Años de discusiones parlamentarias, debates, congresos, y una manda constitucional, dieron sus frutos este martes, cuando los 48 seleccionados de los cuales solo quedarían 12 para integrar el jurado se hicieron presentes en el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de San Martín. El caso que convocaba a los ciudadanos que no integran el mundo de la administración de Justicia fue un homicidio en el marco de una causa de violencia intrafamiliar.

 

“La verdad que fue excelente, fue todo muy ágil, no hubo contratiempos mayores. Nosotros no pensábamos que iba a darse de forma tan fluida, pero los 48 convocados asistieron, aunque a algunos fuimos a buscarlos porque no comprendieron bien la cédula. No tenían claro si era obligatorio o no, hay que trabajar en este aspecto, pero por lo demás, todo resultó mejor de lo que esperábamos”, afirmó a Diario Judicial Andrés Harfuch, defensor general del partido de San Martín e integrante de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).

 

En orden a esta histórica jornada, el letrado precisó que “todos los seleccionados vinieron, y la audiencia de selección se pudo llevar a cabo sin problemas para tener un juzgado imparcial. Después de un cuarto intermedio de almuerzo, comenzó la audiencia”, relató. Como nota de color, añadió que “muchos de los que no fueron elegidos quedaron tristes y una señora se puso a llorar porque tenía ganas de participar”.

 

Harfuch también destacó el “nivel de litigio de parte de la fiscal y de la defensora. Después de estas jornadas los jurados vuelven a sus hogares con instrucciones claras de no hablar acerca del caso ni siquiera con sus familiares más cercanos”.

 

Para la selección de los jurados se tuvieron en cuenta, lógicamente, los criterios establecidos por la ley aprobada en 2013 por el Poder Legislativo bonaerense: no pueden formar parte “quienes se desempeñen en cargos públicos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo o en los entes públicos descentralizados y quienes ejerzan la magistratura u otras funciones en el Poder Judicial o el Ministerio Público; los integrantes de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; los abogados, escribanos y procuradores; (...) y los condenados por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal”.

 

Entre los integrantes del jurado que sí fueron seleccionados efectivamente (12 titulares y 6 suplentes) había profesores, una jubilada, una cocinera, amas de casa; integrantes de la sociedad civil entre los cuales muchos se mostraron descontentos con el compromiso y otros se mostraron muy contentos de participar en el proceso.

 

El caso

 

El 31 de enero del año pasado, Guillermo Alberto Barros fue el presunto autor del disparo que terminó con la vida de Germán Armella, la ex pareja de su hermana, quien había sido denunciado en varias ocasiones por violencia de género. Para entonces, la pareja ya había sido disuelta. Pero Barros se enteró que las agresiones no habían cesado. Por eso, según afirman algunos testigos, decidió ir a discutir el asunto personalmente y “enfierrado” (armado).

 

Lo que se determinará en este caso de homicidio simple, ocurrido en Villa Hildalgo, localidad de José León Suárez, partido de San Martín, es si el disparo ocurrió a raíz de un forcejeo, si fue deliberado, en fin, si fue Barros quien asesinó a Armella y si llevaba consigo un arma a la hora de encarar la discusión. 

 

El imputado alegó que el arma cayó al piso y, tras un forcejeo, logró doblar la muñeca de Barros, quien fue el que finalmente apretó el gatillo que provocó su muerte. La bala se incrustó en su clavícula izquierda y murió camino al hospital. Este caso, como todos los que serán tratados a instancias del juicio por jurados, contempla penas de más de 15 años de prisión.