25 DE ABRIL 2024
Causa Lerche: el miércoles, el club Colón pedirá ser querellante
Viernes 05 de
Septiembre 2014
La Cámara rechazó el planteo de recusación y el juez Sánchez avanza en la investigación por fraude. El próximo 10 de septiembre se define si Eduardo Vega puede ser actor en la causa
Con el respaldo del juez de Cámara, Roberto Reyes, el juez Darío Sánchez ya dispuso nuevas medidas procesales en la investigación por administración fraudulenta y asociación ilícita contra Germán Lerche. La causa había tenido un parate de casi tres meses cuando el imputado solicitó el apartamiento del juez de Instrucción por considerar que –por ser hincha sabalero– no iba a poder sostener la neutralidad necesaria durante su juzgamiento. Sin embargo, el camarista rechazó el reclamo del exdirigente rojinegro y le dio luz verde al juez Sánchez para que avance con la tramitación. En este marco,ya se emitió una citación para las partes, para debatir la admisibilidad de la querella que solicitó la actual dirigencia del club. La audiencia se realizará el próximo 10 de septiembre, a las 9, y en caso de ser aceptada, el actual presidente de la entidad deportiva, Eduardo Vega, quedaría representado por los abogados Leandro Corti y Ricardo Calvo Arrázola. La investigación de fondo tuvo su momento más álgido dos días después del descenso de Colón a la “B” Nacional, cuando la Justicia santafesina allanó los domicilios de los integrantes de la excomisión directiva y requisó la sede del club en búsqueda de documentos que puedan probar que Lerche y sus secretarios utilizaron la caja de la institución con absoluta discrecionalidad, en el marco de una investigación que los tiene sindicados de administración fraudulenta. Irregularidades millonarias
En total, hubo cerca de 15 allanamientos en casas y oficinas de exdirigentes rojinegros, y todavía se encuentran clasificando la información con especialistas contables. Entre ellos, los domicilios de Rubén Moncagatta (exvice), Carlos Marín (extesorero), Marcelo Maglianesi (exsecretario) y Osvaldo Pradolini (exsíndico). Además del club y del estudio jurídico de Lerche, se llevaron importantes documentos. Según detallaron las fuentes, del material que se secuestró se podrían desprender otros delitos que agravarían la situación de los sospechados. La denuncia había sido radicada en noviembre del 2013, ente la fiscal en turno Mariela Jiménez por las nuevas autoridades, que alegaron un perjuicio económico de 100 millones de pesos. En marzo de este año, ella realizó un requerimiento de instrucción al juez en turno ante la sospecha de ilícitos económicos, pero se generó un contratiempo: el juez Darío Sánchez consideró que la investigación debía ser realizada por la nueva Justicia Penal. Mientras tanto, y tras la conformación de una comisión sumarial en el propio club, integrada por Ricardo Calvo Arrázola, síndico titular de la entidad rojinegra; Gustavo Abraham y Luis Hilbert (que resolvió expulsar tanto a Lerche como a otros 10 exintegrantes de la Comisión Directiva por irregularidades en su gestión); el fiscal regional Ricardo Fessia –también de oficio– ordenó que se investigue a los exdirigentes. La discusión sobre la competencia llegó a la Cámara de Apelaciones que finalmente le dio la razón a Jiménez, quien solicitó medidas para que se recopilen antecedentes, y recibió de la comisión investigadora del club los elementos probatorios recabados. Entre esas irregularidades, los pesquisas detectaron pases de jugadores vendidos en cifras millonarias que no fueron bancarizadas; cheques de 30, 50 o 100 mil pesos que salieron de las cuentas del club, pero que no se sabe con qué destino; el pago de sobreprecio en materia prima utilizada para las obras del estadio Brigadier López, y hasta inversiones bursátiles por más de medio millón de dólares. Además, se lo acusa de manejar cheques ilegales a discreción y de la gestión fraudulenta de las divisiones inferiores. Relaciones peligrosas
Entre las sospechas de la comisión de delitos económicos, también se suma preocupación por relaciones peligrosas con barrabravas de la entidad. El 30 de mayo pasado fue detenido en el partido de Berazategui, Juan Abel El Quique Leiva, un líder barrabrava rojinegro, acusado de la muerte de Walter González Montaner, asesinado a balazos en el bar Fiji, en plena Recoleta santafesina. Los vínculos entre Quique y exdirectivos del club que podrían destaparse con este crimen, tiene a varios temblando. Tanto es así, que –tras el crimen de González Montaner– el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, ordenó a los fiscales investigar estas relaciones. Y por si fuera poco, la Justicia Federal también tiene en la mira a Lerche y algunos jugadores, por evasión tributaria. En octubre pasado, Lerche fue procesado por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, por evasión tributaria. El magistrado lo imputó por “retenciones al impuesto a las ganancias no ingresadas”, es decir, que el club hubiera retenido dinero de impuesto a las ganancias pagados por los jugadores, que debía ser aportado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
En total, hubo cerca de 15 allanamientos en casas y oficinas de exdirigentes rojinegros, y todavía se encuentran clasificando la información con especialistas contables. Entre ellos, los domicilios de Rubén Moncagatta (exvice), Carlos Marín (extesorero), Marcelo Maglianesi (exsecretario) y Osvaldo Pradolini (exsíndico). Además del club y del estudio jurídico de Lerche, se llevaron importantes documentos. Según detallaron las fuentes, del material que se secuestró se podrían desprender otros delitos que agravarían la situación de los sospechados. La denuncia había sido radicada en noviembre del 2013, ente la fiscal en turno Mariela Jiménez por las nuevas autoridades, que alegaron un perjuicio económico de 100 millones de pesos. En marzo de este año, ella realizó un requerimiento de instrucción al juez en turno ante la sospecha de ilícitos económicos, pero se generó un contratiempo: el juez Darío Sánchez consideró que la investigación debía ser realizada por la nueva Justicia Penal. Mientras tanto, y tras la conformación de una comisión sumarial en el propio club, integrada por Ricardo Calvo Arrázola, síndico titular de la entidad rojinegra; Gustavo Abraham y Luis Hilbert (que resolvió expulsar tanto a Lerche como a otros 10 exintegrantes de la Comisión Directiva por irregularidades en su gestión); el fiscal regional Ricardo Fessia –también de oficio– ordenó que se investigue a los exdirigentes. La discusión sobre la competencia llegó a la Cámara de Apelaciones que finalmente le dio la razón a Jiménez, quien solicitó medidas para que se recopilen antecedentes, y recibió de la comisión investigadora del club los elementos probatorios recabados. Entre esas irregularidades, los pesquisas detectaron pases de jugadores vendidos en cifras millonarias que no fueron bancarizadas; cheques de 30, 50 o 100 mil pesos que salieron de las cuentas del club, pero que no se sabe con qué destino; el pago de sobreprecio en materia prima utilizada para las obras del estadio Brigadier López, y hasta inversiones bursátiles por más de medio millón de dólares. Además, se lo acusa de manejar cheques ilegales a discreción y de la gestión fraudulenta de las divisiones inferiores. Relaciones peligrosas
Entre las sospechas de la comisión de delitos económicos, también se suma preocupación por relaciones peligrosas con barrabravas de la entidad. El 30 de mayo pasado fue detenido en el partido de Berazategui, Juan Abel El Quique Leiva, un líder barrabrava rojinegro, acusado de la muerte de Walter González Montaner, asesinado a balazos en el bar Fiji, en plena Recoleta santafesina. Los vínculos entre Quique y exdirectivos del club que podrían destaparse con este crimen, tiene a varios temblando. Tanto es así, que –tras el crimen de González Montaner– el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, ordenó a los fiscales investigar estas relaciones. Y por si fuera poco, la Justicia Federal también tiene en la mira a Lerche y algunos jugadores, por evasión tributaria. En octubre pasado, Lerche fue procesado por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, por evasión tributaria. El magistrado lo imputó por “retenciones al impuesto a las ganancias no ingresadas”, es decir, que el club hubiera retenido dinero de impuesto a las ganancias pagados por los jugadores, que debía ser aportado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Con información de
UNO
