por "desobediencia judicial" correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

En ese marco, está a decidirse la causa de fondo, la nulidad -o no- de aquel proceso electoral suspendido por decisión, entre otros jueces, del Camarista Dr. Roberto Prieu Mántaras.

Otrora, en el curso de una causa por "desobediencia judicial" (seguida contra Amaro Busatto, Oscar Ezcurra y Gerardo Severín) se trató por primera vez la intervención de la institución. El fiscal de primera instancia la requirió. El juez competente la resolvió.

En el año 2013, apelada la medida y estando a resolver la instancia, el Dr. Prieu Mántaras recibe la misiva de Luis Rubeo que, luego, motivó la acción por tráfico de influencias.

De esa Cámara de apelaciones, fue el Dr. Sebastián Creus, casi de manera concomitante con la denuncia presentada por el ingeniero José Luis Aglietto, el que ordenó que se envíen copias a la Corte Suprema para que se analice el caso, expresando: "objetivamente, implican que una autoridad de otro poder, que no representa a ninguna parte en este proceso, interviene en un proceso judicial instando una resolución determinada, interesándose en el resultado del litigio".

Según información a la que accedió NOTA22.COM se ampliará la querella con la presentación de nuevas víctimas, lo que complicaría el trabajo litigante de la defensa de los supuestos traficantes.
 

LA CAJA

La particularidad que tiene la Caja de Ingeniería es que el Directorio se renueva por mitades. La mitad que continúa se constituye en Junta electoral. Es decir, que desde entonces se erigieron Directores que, de resolverse la nulidad del proceso electoral del año 2011, no lo podrían haber hecho.

Luego que en aquel año 2011 Amaro Busatto asumiera como Director -contra resolución judicial que suspendió todo acto del proceso electoral y con Oscar Ezcurra constituido en Junta Electoral- se realizaron importantes movimientos económicos.
Se vendieron inmuebles y se ejecutaron obras en la sede de la institución (9 de julio 3026/30 y Crespo 2770 de la ciudad de Santa Fe) por un costo aproximado a los 5.432.873 millones de pesos -esto último consta en la memoria del ejercicio 2013-. Respecto de la venta de inmueble fue presentada una denuncia penal por"defraudación" por parte de un afiliado (ver aquí).

Se creó la Asociación Mutual Afiliados a la Caja de Ingeniería y se posicionó como Presidente el Arquitecto Oscar Ezcurra. La Mutual habría recibido un empréstito (sería por mucho dinero) por parte de la propia Caja de los profesionales, con el fin de prestar servicios.

Asimismo, se replican quejas de afiliados porque se cayeron convenios históricos en relación a los servicios odontológicos y farmacológicos.

La pregunta que se hacen afiliados consultados recae sobre el sentido común. Conocedores de las causas en trámite: ¿por qué los Directivos cuestionados e investigados por la justicia realizaron hechos vinculados a lo dinerario tan significativos?
 

POR QUÉ LEANDRO BUSATTO

El denunciante manifiesta que la "intromisión de Luis Rubeo en su carácter de Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe"[...] "tiene una gravedad mayor no sólo por estar vedada esa posibilidad" [...] "sino que además existe una conexión personal de un diputado provincial (LEANDRO BUSATTO, integrante del mismo bloque partidario que el Presidente de la Cámara de Diputados), con relación de parentesco con el Presidente de la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe: el Arquitecto Amaro Busatto".

"Ello significa sin más que se ejerce presión inaceptable" [...] "con la finalidad de conseguir obtener una resolución que desea el Presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo en connivencia con otro diputado (LEANDRO BUSATTO), familiar directo del Presidente de la Caja de los Profesionales de la Ingeniería el arquitecto AMARO BUSATTO".

 "Por ello -dice el denunciante- LUIS RUBEO y LEANDRO BUSATTO son sujetos activos del delito de tráfico de influencias".

Lo que podría entenderse es que el denunciante pretende demostrar que la "ventaja" se observa en el"beneficio" de un familiar directo de un Diputado. Todo a partir de que Luis Rubeo insta una Resolución Judicial a favor de lo que podría comprenderse como pretensiones públicas del Arquitecto Amaro Busatto: la de continuar en el cargo.

Hecho que de intervenirse la Caja, no hubiera ocurrido. Busatto padre hizo férrea defensa pública en contra de la intervención desde el cargo de Director.

Luis Rubeo en su presentación ante el fiscal de la causa manifiesta haber "oído" los directivos de la Caja en su "despacho".

Aglietto, era candidato por una lista al Directorio de la Caja en el año 2011. Su apoderado de lista presentó una denuncia por "desobediencia judicial", cuando pese a la suspensión de las elecciones -por parte de la justicia- asumió igual Amaro Busatto y Gerardo Severín. En esa causa se trató la intervención de la Caja por pedido del fiscal.  

PALABRAS DEL DEFENSOR LEANDRO CORTI

El defensor de los Diputados, Leandro Corti, manifestó al diario El Litoral que “en ningún momento se advierte que haya pretendido hacer interferencia en decisiones judiciales, sino que dio una perspectiva relativa a señalar que por Ley Provincial Nº 4.889, en su artículo Nº 25 la Caja de Ingenieros puede ser intervenidas sólo por el Poder Ejecutivo o en su defecto por una ley especial”.

La pregunta que se hace este medio es si Luis Rubeo, con una misiva firmada como Presidente del Cuerpo, podría desde su perspectiva "señalar" a un Juez de la Constitución lo que conjetura como ley aplicable.
Por otro lado, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia no habría advertido lo esgrimido por Resolución N° 150 de mayo de 2012 -firmada por el Dr. Juan T. Lewis- del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ante solicitud del Juzgado de Primera Instancia de distrito en lo Penal en lo Correccional de la Segunda Nominación de la ciudad de Santa Fe, el Ministerio consideró "cabe destacar... claramente pueden establecerse que median al menos dos procesos judiciales en trámite donde, de entenderlo el Poder Judicial, podría disponerse, instarse y controlarse medidas como las analizadas" (la intervención de la Caja).  

Más adelante, con claridad, se lee que el Ministro Lewis dice: "... se encuentran judicializadas las decisiones vinculadas al proceso electoral, correspondiendo por ende al Poder Judicial expedirse sobre la materia y, en su caso, disponiendo las medidas pertinentes a los fines de ejecutar las decisiones que se adopten". En el mismo párrafo, agrega: "...también se puede concluir que la judicialización de la cuestión debatida excluye la eventual intervención del Poder Ejecutivo, contando el Poder Judicial con todas las facultades legales para disponer y ejecutar las medidas que estime pertinente...".

Textual el Ministro de Justicia sigue considerando que "debe advertirse que el Juez a cargo posee atribuciones eficaces para despachar medidas cautelares como las que pide a la Administración (la intervención), sin que se verifiquen óbices legales...". 
 Es que según analiza la Resolución que firma Lewis el tema versa en torno al proceso electoral, "cuestión que en el diseño legal aparece... propia de la órbita del Poder Judicial"