La declaración de “emergencia nacional” es un instrumento que le permite al Ejecutivo ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país, en este caso contra altos funcionarios de Caracas.
 
La primera oleada de afectados son, desde este lunes, siete altos responsables de seguridad y justicia del Gobierno de Nicolás Maduro, a los que señala como “responsables de la erosión de los derechos humanos” en el país desde las protestas sociales del año pasado.
 
“Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del Gobierno venezolano por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos”, dijo la Casa Blanca al anunciar las medidas en un comunicado, en el que reclamó una vez más la liberación de “todos los presos políticos” en Venezuela, incluidos “decenas de estudiantes, el líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
 
Los sancionados son el director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo Enrique González López, y su predecesor Manuel Gregorio Bernal Martínez, así como Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
 
A ellos se unen Antonio Jose Benavides Torres, que dirigió las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela durante las protestas de 2014 y el también excomandante general de la GNB Justo José Noguera Pietri, actualmente presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG). También figuran en la lista de sancionados la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón -responsable entre otros de la acusación contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma- y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana UFANB) Miguel Alcides Vivas Landino.
 
Las sanciones implican la congelación de cualquier bien que los señalados puedan tener en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones económicas con ellos. EE UU también ha bloqueado su entrada al país.
 
Las medidas se basan en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014 que Obama firmó en ley el 18 de diciembre del año pasado, justo un día después de anunciar la normalización de relaciones con Cuba, el principal aliado de Caracas.
 
“Es lamentable que en momentos en que nos hemos abierto a interactuar con todas las naciones en las Américas, Venezuela haya optado por ir en la dirección opuesta”, lamentó la Casa Blanca.