25 DE ABRIL 2024
Nos vemos en agosto
Viernes 03 de
Julio 2015
La Comisión de Disciplina y Acusación decidió citar a declarar por el artículo 20 de su reglamento a tres jueces: Carlos Lascano, del Tribunal Oral 2 de Córdoba, Miguel Medina, juez federal de Salta, y Néstor Montezanti, de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Los motivos de las citaciones que dieron que hablar en la reunión.
En un encuentro en el que mediaron fuertes discusiones, los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura acordaron citar, a través del artículo 20 de su reglamento, a tres jueces que están envueltos en graves problemas en el ejercicio de sus funciones. Se trata de Carlos Lascano, de la Cámara Federal de Córdoba, Miguel Medina, juez federal de Salta, y Néstor Montezanti, de la Cámara Federal de Bahía Blanca, quienes deberán asistir al órgano el próximo martes 25 de agosto, desde las 11 de la mañana.
El primero en declarar será Lascano, cuya citación en el marco del expediente “Piumato Julio (U.E.J.N.) c/ Dres. Sánchez Torres, Lascano y Pérez Villalobo (Cam. Fed. Córdoba)”, fue propuesta por el consejero Luis Cabral.
El caso de Lascano surgió a raíz de una denuncia de Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), en nombre del gremio, ya que en 2012, desde la Cámara Federal de Córdoba, y ante el ingreso de un gran caudal de trabajo por el trámite de causas de lesa humanidad, se solicitó ante la Corte Suprema un cargo de prosecretario administrativo.
La conducta denunciada por el titular del gremio judicial indica que la designación correspondió al yerno de Lascano, quien subrogaba la Cámara Federal entonces. Por este motivo Álvaro Crespo debió ser removido de su cargo, ya que la UEJN realizó dos presentaciones para avanzar en este sentido.
En el caso de Miguel Medina, hubo opiniones encontradas ya que a la hora de justificar el pedido de citación de parte del consejero Julián Álvarez, los argumentos fueron el retardo que hubo en la causa a la hora de pedir medidas y de resolver la competencia. Estas demoras eran de mucha gravedad porque se trataba de un caso de trata de personas.
El consejero Leónidas Moldes aseveró que no había motivos valederos para que Medina fuera llamado a declarar, ya que las medidas que tomó para que se resolviera fueron inmediatas y lograron la inmediata reposición de la chica que había sido secuestrada y llevada a un prostíbulo de Comodoro Rivadavia, por lo que no se le podía imputar una demora en el tratamiento de la cuestión.
Finalmente, y con los votos de todos los consejeros a excepción de Moldes y de Luis Cabral, que se abstuvieron, se resolvió citar a Medina para que declare ante la Comisión el próximo 25 de agosto a las 12 horas.
Finalmente, el caso de Néstor Montezanti fue uno de los que más discusiones conllevó, ya que hubo un señalamiento de parte de Cabral al respecto de la posición de Julián Álvarez en relación a los motivos por los cuáles debe ser citado. De hecho, al comienzo del encuentro hubo un fuerte cruce entre Jorge Candis, presidente de la Comisión, y el senador Miguel Ángel Rozas relativo al funcionamiento de la Cámara Federal en la que trabaja el magistrado.
Entre otras cosas, Álvarez denunció los vínculos del juez con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), aseguró que fue personal civil de inteligencia durante la última dictadura militar de nuestro país, que un profesor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) aseguró que en su despacho tenía un título de la Liga Anticomunista certificado por el militar argentino Guillermo Suárez Mason, condenado por ser partícipe de varios delitos de lesa humanidad.
Pero el alegato que causó las diferencias con Cabral fue el relativo a la defensa que ejerció Montezanti como abogado de algunas personas que fueron sindicadas por Álvarez como cómplices de la última dictadura militar. Cabral replicó que no se puede juzgar a una persona por haber ejercido como abogado, ya que no implica una identificación con su cliente. También explicó que él mismo ha sido perseguido por esta cuestión, haciendo alusión, acaso, a la última dictadura militar.
El primero en declarar será Lascano, cuya citación en el marco del expediente “Piumato Julio (U.E.J.N.) c/ Dres. Sánchez Torres, Lascano y Pérez Villalobo (Cam. Fed. Córdoba)”, fue propuesta por el consejero Luis Cabral.
El caso de Lascano surgió a raíz de una denuncia de Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), en nombre del gremio, ya que en 2012, desde la Cámara Federal de Córdoba, y ante el ingreso de un gran caudal de trabajo por el trámite de causas de lesa humanidad, se solicitó ante la Corte Suprema un cargo de prosecretario administrativo.
La conducta denunciada por el titular del gremio judicial indica que la designación correspondió al yerno de Lascano, quien subrogaba la Cámara Federal entonces. Por este motivo Álvaro Crespo debió ser removido de su cargo, ya que la UEJN realizó dos presentaciones para avanzar en este sentido.
En el caso de Miguel Medina, hubo opiniones encontradas ya que a la hora de justificar el pedido de citación de parte del consejero Julián Álvarez, los argumentos fueron el retardo que hubo en la causa a la hora de pedir medidas y de resolver la competencia. Estas demoras eran de mucha gravedad porque se trataba de un caso de trata de personas.
El consejero Leónidas Moldes aseveró que no había motivos valederos para que Medina fuera llamado a declarar, ya que las medidas que tomó para que se resolviera fueron inmediatas y lograron la inmediata reposición de la chica que había sido secuestrada y llevada a un prostíbulo de Comodoro Rivadavia, por lo que no se le podía imputar una demora en el tratamiento de la cuestión.
Finalmente, y con los votos de todos los consejeros a excepción de Moldes y de Luis Cabral, que se abstuvieron, se resolvió citar a Medina para que declare ante la Comisión el próximo 25 de agosto a las 12 horas.
Finalmente, el caso de Néstor Montezanti fue uno de los que más discusiones conllevó, ya que hubo un señalamiento de parte de Cabral al respecto de la posición de Julián Álvarez en relación a los motivos por los cuáles debe ser citado. De hecho, al comienzo del encuentro hubo un fuerte cruce entre Jorge Candis, presidente de la Comisión, y el senador Miguel Ángel Rozas relativo al funcionamiento de la Cámara Federal en la que trabaja el magistrado.
Entre otras cosas, Álvarez denunció los vínculos del juez con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), aseguró que fue personal civil de inteligencia durante la última dictadura militar de nuestro país, que un profesor de la Universidad Nacional del Sur (UNS) aseguró que en su despacho tenía un título de la Liga Anticomunista certificado por el militar argentino Guillermo Suárez Mason, condenado por ser partícipe de varios delitos de lesa humanidad.
Pero el alegato que causó las diferencias con Cabral fue el relativo a la defensa que ejerció Montezanti como abogado de algunas personas que fueron sindicadas por Álvarez como cómplices de la última dictadura militar. Cabral replicó que no se puede juzgar a una persona por haber ejercido como abogado, ya que no implica una identificación con su cliente. También explicó que él mismo ha sido perseguido por esta cuestión, haciendo alusión, acaso, a la última dictadura militar.
Con información de
DJU
