La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) penal de primera instancia de Rosario hizo un balance del trabajo administrativo que demandó la puesta en marcha del sistema oral de enjuiciamiento. El relevamiento no pondera cuestiones subjetivas y se limita a exponer el balance de los primeros 10 meses, donde el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) y los jueces aparecen como la cara visible de proceso que, aunque todavía por mejorar, parece dar respuestas ágiles y más acordes a los tiempos que corren.
 
En ese camino, las salas de audiencia de Tribunales de Rosario fueron la caja de resonancia de cientos de hechos. Desde casos de violencia urbana extrema, homicidios (culposos y dolosos), lesiones o muertes en accidentes de tránsito, estafas, abusos sexuales, delitos contra la propiedad, por violencia de género, y robos, entre otros.
 
Algunos tuvieron elevada repercusión pública y otros pasaron desapercibido. Pero la respuesta del servicio en líneas generales tuvo una respuesta y tratamiento simétrico. Así se contabilizaron 3.285 audiencias donde víctima y victimario expusieron a través de fiscales y defensores, respectivamente, sus argumentos ante un juez que resolvió en consecuencia.
 
El nuevo sistema penal establece que, de hallarse al acusado, en 48 horas se deben reunir las pruebas suficientes para llevarlo a la audiencia imputativa, donde no sólo ejercerá su derecho a defensa (pública o privada), sino que la víctima o sus familiares también la posibilidad de actuar como querellantes.
 
A la luz de los números se evidencia un cambio de paradigma saludable. Del total de audiencias mencionadas más arriba, 1.375 fueron imputativas (41.85 por ciento); 20 a juicio (0,61 por ciento); 439 se resolvieron con procedimientos abreviados (13,36 por ciento) con una condena pactada, y en 65 casos se suspendió el juicio a prueba, donde al condenado reconoce el hecho y se le imponen reglas de conducta o probation.
 
En otros rubros la OGJ contabiliza 57 carpetas de constitución de querellantes, 40 hábeas corpus preventivo (se supone que hubo vulneración de derechos a la libertad); mientras que en 854 carpetas se hizo una revisión de la medida cautelar impuesta. Es decir, a pedido de las defensa o por vencimiento de plazos se revocó o confirmó la coerción.
 
En cuanto a las resoluciones que dictaron los jueces en ese esos procedimientos, hubo 463 condenas: 214 a prisión efectiva, 227 a prisión de ejecución condicional, 21 a prisión domiciliaria, y una condena con multa económica. A si mismo, se dictó 1 absolución en juicio, además de 42 sobreseimientos.
 
De los registros surge que el trabajo del Servicio Público de la Defensa Penal logró hacerse visible para la comunidad. Es que al discriminar el total de las audiencias por tipo de defensor , el cuerpo gratuito de letrados de ese organismo participó en 2.345 causas (71.39 por ciento); mientras que los abogados particulares lo hicieron en 880 causas.
 
Este dato confirma que los sectores más postergados de la sociedad ahora tiene la posibilidad de atravesar las distintas instancias de un proceso sin que se les vulnere los derechos básicos de la defensa en juicio, algo que hasta no hace mucho tiempo podía ocurrir.
 
Si se tiene en cuenta toda la provincia de Santa Fe, según datos del Ministerio de Justicia, más de 1.400 conflictos penales tuvieron una resolución judicial que les puso punto final durante el 2014.
 
A esa conclusión arribaron las mesas regionales de seguimiento del nuevo modelo penal acusatorio, desde se hace un monitoreo y seguimiento permanente. En ese sentido la secretaria de Transformación de los Sistemas judiciales, María Cecilia Vranicich, indicó que de las diversas reuniones se arribó a "un balance anual altamente positivo".
 
Y graficó ese resultado con las cifras a nivel provincial: en total desde el 10 de febrero del año pasado se realizaron 7.800 audiencias penales orales y públicas (primera y segunda instancia), con un promedio de 25 por día (Rosario lleva la delantera con 14 por jornada, aunque en último trimestre se realizaron hasta 20 audiencias por día). En la ciudad de Santa Fe ese promedio fue de siete por día.
 
Desde el gobierno se destaca que el cambio respecto al viejo sistema se advierte cuando ahora se da una respuesta concreta a las partes en conflicto, ya que se dictan prisiones, condenas en juicios abreviados, o se resuelve los casos mediantes las salidas alternativas previstas en el Código Procesal Penal.
 
Más de 800 causas fueron resultas a través de conciliaciones, mediaciones penales, criterios de oportunidad o suspensión del juicio a prueba, lo cual otorga una respuesta a la víctima, mientras que en el viejo sistema escrito imperaba la inacción por prescripción.