Roberto Carlés se presenta ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que evalúa en una audiencia pública su postulación como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
Allí el candidato del Gobierno para ocupar la vacante en el máximo tribunal responderá preguntas de los senadores y podrá realizar su descargo ante las impugnaciones que recibió en su contra.
 
Al término de su exposición, el kirchnerismo tiene decidido firmar el dictamen favorable del pliego, lo que tiene garantizado por ser mayoría en la comisión. De los 18 miembros de la Comisión de Acuerdos, nueve pertenecen al Frente Para la Victoria -incluido su presidente, Rodolfo Urtubey-, sumando a la aliada neuquina Lucila Crexell (MPN). Cuatro son de la UCR y la lista se completa con Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal), Carlos Verna (PJ La Pampa) y Luis Juez (Fte. Cívico Córdoba).
 
El dictamen será tratado en el recinto el 15 de abril. Sin embargo, la designación de Carlés no prosperaría: la negativa de todo el arco opositor a designar un nuevo integrante de la Corte en lo que queda del mandato de Cristina Kirchner impide al kirchnerismo llegar a los dos tercios del Senado que se requiere para nombrar a un integrante del máximo tribunal. Eventualmente, la tropa oficialista consigue 38 votos entre propios y aliados.
 
Roberto Carlés es un abogado de 33 años que se hizo conocido por coordinar la comisión multipartidaria que redactó un ante-proyecto de reforma del Código Penal y por su amistad con el papa Francisco.
 
El Poder Ejecutivo lo postuló para la Corte en enero pasado, luego de que Eugenio Zaffaroni renunciara a su cargo por haber cumplido 75 años, la edad que se exige para abandonar el máximo tribunal.
 
De esta manera la Corte funciona con cuatro miembros cuando por ley se le exige cinco. Sus actuales integrantes son Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
 
Desde que fue propuesto para el cargo vacante, Carlés recibió un amplio respaldo: 117 instituciones y 843 particulares se expresaron espontáneamente a favor de su designación; mientras que 25 instituciones y 153 particulares lo hicieron en contra.