La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que “el sistema judicial que tenemos es funcional a la cooptación, a la oscuridad y a la corrupción”, por lo que remarcó que “el que quiere impunidad quiere ese modelo” y admitió que en la Justicia “hay impunidad” y “un gran déficit en la lucha contra la corrupción”.
Además, defendió al jefe de la fiscalía antilavado de dinero (Procelac), Carlos Gonella, frente a su procesamiento por no haber incluido al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el dictamen que comenzó a investigar presuntas maniobras irregulares y aseguró que ésta “es una causa armada”.
En cuanto al juez federal Claudio Bonadío, quien investiga a una empresa hotelera de la familia Kirchner, dijo que “hay gente que aparece como abanderada de la lucha contra la corrupción y no tiene la misma conducta en materia de delitos económicos”.
La líder de la agrupación oficialista Justicia Legítima enfatizó que “no” hubo error de la Procelac al imputar a Báez y argumentó que hubo “cuatro testigos, secretarios de la Fiscalía de (Guillermo) Marijuán, que es el que lleva la causa ahora, que declararon que ellos no recibieron ninguna orden de Gonella de excluir” al empresario cercano al gobierno.
“Gonella actuó durante 48 horas. El escrito fue firmado por el fiscal que en ese momento estaba como subrogante, Ramiro González, que ni siquiera fue citado como testigo”, aseveró Gils Carbó, quien señaló la causa contra el fiscal como “algo absolutamente irregular”.
Potestades
En entrevistas que publicaron hoy Perfil y Página/12, Gils Carbó agregó que el procesamiento de Gonella “no tiene que ver con el derecho” y hay “una arbitrariedad manifiesta” contra él.
“Es una causa armada. De ninguna manera cometió prevaricato”, expresó la funcionaria judicial y señaló que la imputación a Gonella tiene que ver con “una campaña mediática” en su contra. En este sentido, opinó que esta persecución es “con motivo del cambio del sistema procesal al sistema acusatorio”, la reforma del Código Procesal Penal que da poder a los fiscales y prohíbe que los jueces investiguen y acusen al mismo tiempo.