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Críticas a la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe impulsada por el gobernador Pullaro. Comentan el Dr. Rodolfo Mingarini y el Dr. Adrian Ruiz.
El narcotráfico es un 'vale todo'
Martes 02 de
Junio 2015
La Cámara Penal de Córdoba condenó a un hombre por tentativa de homicidio por un aparente ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. La jueza que firmó el fallo alertó: "Se ha ido tornando más palpable la instauración de una ‘parasociedad’ en la que ‘narcos’, ‘dealers’ y consumidores arreglan sus cuentas lejos de las autoridades".
La Justicia Penal de Córdoba alertó a la sociedad sobre el incremento de causas relacionadas, directa o indirectamente, con la problemática del narcotráfico. Un fallo de la Cámara Tercera del Crimen advirtió que "estamos en un caso patente del drama social del narcotráfico, que repercute estructuralmente en nuestra sociedad, sobre todo en los lugares más vulnerables".
La sentencia que se dio en los autos "Baena, Marcelo Adrián p.s.a Lesiones graves agravadas por art. 41 bis", que culminó con una condena de ocho años y medio de prisión para el acusado, por habérselo encontrado responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (arts. 79, 41 bis, 45 y 42 del C.P.), mostró las dificultades con las que se enfrenta la justricia a la hora de realizar una investigación que esté vinculada al narcotráfico.
Según surge del fallo redactado por la camarista María de los Angeles Palacio de Arat, se trató de un enfrentamiento entre "teros de los que cocinan y venden droga” -se denomina así a quienes suelen hacer de vigilantes de los “narcos”, atentos a cualquier movimiento 'extraño'. Víctima y victimario "solían estar juntos en el delitoal permanente", pero hubo una pelea entre ellos, que culminó en un disparo en el estómago que casi le cuesta la vida al agredido.
Una de las particularidades del caso, que el fallo subrayó, fue la reticencia de los testigos y de la propia víctima al momento de declara. La magistrada detalló que fue imposible hacer comparecer al afectado "a pesar de que el Tribunal utilizó con todos los medios a su alcance, llegando, incluso, a comisionar a personal del cuerpo especial “E.T.E.R”". incluso en instrucción la víctima dijo que ignoraba el autor del disparo y que no había sido el condenado.
Hasta la familia siguió con esa misma actitud, la hermana de la víctima fue aprehendida y puesta a disposición de la fiscalía de turno "por haber falseado a la verdad, buscando en un primer momento sindicar a Tarta Baena y luego en la sala, desvincularlo, en ambas ocasiones faltando a la verdad". La testigo expresó "que tenía miedo a las consecuencias de su declaración. Tanto su pareja como su hermana expresaron que la habían ido a hablar para que cambiara sus manifestaciones, cosa que efectivamente realizó"..
Lo mismo que con una vecina del barrio "que si bien alertó a los policías del lugar que su vecino había sido herido y les expresó quien había sido el autor del disparo, en el Tribunal dijo que lo ignoraba". El comisario que realizó el procedimiento no pudo individualizar a los testigos, "por temor de los vecinos y por tratarse de represalias de gente de mal vivir".
Sin elementos, la magistrada tuvo que acudir a la prueba indirecta y esos dichos para acreditar la materialidad del hecho y su autoría, y posteriormente, hacer el llamado de atención "Es evidente que en el presente estamos en un caso patente del drama social del narcotráfico, que repercute estructuralmente en nuestra sociedad, sobre todo en los lugares más vulnerables. De a poco se ha ido tornando más palpable la instauración de una “parasociedad” en la que “narcos”, “dealers” y consumidores montan una economía paralela en la que arreglan sus cuentas lejos de las autoridades"
La camarista también reconoció que era palmario "para todos los operadores judiciales que esta instalación de la droga en nuestras comunidades tiene directa relación con el aumento de la inseguridad",
"Lo que no parece advertirse - reconoció la autora del fallo- desgraciadamente, es que el narcotráfico es un flagelo que se extiende a lo largo y a lo ancho del planeta". La jueza explicó que el problema reviste de dos características: "la primera es que se trata del crimen organizado en su máxima expresión, y la segunda, que es una de las actividades más lucrativas junto con la trata, y el tráfico de armas. Por la magnitud de sus ganancias, se ubica en el primer lugar de la delincuencia organizada".
El fallo detalló que estas organizaciones delictivas cuentan "con propias, y con fuerza armada para cumplir sus decisiones. Copan sectores marginales y villas miserias, desde donde hacen sus bases y desde allí, comienzan su accionar. Pues, los traficantes que organizan y llevan a cabo un determinado 'negocio' se valen de la necesidad y bajos recursos (económicos, sociales, educativos) de la población en situación de riesgo para poder explotarlos: aquellos actores coyunturales que se involucran en la actividad ilícita en la tarea de transporte no tienen noción del valor que llevan consigo y perciben un pago ínfimo en relación a dicho valor".
"Es imprescindible unir el fenómeno al aumento en la inseguridad, y tener claro que es la causa de un sinnúmero de delitos que van desde hechos contra la vida, la propiedad, pero también dentro de los delitos de violencia familiar. Es imprescindible la prevención y el trabajo social mancomunado de particulares con las autoridades estatales, la existencia de tratamiento para la rehabilitación de los adictos y el debido funcionamiento de estos lugares. Pero sobre todo y en primer lugar debe hacerse consciente del grave problema en que estamos inmersos".
Por ello, al finalizar su voto, la jueza Palacio de Arato resaltó la voluntad de que su resolución "pueda ser escuchada por quienes le corresponde la tarea de la prevención y la recuperación del adicto, y que pueda aportar para generar conciencia de la situación que a diario enfrentan numerosos vecinos, que sufren en carne propia, la violencia producida por los que consumen drogas, y por los que la venden. Como así también la de sus hijos que son los 'posibles clientes' de esta situación, y que están siendo tentados para ingresar a las filas de estar organizaciones, como consumidores".
La sentencia que se dio en los autos "Baena, Marcelo Adrián p.s.a Lesiones graves agravadas por art. 41 bis", que culminó con una condena de ocho años y medio de prisión para el acusado, por habérselo encontrado responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (arts. 79, 41 bis, 45 y 42 del C.P.), mostró las dificultades con las que se enfrenta la justricia a la hora de realizar una investigación que esté vinculada al narcotráfico.
Según surge del fallo redactado por la camarista María de los Angeles Palacio de Arat, se trató de un enfrentamiento entre "teros de los que cocinan y venden droga” -se denomina así a quienes suelen hacer de vigilantes de los “narcos”, atentos a cualquier movimiento 'extraño'. Víctima y victimario "solían estar juntos en el delitoal permanente", pero hubo una pelea entre ellos, que culminó en un disparo en el estómago que casi le cuesta la vida al agredido.
Una de las particularidades del caso, que el fallo subrayó, fue la reticencia de los testigos y de la propia víctima al momento de declara. La magistrada detalló que fue imposible hacer comparecer al afectado "a pesar de que el Tribunal utilizó con todos los medios a su alcance, llegando, incluso, a comisionar a personal del cuerpo especial “E.T.E.R”". incluso en instrucción la víctima dijo que ignoraba el autor del disparo y que no había sido el condenado.
Hasta la familia siguió con esa misma actitud, la hermana de la víctima fue aprehendida y puesta a disposición de la fiscalía de turno "por haber falseado a la verdad, buscando en un primer momento sindicar a Tarta Baena y luego en la sala, desvincularlo, en ambas ocasiones faltando a la verdad". La testigo expresó "que tenía miedo a las consecuencias de su declaración. Tanto su pareja como su hermana expresaron que la habían ido a hablar para que cambiara sus manifestaciones, cosa que efectivamente realizó"..
Lo mismo que con una vecina del barrio "que si bien alertó a los policías del lugar que su vecino había sido herido y les expresó quien había sido el autor del disparo, en el Tribunal dijo que lo ignoraba". El comisario que realizó el procedimiento no pudo individualizar a los testigos, "por temor de los vecinos y por tratarse de represalias de gente de mal vivir".
Sin elementos, la magistrada tuvo que acudir a la prueba indirecta y esos dichos para acreditar la materialidad del hecho y su autoría, y posteriormente, hacer el llamado de atención "Es evidente que en el presente estamos en un caso patente del drama social del narcotráfico, que repercute estructuralmente en nuestra sociedad, sobre todo en los lugares más vulnerables. De a poco se ha ido tornando más palpable la instauración de una “parasociedad” en la que “narcos”, “dealers” y consumidores montan una economía paralela en la que arreglan sus cuentas lejos de las autoridades"
La camarista también reconoció que era palmario "para todos los operadores judiciales que esta instalación de la droga en nuestras comunidades tiene directa relación con el aumento de la inseguridad",
"Lo que no parece advertirse - reconoció la autora del fallo- desgraciadamente, es que el narcotráfico es un flagelo que se extiende a lo largo y a lo ancho del planeta". La jueza explicó que el problema reviste de dos características: "la primera es que se trata del crimen organizado en su máxima expresión, y la segunda, que es una de las actividades más lucrativas junto con la trata, y el tráfico de armas. Por la magnitud de sus ganancias, se ubica en el primer lugar de la delincuencia organizada".
El fallo detalló que estas organizaciones delictivas cuentan "con propias, y con fuerza armada para cumplir sus decisiones. Copan sectores marginales y villas miserias, desde donde hacen sus bases y desde allí, comienzan su accionar. Pues, los traficantes que organizan y llevan a cabo un determinado 'negocio' se valen de la necesidad y bajos recursos (económicos, sociales, educativos) de la población en situación de riesgo para poder explotarlos: aquellos actores coyunturales que se involucran en la actividad ilícita en la tarea de transporte no tienen noción del valor que llevan consigo y perciben un pago ínfimo en relación a dicho valor".
"Es imprescindible unir el fenómeno al aumento en la inseguridad, y tener claro que es la causa de un sinnúmero de delitos que van desde hechos contra la vida, la propiedad, pero también dentro de los delitos de violencia familiar. Es imprescindible la prevención y el trabajo social mancomunado de particulares con las autoridades estatales, la existencia de tratamiento para la rehabilitación de los adictos y el debido funcionamiento de estos lugares. Pero sobre todo y en primer lugar debe hacerse consciente del grave problema en que estamos inmersos".
Por ello, al finalizar su voto, la jueza Palacio de Arato resaltó la voluntad de que su resolución "pueda ser escuchada por quienes le corresponde la tarea de la prevención y la recuperación del adicto, y que pueda aportar para generar conciencia de la situación que a diario enfrentan numerosos vecinos, que sufren en carne propia, la violencia producida por los que consumen drogas, y por los que la venden. Como así también la de sus hijos que son los 'posibles clientes' de esta situación, y que están siendo tentados para ingresar a las filas de estar organizaciones, como consumidores".
Con información de
DJU
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