Nicaragua prepara una ley para tener el control de Internet
Miércoles 13 de
Mayo 2015
El Ejecutivo administrará los servicios de banda ancha y podrá exigir la entrega de información de los usuarios. La medida aún no se ha discutido en la Asamblea pero ya ha generado gran rechazo
El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, ha preparado una ley cuyo trasfondo es el control de Internet por parte del Estado, a través de la creación de una empresa estatal que administrará los servicios de banda ancha en este país centroamericano, decidirá a quiénes entregará las concesiones para ofrecer dichos servicios y podrá, a través de la estatal Telcor —empresa reguladora del sector— exigir la entrega de información de los usuarios de Internet nicaragüenses.
La iniciativa, que es promovida por el Ejecutivo como una normativa para modernizar las telecomunicaciones en Nicaragua, todavía no llega a la Asamblea Nacional para su discusión, pero ya ha generado gran rechazo, incluyendo a la empresa privada nicaragüense, fuerte aliada de Ortega.
El reglamento, denominado Ley de promoción y desarrollo de la Red Nacional de servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, le da potestad a Telcor para obligar a las empresas que prestan el servicio de Internet a proporcionar "la información y documentación relacionadas a los servicios de telecomunicaciones que éste les requiere", así como "presentar toda la información técnica, económica y financiera que Telcor les solicite para fines estadísticos, de control, supervisión y fijación de tarifas".
Una función que, según la asociación de Internet de Nicaragua, analistas y organizaciones de la sociedad civil, podría implicar una violación a la privacidad de los nicaragüenses, garantizada en la Constitución, al entregarle al Ejecutivo sandinista el control de las comunicaciones realizadas a través de Internet.
La iniciativa ya fue duramente rechazada en Nicaragua. Una de las voces que más oposición ha mostrado es la de José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cámara que representa al gran capital nicaragüense, firme aliada del presidente Ortega, a tal punto que son estos empresarios con los únicos que Ortega negocia sus decisiones. "Estamos completamente en contra, porque busca el control absoluto de Internet y va en dirección contraria a la del esfuerzo absoluto del sector público y privado para atraer inversión al país. También va en contra de la libertad económica", dijo Aguerri.
A las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos lo que más le preocupa es que la ley se convierta en un instrumento de censura y de violación a la libertad de expresión. En un comunicado emitido por el capítulo de PEN Internacional en Nicaragua, presidido por la escritora Gioconda Belli y un grupo de intelectuales y periodistas nicaragüenses, se "rechaza de manera categórica el control estatal de las comunicaciones, por constituir una violación del derecho inalienable a la libertad de expresión, a la privacidad de las personas, y del acceso irrestricto de los ciudadanos a los contenidos disponibles en Internet".
La iniciativa de ley no ha sido presentada a la Asamblea Nacional, que controla el gobernante Frente Sandinista. El Ejecutivo hasta ahora no se ha pronunciado por las críticas, pero mantiene discusiones con el sector privado sobre este proyecto. De llegar al Parlamento, es casi seguro que el reglamento sería aprobado por los 63 diputados sandinistas de la cámara. "Nosotros somos los que decidimos al final cuáles son los artículos que van a quedar y seguimos haciendo las consultas pertinentes con las instituciones involucradas", dijo el martes la diputada sandinista Jenny Martínez.
La iniciativa, que es promovida por el Ejecutivo como una normativa para modernizar las telecomunicaciones en Nicaragua, todavía no llega a la Asamblea Nacional para su discusión, pero ya ha generado gran rechazo, incluyendo a la empresa privada nicaragüense, fuerte aliada de Ortega.
El reglamento, denominado Ley de promoción y desarrollo de la Red Nacional de servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, le da potestad a Telcor para obligar a las empresas que prestan el servicio de Internet a proporcionar "la información y documentación relacionadas a los servicios de telecomunicaciones que éste les requiere", así como "presentar toda la información técnica, económica y financiera que Telcor les solicite para fines estadísticos, de control, supervisión y fijación de tarifas".
Una función que, según la asociación de Internet de Nicaragua, analistas y organizaciones de la sociedad civil, podría implicar una violación a la privacidad de los nicaragüenses, garantizada en la Constitución, al entregarle al Ejecutivo sandinista el control de las comunicaciones realizadas a través de Internet.
La iniciativa ya fue duramente rechazada en Nicaragua. Una de las voces que más oposición ha mostrado es la de José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cámara que representa al gran capital nicaragüense, firme aliada del presidente Ortega, a tal punto que son estos empresarios con los únicos que Ortega negocia sus decisiones. "Estamos completamente en contra, porque busca el control absoluto de Internet y va en dirección contraria a la del esfuerzo absoluto del sector público y privado para atraer inversión al país. También va en contra de la libertad económica", dijo Aguerri.
A las organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos lo que más le preocupa es que la ley se convierta en un instrumento de censura y de violación a la libertad de expresión. En un comunicado emitido por el capítulo de PEN Internacional en Nicaragua, presidido por la escritora Gioconda Belli y un grupo de intelectuales y periodistas nicaragüenses, se "rechaza de manera categórica el control estatal de las comunicaciones, por constituir una violación del derecho inalienable a la libertad de expresión, a la privacidad de las personas, y del acceso irrestricto de los ciudadanos a los contenidos disponibles en Internet".
La iniciativa de ley no ha sido presentada a la Asamblea Nacional, que controla el gobernante Frente Sandinista. El Ejecutivo hasta ahora no se ha pronunciado por las críticas, pero mantiene discusiones con el sector privado sobre este proyecto. De llegar al Parlamento, es casi seguro que el reglamento sería aprobado por los 63 diputados sandinistas de la cámara. "Nosotros somos los que decidimos al final cuáles son los artículos que van a quedar y seguimos haciendo las consultas pertinentes con las instituciones involucradas", dijo el martes la diputada sandinista Jenny Martínez.
Con información de
El País
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