Silencio en Brasil frente al drama del aborto clandestino
Domingo 28 de
Septiembre 2014
A pocos días de la disputa electoral en la que se decidirá el rumbo que tomará Brasil en los próximos cuatro años, la espinosa cuestión del aborto permanece totalmente ausente del debate político.
El problema no es menor, pues anualmente se cobra incontables vidas y deja dolorosas secuelas físicas y psicológicas en cientos de miles de mujeres brasileñas que deciden abortar. Según los datos preliminares de un estudio realizado por los investigadores Mario Monteiro y Leila Adesse, un mínimo de 685.334 y un máximo de 856.668 mujeres se sometieron en 2013 a procedimientos de aborto clandestino. Los estudios no revelan, sin embargo, cuántas de estas intervenciones desembocaron en la muerte de la paciente, ya que la clandestinidad y el oscurantismo definen a este submundo en el que resulta casi imposible extraer cifras con un mínimo de precisión. La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, estima que una mujer brasileña muere cada dos días víctima del aborto ilegal.
Los recientes casos de Elizângela Barbosa, de 32 años, y de Jandira Magdalena dos Santos Cruz, de 27, son sintomáticos de que el aborto aun representa en Brasil un tabú social que transita en la clandestinidad, más que un gravísimo problema de salud pública. Frente a una inmensa mayoría de población católica y evangélica (ambas confesiones aglutinan el 76 % de la población) y la ausencia de un debate público en las últimas décadas, los partidos políticos brasileños optan por mirar hacia otro lado y no hurgar en un asunto que podría volverse peligrosamente contra sus intereses electorales.
Jandira, que hace algo más de un mes estaba embarazada de casi cuatro meses, salió el pasado 26 de agosto de su casa de Campo Grande, en la zona oeste de Río, acompañada de su exmarido, para someterse a un aborto clandestino. Al día siguiente sus restos carbonizados aparecieron en el interior de un coche no muy lejos de su casa, en la localidad de Guaratiba. Las investigaciones preliminares han concluido que a Jandira le practicaron un aborto ilegal que culminó en su muerte. Quienes realizaron la intervención remataron la mórbida faena cortándole las extremidades, arrancándole la dentadura y prendiéndole fuego para dificultar la identificación del cuerpo. No lo consiguieron.
“No puedo decir que sienta rabia, sino indignación por la maldad que hicieron con ella. Ahora lo único que queremos es darle un entierro digno a mi hermana, algo tremendamente complicado por la burocracia que implica sepultar un cuerpo en este estado”, se lamenta Joyce Liane dos Santos, que pese a la tragedia que vive su familia asevera estar en contra de la despenalización del aborto en Brasil. “No apoyo la legalización del aborto. Yo no apoyé a mi hermana para que abortara. Estas situaciones se evitarían con una mayor fiscalización por parte de las autoridades y una mayor educación en los terrenos de los métodos anticonceptivos y de la planificación familiar, no liberando el aborto”, explica Joyce, devota de una iglesia evangélica. Según ella, Jandira “se había desviado del camino de la Iglesia” y mantenía relaciones sexuales esporádicas de las que la familia sabía poco o nada. La joven estaba separada, era auxiliar administrativa y ganaba algo más de 702 dólares mensuales, suficiente para criar a sus dos hijas de 8 y 11 años.
A 60 kilómetros de Campo Grande, en la localidad de Niteroi, el domingo pasado aparecía en una cuneta el cuerpo sin vida de Elizângela Barbosa , madre de tres hijos. La mujer se había sometido un día antes a un aborto clandestino por el que pagó 3.500 reales (1.440 dólares). La autopsia del cadáver encontró un tubo de plástico en el interior del útero aparte de perforaciones en el mismo órgano y en el intestino. El marido de Elizângela fue quien la acompañó hasta el lugar convenido con los abortistas y hoy se expone a una denuncia penal por haber colaborado en la logística de la operación. Los casos de Jandira y de Elizângela han desencadenado en los último días numerosas detenciones de sospechosos y ríos de tinta en los medios cariocas. Sin embargo, ningún político se ha pronunciado aun sobre la barbarie a la que ambas mujeres fueron sometidas. Y mucho menos sobre los motivos que arrastran a miles de mujeres a someterse a esos dramáticos procedimientos ilegales.
El aborto clandestino, lejos de lo que se pueda pensar, es un problema de la “mujer común brasileña”, según la Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) liderada por la antropóloga y profesora de la Universidad de Brasilia, Debora Diniz. Según la investigación publicada en 2010, cuyas conclusiones, adoptadas por la OMS, se mantienen inalteradas, una de cada cinco mujeres brasileñas menores de 40 años ha abortado. Es decir, el 20 % de las brasileñas en edad de gestación admite haberse sometido a algún procedimiento en algún momento del grueso de su vida fértil. “El aborto es algo común en la vida reproductiva de las brasileñas. Sin embargo, la legislación penal las amenaza con penas de prisión que raramente se cumplen. Si se aplicase esta ley habría muchas mujeres en la cárcel. Las mujeres encuentran subterfugios para esquivarla, pero esto no disminuye la seriedad de esta situación, que gira entorno a una gran hipocresía”, explica Diniz.
La legislación brasileña contempla tres hipótesis que justifican la práctica de un aborto por los cauces legales: que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, que sea la consecuencia de una violación o que el nasciturus presente anomalías incompatibles con la vida, como la anencefalia. Otro estudio liderado por Debora Diniz y publicado hace poco más de un mes sostiene que una buena parte de las víctimas de violación que acuden a los centros médicos públicos para solicitar un aborto legal encuentran innumerables obstáculos por parte del personal clínico para que “se les reconozca como verdaderas víctimas”.
Rosângela Talib, coordinadora de la ONG Católicas pelo Directo de Decidir, una organización que se declara alejada de la doctrina predominante en la Iglesia de Roma, opina que “estas muertes son perfectamente evitables”. “La criminalización del aborto desemboca en que las mujeres más pobres caigan con facilidad en estas situaciones trágicas. Con las ricas no sucede tanto ya que pueden viajar al exterior o abortar aquí en centros privados, pero con mejores condiciones sanitarias. Creemos que hay que legalizar el aborto porque es una cuestión de salud pública”, sostiene.
Según la investigadora Leila Adesse, “a más restricción, censura y silencio con relación al aborto, mayores son las posibilidades de que sucedan tragedias como las de los últimos días. ¿Cuántas muertes más necesitamos para tomar decisiones?”, se cuestiona. Se trata de una pregunta trascendental, que sin duda se harán muchos de los presentes en el entierro de Jandira Magdalena Santos Cruz, cuyos restos calcinados y desmembrados recibirán sepultura para siempre en un cementerio de la deprimida zona norte de Río.
Los recientes casos de Elizângela Barbosa, de 32 años, y de Jandira Magdalena dos Santos Cruz, de 27, son sintomáticos de que el aborto aun representa en Brasil un tabú social que transita en la clandestinidad, más que un gravísimo problema de salud pública. Frente a una inmensa mayoría de población católica y evangélica (ambas confesiones aglutinan el 76 % de la población) y la ausencia de un debate público en las últimas décadas, los partidos políticos brasileños optan por mirar hacia otro lado y no hurgar en un asunto que podría volverse peligrosamente contra sus intereses electorales.
Jandira, que hace algo más de un mes estaba embarazada de casi cuatro meses, salió el pasado 26 de agosto de su casa de Campo Grande, en la zona oeste de Río, acompañada de su exmarido, para someterse a un aborto clandestino. Al día siguiente sus restos carbonizados aparecieron en el interior de un coche no muy lejos de su casa, en la localidad de Guaratiba. Las investigaciones preliminares han concluido que a Jandira le practicaron un aborto ilegal que culminó en su muerte. Quienes realizaron la intervención remataron la mórbida faena cortándole las extremidades, arrancándole la dentadura y prendiéndole fuego para dificultar la identificación del cuerpo. No lo consiguieron.
“No puedo decir que sienta rabia, sino indignación por la maldad que hicieron con ella. Ahora lo único que queremos es darle un entierro digno a mi hermana, algo tremendamente complicado por la burocracia que implica sepultar un cuerpo en este estado”, se lamenta Joyce Liane dos Santos, que pese a la tragedia que vive su familia asevera estar en contra de la despenalización del aborto en Brasil. “No apoyo la legalización del aborto. Yo no apoyé a mi hermana para que abortara. Estas situaciones se evitarían con una mayor fiscalización por parte de las autoridades y una mayor educación en los terrenos de los métodos anticonceptivos y de la planificación familiar, no liberando el aborto”, explica Joyce, devota de una iglesia evangélica. Según ella, Jandira “se había desviado del camino de la Iglesia” y mantenía relaciones sexuales esporádicas de las que la familia sabía poco o nada. La joven estaba separada, era auxiliar administrativa y ganaba algo más de 702 dólares mensuales, suficiente para criar a sus dos hijas de 8 y 11 años.
A 60 kilómetros de Campo Grande, en la localidad de Niteroi, el domingo pasado aparecía en una cuneta el cuerpo sin vida de Elizângela Barbosa , madre de tres hijos. La mujer se había sometido un día antes a un aborto clandestino por el que pagó 3.500 reales (1.440 dólares). La autopsia del cadáver encontró un tubo de plástico en el interior del útero aparte de perforaciones en el mismo órgano y en el intestino. El marido de Elizângela fue quien la acompañó hasta el lugar convenido con los abortistas y hoy se expone a una denuncia penal por haber colaborado en la logística de la operación. Los casos de Jandira y de Elizângela han desencadenado en los último días numerosas detenciones de sospechosos y ríos de tinta en los medios cariocas. Sin embargo, ningún político se ha pronunciado aun sobre la barbarie a la que ambas mujeres fueron sometidas. Y mucho menos sobre los motivos que arrastran a miles de mujeres a someterse a esos dramáticos procedimientos ilegales.
El aborto clandestino, lejos de lo que se pueda pensar, es un problema de la “mujer común brasileña”, según la Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) liderada por la antropóloga y profesora de la Universidad de Brasilia, Debora Diniz. Según la investigación publicada en 2010, cuyas conclusiones, adoptadas por la OMS, se mantienen inalteradas, una de cada cinco mujeres brasileñas menores de 40 años ha abortado. Es decir, el 20 % de las brasileñas en edad de gestación admite haberse sometido a algún procedimiento en algún momento del grueso de su vida fértil. “El aborto es algo común en la vida reproductiva de las brasileñas. Sin embargo, la legislación penal las amenaza con penas de prisión que raramente se cumplen. Si se aplicase esta ley habría muchas mujeres en la cárcel. Las mujeres encuentran subterfugios para esquivarla, pero esto no disminuye la seriedad de esta situación, que gira entorno a una gran hipocresía”, explica Diniz.
La legislación brasileña contempla tres hipótesis que justifican la práctica de un aborto por los cauces legales: que el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre, que sea la consecuencia de una violación o que el nasciturus presente anomalías incompatibles con la vida, como la anencefalia. Otro estudio liderado por Debora Diniz y publicado hace poco más de un mes sostiene que una buena parte de las víctimas de violación que acuden a los centros médicos públicos para solicitar un aborto legal encuentran innumerables obstáculos por parte del personal clínico para que “se les reconozca como verdaderas víctimas”.
Rosângela Talib, coordinadora de la ONG Católicas pelo Directo de Decidir, una organización que se declara alejada de la doctrina predominante en la Iglesia de Roma, opina que “estas muertes son perfectamente evitables”. “La criminalización del aborto desemboca en que las mujeres más pobres caigan con facilidad en estas situaciones trágicas. Con las ricas no sucede tanto ya que pueden viajar al exterior o abortar aquí en centros privados, pero con mejores condiciones sanitarias. Creemos que hay que legalizar el aborto porque es una cuestión de salud pública”, sostiene.
Según la investigadora Leila Adesse, “a más restricción, censura y silencio con relación al aborto, mayores son las posibilidades de que sucedan tragedias como las de los últimos días. ¿Cuántas muertes más necesitamos para tomar decisiones?”, se cuestiona. Se trata de una pregunta trascendental, que sin duda se harán muchos de los presentes en el entierro de Jandira Magdalena Santos Cruz, cuyos restos calcinados y desmembrados recibirán sepultura para siempre en un cementerio de la deprimida zona norte de Río.
Con información de
El País
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