En la Corte Suprema están convencidos de que el proyecto oficial para ampliar el número de jueces de ese tribunal está dando vueltas en el Senado. Y que, aunque no sea inminente, es la herramienta que se reserva Cristina Kirchner para retirarse del poder con una Corte afín. Frente a esta perspectiva, los jueces ya analizan de qué forma detener este avance que pondría en riesgo la independencia del principal tribunal de Justicia del país.
 
La clave está en la lista de conjueces designados por el oficialismo en el Senado, en mayo del año pasado, que ahora está cuestionada ante la Corte porque sus diez miembros no fueron elegidos por los dos tercios de los votos sino por mayoría simple. Si la eventual ampliación de la Corte viene acompañada de la decisión de cubrir las cinco vacantes con los conjueces de esa lista, el tribunal podría declararla inválida, ya que hubo varios planteos de inconstitucionalidad alrededor de esos nombramientos.
En la medida en que el Gobierno no cuenta con el voto de los dos tercios de los senadores, no podría avanzar con la designación de nuevos jueces, como ya ocurrió en el caso de Roberto Carlés. El miércoles, el oficialismo tuvo que dejar en suspenso “por falta de número” el tratamiento de su pliego.
 
Ahora, la Corte está funcionando con normalidad con cuatro jueces. La convocatoria de conjueces se produciría en caso de no alcanzar en alguna causa la mayoría de tres votos. Como ha ocurrido hasta ahora, los conjueces serían convocados entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país.
 
El domingo pasado, el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, señaló en una entrevista a Clarín que “el problema de la ampliación no es el número, sino el intento de modificar las mayorías a través del cambio del número de miembros de una Corte, que fue lo que se le criticó al presidente Menem y que le dio un gran desprestigio a la Corte y al presidente, en ese momento. No es un problema de número sino de cuál es la intención y el efecto”.
 
Más allá de la defensa que la misma Presidenta hizo en persona del proyecto que, en 2006, bajó a cinco el número de jueces de la Corte, ahora vuelve la idea de ampliar el tribunal. El motivo hay que buscarlo en que Cristina Kirchner no ha conseguido obediencia debida por parte de estos jueces. Su principal aliado, Raúl Zaffaroni, se jubiló en enero. Desde hace dos años, como recuerdan en el tribunal, el Gobierno viene aumentando el enfrentamiento con sus miembros. Justamente desde 2013, el año en que fracasó lo que se dio en llamar el “proyecto de democratización de la Justicia”, que no fue más que el intento de poner bajo control político total a los tribunales.
 
En junio del 2014, el Gobierno oficializó la polémica lista de conjueces, votada con mayoría simple en el Senado en mayo. Algunos de los abogados que la integran son profesionales de prestigio pero otros tienen vínculos directos con sectores del kirchnerismo. Los conjueces designados fueron: León Arlsanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Marcer, Héctor García Cuerva, Arístides Corti, Carlos Cárcova, Walter Huggias, Gustavo Ferreira, Ricardo Nissen y José Chirico.
 
El radical Ernesto Sanz sostuvo en ese momento: “nuestra postura es que estos conjueces requieren de dos tercios para ser aprobados”. Tanto el bloque del PRO, como el del Peronismo Federal y el Frente Amplio UNEN compartieron la interpretación que realizó la UCR y también votaron en contra.
 
Los jueces de la Corte coincidirían con la idea de que es necesario que cuenten con el apoyo de los dos tercios del Senado. De todas formas, todavía no se han pronunciado sobre estos planteos. Por ahora, el análisis de este tema está en suspenso, tanto como el proyecto oficial de ampliar la Corte.