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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
Inquietud de jueces y fiscales por la aplicación de las leyes penales
Lunes 06 de
Abril 2015
Son normas complementarias del nuevo Código Procesal; sospechan de la intención política del Gobierno
Un conjunto de proyectos de ley que regularán el funcionamiento de la justicia penal vuelve a enfrentar al Gobierno con un sector importante de los tribunales. Otra vez, jueces y fiscales dicen tener sospechas de que el kirchnerismo pretende "colonizar", con un paquete de leyes, el Poder Judicial.
El conflicto es por las leyes complementarias que se necesitan para que empiece a regir el nuevo Código Procesal Penal, sancionado el año pasado por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, un código que establece un sistema acusatorio, donde los responsables de las investigaciones serán los fiscales y ya no los jueces. El conflicto es por la letra chica de esa reforma.
El martes pasado se reunieron en la Cámara del Crimen 31 jueces penales con un representante del Ministerio de Justicia, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler, que trabajó en los proyectos. Fue una reunión dura, de casi tres horas. Los magistrados presentes (casi todos jueces de instrucción y algunos camaristas) criticaron las iniciativas, acusaron al Gobierno de pretender refundar la justicia penal con gente propia y pidieron explicaciones, pero eran tantos que el diálogo fue caótico. Quedaron en volver a reunirse. Fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a LA NACION que nada está cerrado y que están "analizando reformas en función de la devolución que hicieron los jueces".
Una de las quejas principales fue que el Gobierno decidió que el proceso de implementación empiece por la justicia ordinaria de la Capital -o sea, por ellos- y no incluya en esta etapa a la justicia federal. Los jueces sospechan de un intento de pacto de no agresión entre el kirchnerismo y sus colegas federales de Comodoro Py, los que tienen a su cargo los casos de corrupción y pueden complicar mucho a este gobierno.
"No se advierte cuál es el sentido lógico para no incluir a la justicia federal. Nos parece una aplicación totalmente política -dijo a LA NACION Miguel Caminos, juez de un tribunal oral que estuvo en la reunión-. Nos preocupa el destino de los funcionarios y empleados que trabajan hoy en la Justicia y no se entiende cuál es la necesidad de empezar con un código a un mes de las elecciones, dejando armada una comisión como la que crean."
POLÉMICA COMISIÓN
Para la "plena puesta en funcionamiento" del Código se prevé la creación de la Comisión de Implementación, que tendrá nueve miembros. La integrarán representantes de la Corte, el Consejo de la Magistratura, Diputados, el Senado, las dos cámaras de Casación, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, y el Poder Ejecutivo. Según el proyecto que el Ministerio de Justicia entregó a los jueces, los miembros de la comisión "durarán seis años en sus cargos", "serán inamovibles" y podrán ser renovados "por igual término". El cálculo que hacen quienes la cuestionan es que tendrá una mayoría de tinte kirchnerista, que no podrá revertir el próximo gobierno ni el que lo suceda por la condición de "inamovibles" de quienes sean nombrados.
Entre las funciones de esta comisión estará "proponer al Consejo de la Magistratura un plan de distribución del personal existente" en la Justicia.
Como según el código sancionado las investigaciones quedarán en cabeza de los fiscales, los actuales jueces de instrucción pasarán a ser jueces "de garantías" de procesos fundamentalmente orales, que organizarán las oficinas judiciales que se creen en las diferentes jurisdicciones. No está previsto que los jueces se trasladen con su personal, que se quedará con las causas que están en trámite hasta que se terminen. Los jueces, en cambio, intervendrán "en forma simultánea" en los casos nuevos y los viejos.
En el Gobierno alegan que la inamovilidad de los miembros de la comisión es para darle "estabilidad" y que haya una "línea de continuidad" en el proceso de reforma. Sostienen que una aplicación gradual es lo más habitual y conveniente, y que empiezan por Capital por su volumen. En rigor, no comenzará en toda la ciudad, sino en una sola de cuatro circunscripciones.
Sobre el destino de los actuales empleados y funcionarios afirman que podrán reubicarse y que no se afectará su estabilidad. Todavía no está claro este punto. "Si los pasáramos al nuevo sistema y les sacáramos las causas actuales, dirían que lo hacemos con una intención política", alegó un funcionario kirchnerista.
Los jueces no están para nada tranquilos. Cuestionan el "apuro" (el Gobierno pretende que se empiece a aplicar el 1° de septiembre) y sospechan que apunta a destrabar las designaciones de nuevos fiscales que hizo la procuradora Alejandra Gils Carbó, que una serie de medidas cautelares mantiene en suspenso.
La Asociación de Magistrados ya adelantó su resistencia. "Tenemos serias sospechas de que es un intento más para penetrar y manejar el Poder Judicial", dijo a LA NACION su presidente, Ricardo Recondo. Para poner en marcha el nuevo código en septiembre el Gobierno corre contra reloj. La próxima reunión entre jueces y representantes del Ministerio todavía no tiene fecha..
El conflicto es por las leyes complementarias que se necesitan para que empiece a regir el nuevo Código Procesal Penal, sancionado el año pasado por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, un código que establece un sistema acusatorio, donde los responsables de las investigaciones serán los fiscales y ya no los jueces. El conflicto es por la letra chica de esa reforma.
El martes pasado se reunieron en la Cámara del Crimen 31 jueces penales con un representante del Ministerio de Justicia, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler, que trabajó en los proyectos. Fue una reunión dura, de casi tres horas. Los magistrados presentes (casi todos jueces de instrucción y algunos camaristas) criticaron las iniciativas, acusaron al Gobierno de pretender refundar la justicia penal con gente propia y pidieron explicaciones, pero eran tantos que el diálogo fue caótico. Quedaron en volver a reunirse. Fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a LA NACION que nada está cerrado y que están "analizando reformas en función de la devolución que hicieron los jueces".
Una de las quejas principales fue que el Gobierno decidió que el proceso de implementación empiece por la justicia ordinaria de la Capital -o sea, por ellos- y no incluya en esta etapa a la justicia federal. Los jueces sospechan de un intento de pacto de no agresión entre el kirchnerismo y sus colegas federales de Comodoro Py, los que tienen a su cargo los casos de corrupción y pueden complicar mucho a este gobierno.
"No se advierte cuál es el sentido lógico para no incluir a la justicia federal. Nos parece una aplicación totalmente política -dijo a LA NACION Miguel Caminos, juez de un tribunal oral que estuvo en la reunión-. Nos preocupa el destino de los funcionarios y empleados que trabajan hoy en la Justicia y no se entiende cuál es la necesidad de empezar con un código a un mes de las elecciones, dejando armada una comisión como la que crean."
POLÉMICA COMISIÓN
Para la "plena puesta en funcionamiento" del Código se prevé la creación de la Comisión de Implementación, que tendrá nueve miembros. La integrarán representantes de la Corte, el Consejo de la Magistratura, Diputados, el Senado, las dos cámaras de Casación, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, y el Poder Ejecutivo. Según el proyecto que el Ministerio de Justicia entregó a los jueces, los miembros de la comisión "durarán seis años en sus cargos", "serán inamovibles" y podrán ser renovados "por igual término". El cálculo que hacen quienes la cuestionan es que tendrá una mayoría de tinte kirchnerista, que no podrá revertir el próximo gobierno ni el que lo suceda por la condición de "inamovibles" de quienes sean nombrados.
Entre las funciones de esta comisión estará "proponer al Consejo de la Magistratura un plan de distribución del personal existente" en la Justicia.
Como según el código sancionado las investigaciones quedarán en cabeza de los fiscales, los actuales jueces de instrucción pasarán a ser jueces "de garantías" de procesos fundamentalmente orales, que organizarán las oficinas judiciales que se creen en las diferentes jurisdicciones. No está previsto que los jueces se trasladen con su personal, que se quedará con las causas que están en trámite hasta que se terminen. Los jueces, en cambio, intervendrán "en forma simultánea" en los casos nuevos y los viejos.
En el Gobierno alegan que la inamovilidad de los miembros de la comisión es para darle "estabilidad" y que haya una "línea de continuidad" en el proceso de reforma. Sostienen que una aplicación gradual es lo más habitual y conveniente, y que empiezan por Capital por su volumen. En rigor, no comenzará en toda la ciudad, sino en una sola de cuatro circunscripciones.
Sobre el destino de los actuales empleados y funcionarios afirman que podrán reubicarse y que no se afectará su estabilidad. Todavía no está claro este punto. "Si los pasáramos al nuevo sistema y les sacáramos las causas actuales, dirían que lo hacemos con una intención política", alegó un funcionario kirchnerista.
Los jueces no están para nada tranquilos. Cuestionan el "apuro" (el Gobierno pretende que se empiece a aplicar el 1° de septiembre) y sospechan que apunta a destrabar las designaciones de nuevos fiscales que hizo la procuradora Alejandra Gils Carbó, que una serie de medidas cautelares mantiene en suspenso.
La Asociación de Magistrados ya adelantó su resistencia. "Tenemos serias sospechas de que es un intento más para penetrar y manejar el Poder Judicial", dijo a LA NACION su presidente, Ricardo Recondo. Para poner en marcha el nuevo código en septiembre el Gobierno corre contra reloj. La próxima reunión entre jueces y representantes del Ministerio todavía no tiene fecha..
Con información de
La Nación
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