Santa Fe
Hay 93 personas imputadas por los 149 homicidios ocurridos en el departamento La Capital
Miércoles 24 de
Diciembre 2014
El fiscal Regional, Ricardo Fessia, presentó ayer, junto a los fiscales Sergio Alvira y Rosana Marcolín, el informe de gestión de la Circunscripción Judicial Nº 1.
En el balance, destacó que desde el 10 de febrero ingresaron un total de 2.350 causas y se realizaron 750 audiencias imputativas lo que significó un ritmo de trabajo “vertiginoso” para los encargados de la acusación.
También destacó que en menos de un año lograron condenas en el 10 por ciento de los homicidios con detenidos a disposición de la Unidad Fiscal y que en el mes de febrero próximo comenzarían varios juicios con imputados por homicidios que ya están en una etapa avanzada.
“Todos los casos de homicidios que hoy tienen condena se resolvieron con métodos alternativas como juicios abreviados o probations. Del total de casos que llegaron a la fiscalía, y que tuvieron personas detenidas, el 10 por ciento tiene una condena. Y no es que el resto no se vaya a resolver sino que hay una parte de los casos que tienen imputados a menores de edad, que se tramitan en los juzgados de menores, hay otros casos en los que los autores están identificados pero están prófugos y hay otros casos en los que el autor aún no ha sido identificado”, explicó ayer el fiscal regional.
Entre las dificultades para resolver la autoría de varios homicidios, el funcionario señaló como condicionantes la escasez de personas dispuestas a prestar testimonios, (un problema frecuente cuando se trata de conflictos interpersonales en el barrio donde también viven los testigos). Y agregó que las causas en los que el autor del delito no ha sido identificado reciben un tratamiento distinto.
Ingresan a un registro que va a significar una base de datos para que luego se pueda hacer entrecruzamiento de información.
Nuevas herramientas
Desde que comenzó el nuevo sistema procesal penal se realizaron más de 100 juicios abreviados en los que se investigaron distintos tipos de delitos: “Fundamentalmente, son muy efectivos para resolver el conflicto entre la víctima y el victimario. Definitivamente se han convertido en una nueva herramienta que permite el reconocimiento del error y el arrepentimiento en plazos muy reducidos”, comentó Fessia y sostuvo que con esa metodología hubo siete juicios por homicidio y tres por tentativa de homicidio, en todos los casos con un fallo de prisión de cumplimiento efectivo y otros tres procedimientos abreviados por tentativa de homicidio con condena de ejecución condicional.
Armas y funcionarios públicos
Entre otras cifras, también destacaron que desde la fiscalía se puso particular interés en resolver las causas en las que había armas de fuego involucradas. De las 470 causas que fueron derivadas a los fiscales en turno, 68 involucraban el uso de armas. De ese número, a la mitad se les dictó la prisión preventiva y el 20 por ciento tuvieron condena con un procedimiento abreviado. En la misma línea, Fessia sostuvo que como criterio político también hubo una particular atención en los casos en los que los delitos fueron cometidos por funcionarios públicos. Del total de 470 causas que fueron derivadas a las fiscalías en turno, el 22,28 por ciento fueron protagonizadas por funcionarios públicos y el 6,92 por ciento fue contra la administración pública.
También destacó que en menos de un año lograron condenas en el 10 por ciento de los homicidios con detenidos a disposición de la Unidad Fiscal y que en el mes de febrero próximo comenzarían varios juicios con imputados por homicidios que ya están en una etapa avanzada.
“Todos los casos de homicidios que hoy tienen condena se resolvieron con métodos alternativas como juicios abreviados o probations. Del total de casos que llegaron a la fiscalía, y que tuvieron personas detenidas, el 10 por ciento tiene una condena. Y no es que el resto no se vaya a resolver sino que hay una parte de los casos que tienen imputados a menores de edad, que se tramitan en los juzgados de menores, hay otros casos en los que los autores están identificados pero están prófugos y hay otros casos en los que el autor aún no ha sido identificado”, explicó ayer el fiscal regional.
Entre las dificultades para resolver la autoría de varios homicidios, el funcionario señaló como condicionantes la escasez de personas dispuestas a prestar testimonios, (un problema frecuente cuando se trata de conflictos interpersonales en el barrio donde también viven los testigos). Y agregó que las causas en los que el autor del delito no ha sido identificado reciben un tratamiento distinto.
Ingresan a un registro que va a significar una base de datos para que luego se pueda hacer entrecruzamiento de información.
Nuevas herramientas
Desde que comenzó el nuevo sistema procesal penal se realizaron más de 100 juicios abreviados en los que se investigaron distintos tipos de delitos: “Fundamentalmente, son muy efectivos para resolver el conflicto entre la víctima y el victimario. Definitivamente se han convertido en una nueva herramienta que permite el reconocimiento del error y el arrepentimiento en plazos muy reducidos”, comentó Fessia y sostuvo que con esa metodología hubo siete juicios por homicidio y tres por tentativa de homicidio, en todos los casos con un fallo de prisión de cumplimiento efectivo y otros tres procedimientos abreviados por tentativa de homicidio con condena de ejecución condicional.
Armas y funcionarios públicos
Entre otras cifras, también destacaron que desde la fiscalía se puso particular interés en resolver las causas en las que había armas de fuego involucradas. De las 470 causas que fueron derivadas a los fiscales en turno, 68 involucraban el uso de armas. De ese número, a la mitad se les dictó la prisión preventiva y el 20 por ciento tuvieron condena con un procedimiento abreviado. En la misma línea, Fessia sostuvo que como criterio político también hubo una particular atención en los casos en los que los delitos fueron cometidos por funcionarios públicos. Del total de 470 causas que fueron derivadas a las fiscalías en turno, el 22,28 por ciento fueron protagonizadas por funcionarios públicos y el 6,92 por ciento fue contra la administración pública.
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