Alerta ante el “expolio” del Registro Civil: “Rajoy les da a sus compañeros 1.200 millones, es un escándalo”
Lunes 16 de
Marzo 2015
Llamazares insiste en que el Gobierno está consumando un "pelotazo" para un grupo de registradores y se pregunta si el presidente no debería abstenerse en cuestiones relacionadas con su profesión
El diputado de Izquierda Unida y portavoz de Justicia de IU, ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, denunció este fin de semana que el Gobierno de Mariano Rajoy facilita un “pelotazo” cercano a los 1.200 millones de euros a los registradores mercantiles con la decisión del Ejecutivo del PP de cederles la gestión del Registro Civil. Tachó de “expolio a los ciudadanos” los aranceles “expropiatorios” con esta medida, con la que también se financia la “privatización” de dicho registro, de tal manera que a partir de ahora los ciudadanos tendrán que pagar por servicios que hasta el momento eran en su mayoría gratuitos.
“Sustituye las tasas por aranceles para 120 señores”
El parlamentario de IU criticó que “no han pasado ni 24 horas de la votación del decreto que suprimía las tasas judiciales y se ha demostrado ya que era flor de un día, un mero maquillaje”. Explicó que esas tasas judiciales impuestas por el Gobierno en la etapa de ministro de Alberto Ruiz-Gallardón y que ahora se suprimen -IU se opuso desde el principio a su implantación- suponen un ahorro para los usuarios de la justicia de cerca de 300 millones de euros anuales, mientras que esa cantidad se multiplica por cerca de 4 ó 5 con lo que se tendrá que pagar a los registradores. Para Llamazares, “el Gobierno de Rajoy sustituye las tasas por unos aranceles que se van a quedar 120 señores -en alusión a los registradores mercantiles existentes en nuestro país- que, además, van a dar un peor servicio a los ciudadanos”.
El coste se dispara y el beneficio va a manos particulares
“Que el presidente del Gobierno -dijo- les dé a sus compañeros 1.200 millones de euros”, cuando se calcula que la gestión del Registro Civil en su fórmula actual no tiene un coste superior a los 500.000 euros, “es un verdadero escándalo sin precedentes”. Añadió que “es un pelotazo de algunas profesiones que están muy presentes en este Gobierno, un pelotazo de los registradores mercantiles”. Señaló también que sobre esta cuestión habría que apelar “directamente” a Mariano Rajoy sobre “si no tendrá que abstenerse en este tipo de decisiones o ausentarse del Consejo de Ministros”, cuando se aborde este asunto.
“El Gobierno puede prevaricar y malversar fondos públicos ‘legalmente’”
Para Llamazares, este “arancel expropiatorio” al que deberán enfrentarse los ciudadanos para resolver procedimientos que antes realizaban de forma mucho más “barata” en el Registro Civil, supone que “el Gobierno puede prevaricar y malversar fondos públicos ‘legalmente’”. El portavoz de Justicia de IU ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno tenga que dar explicaciones. Además, ha formalizado ya la petición de comparecencia en sede parlamentaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dé cuenta textualmente “sobre la compensación mediante nuevos aranceles a los registradores mercantiles por hacerse cargo del Registro Civil, incumpliendo el compromiso de mantener su carácter público y la gratuidad”.
El registro actual, “accesible y barato”, se privatiza sin controles
Gaspar Llamazares argumentó que el Registro Civil, que en estos momentos está en manos de la Justicia y de los jueces de paz en toda España, “y que es accesible y barato”, se va a convertir en un “servicio privatizado” y criticó el “negocio” que harán las empresas que finalmente se ocupen de gestionar el sistema informático de este registro –en cuestiones relativas al nacimiento, las bodas o la defunción de las personas- porque, además, se realizará “sin ninguna garantía de control de confidencialidad” de los asuntos privados que se tratan. Insistió en que “estamos ante un expolio, a través de un arancel que van a recibir los registradores mercantiles”, que son un “sucedáneo de funcionario público que funciona como una empresa”. Advirtió también de que “se van a quedar con todo y no van a devolver al Estado ni un euro”.
“Sustituye las tasas por aranceles para 120 señores”
El parlamentario de IU criticó que “no han pasado ni 24 horas de la votación del decreto que suprimía las tasas judiciales y se ha demostrado ya que era flor de un día, un mero maquillaje”. Explicó que esas tasas judiciales impuestas por el Gobierno en la etapa de ministro de Alberto Ruiz-Gallardón y que ahora se suprimen -IU se opuso desde el principio a su implantación- suponen un ahorro para los usuarios de la justicia de cerca de 300 millones de euros anuales, mientras que esa cantidad se multiplica por cerca de 4 ó 5 con lo que se tendrá que pagar a los registradores. Para Llamazares, “el Gobierno de Rajoy sustituye las tasas por unos aranceles que se van a quedar 120 señores -en alusión a los registradores mercantiles existentes en nuestro país- que, además, van a dar un peor servicio a los ciudadanos”.
El coste se dispara y el beneficio va a manos particulares
“Que el presidente del Gobierno -dijo- les dé a sus compañeros 1.200 millones de euros”, cuando se calcula que la gestión del Registro Civil en su fórmula actual no tiene un coste superior a los 500.000 euros, “es un verdadero escándalo sin precedentes”. Añadió que “es un pelotazo de algunas profesiones que están muy presentes en este Gobierno, un pelotazo de los registradores mercantiles”. Señaló también que sobre esta cuestión habría que apelar “directamente” a Mariano Rajoy sobre “si no tendrá que abstenerse en este tipo de decisiones o ausentarse del Consejo de Ministros”, cuando se aborde este asunto.
“El Gobierno puede prevaricar y malversar fondos públicos ‘legalmente’”
Para Llamazares, este “arancel expropiatorio” al que deberán enfrentarse los ciudadanos para resolver procedimientos que antes realizaban de forma mucho más “barata” en el Registro Civil, supone que “el Gobierno puede prevaricar y malversar fondos públicos ‘legalmente’”. El portavoz de Justicia de IU ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Gobierno tenga que dar explicaciones. Además, ha formalizado ya la petición de comparecencia en sede parlamentaria del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dé cuenta textualmente “sobre la compensación mediante nuevos aranceles a los registradores mercantiles por hacerse cargo del Registro Civil, incumpliendo el compromiso de mantener su carácter público y la gratuidad”.
El registro actual, “accesible y barato”, se privatiza sin controles
Gaspar Llamazares argumentó que el Registro Civil, que en estos momentos está en manos de la Justicia y de los jueces de paz en toda España, “y que es accesible y barato”, se va a convertir en un “servicio privatizado” y criticó el “negocio” que harán las empresas que finalmente se ocupen de gestionar el sistema informático de este registro –en cuestiones relativas al nacimiento, las bodas o la defunción de las personas- porque, además, se realizará “sin ninguna garantía de control de confidencialidad” de los asuntos privados que se tratan. Insistió en que “estamos ante un expolio, a través de un arancel que van a recibir los registradores mercantiles”, que son un “sucedáneo de funcionario público que funciona como una empresa”. Advirtió también de que “se van a quedar con todo y no van a devolver al Estado ni un euro”.
Con información de
elplural.com
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