Al profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado de la casa de altos estudios platense se lo acusa de haber rechazado una importante cantidad de hábeas corpus en favor de detenidos, muchos de ellos hoy desaparecidos, y su caso está pautado para ser tratado en los próximos días por el Consejo Superior, el máximo organismo de gobierno de la UNLP.

Una fuente de la institución académica consultada por la agencia Télam confirmó que la dirección de Derechos Humanos trabaja desde hace unos años con un expediente relacionado con el desempeño del juez durante esa época.

Piombo será sometido desde el próximo martes a un juicio académico, a pedido de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), por el polémico fallo que redujo la pena a un violador y que emitió junto a Benjamín Sal Llargués, el otro integrante del Tribunal de Casación de la Provincia.

Pero el juez podría ser destituido sin más trámite si se comprueba su vinculación con la dictadura, debido a que el Estatuto de la Universidad "impide la pertenencia a la institución de toda persona involucrada en violaciones a los derechos humanos y el terrorismo de Estado".

"Las autoridades se comprometieron a analizar si Piombo está violando el artículo N° 1 del Estatuto de la UNLP", dijo el titular de la Fulp, Darío Estevez, y seguró que Piombo "en sus comienzos como juez rechazó sistemáticamente los hábeas corpus pedidos por los familiares de desaparecidos, según hemos constatado en el juicio por el centro clandestino de detención La Cacha y el de la Unidad 9".