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ESPAÑA
La imputación del presidente catalán, Artur Mas, eleva la tensión y aleja el diálogo con Madrid
Martes 29 de
Septiembre 2015
El presidente catalán, Artur Mas, fue citado hoy a declarar como imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a raíz de una demanda por desobediencia y prevaricato en relación a la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
Dos días después de la elección que designó al Parlamento autonómico de Cataluña, en la que vencieron los secesionistas, la posibilidad de diálogo con Madrid se alejó hoy al elevarse la hostilidad entre ambos gobiernos por la imputación del presidente catalán, Artur Mas, por realizar la consulta simbólica sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.
Mas, quien actualmente lidera el proceso de secesión catalán, tendrá que comparecer ante la sala civil y penal el próximo 15 de octubre, según la resolución publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
También fueron citadas la consejera de Educación del gobierno catalán, Irene Rigau, y la ex vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, quienes comparecerán el 13 de octubre. Posteriormente, el día 19 de octubre, declararán ante la justicia varios testigos.
El alto tribunal catalán investiga las denuncias presentadas por la Fiscalía, la organización civil conservadora Manos Limpias y otras acusaciones contra Mas, Rigau y Ortega, por haber incumplido la resolución del Tribunal Constitucional (TC) del 4 de noviembre de 2014, que suspendió la consulta separatista celebrada el 9 de noviembre de ese mismo año.
El Ministerio Público considera que existen indicios de que los funcionarios catalanes, con el presidente Artur Mas a la cabeza, podrían haber cometido delitos de "prevaricato, desobediencia, usurpación de funciones, obstrucción de la Justicia y malversación de caudales públicos".
Según los fiscales, la consulta del 9 de noviembre (9N), que fue denominada "proceso participativo" para evitar que se considerara un referéndum encubierto -como argumentó el TC-, se llevó a cabo de forma "planificada, auspiciada y financiada" por el gobierno catalán.
Mas no sólo votó, sino que se hizo responsable del proceso ante la prensa.
Por otra parte, la votación se pudo realizar utilizando colegios e institutos catalanes que dependen de la administración pública.
Los delitos de los que se acusa al liberal Artur Mas están penados con multas, penas de prisión de menos de un año e inhabilitación para ejercer cargo público, que en el caso de prevaricato puede llegar a 10 años.
La imputación de Mas se produce en un momento especialmente sensible para Cataluña después de unas elecciones para elegir un nuevo Parlamento regional que fueron convocadas por el propio presidente regional para convertirlas en un plebiscito sobre la secesión y que movilizaron a casi el 80% del electorado.
Las elecciones plebiscitarias eran el punto de partida de la "hoja de ruta" ideada por Mas, quien promovió una lista unitaria independentista, Junts pel Sí (Juntos por el Sí), en busca de un respaldo popular a su plan.
La lista unitaria venció en los comicios pero sólo alcanzaría la mayoría absoluta de los escaños del parlamento sumando con el apoyo del partido anticapitalista las CUP, que también es secesionista.
Pero el día posterior a los comicios, mientras Mas y sus compañeros de lista presionaban al gobierno español amenazando con aplicar su vía hacia la secesión, las CUP dejaron claro que no apoyarían la reelección del presidente catalán ni una declaración unilateral de independencia, porque el bloque soberanista no había ganado el plebiscito al no superar el 50% de los votos.
En tanto, Rajoy destacó desde Madrid que los independentistas catalanes no habían logrado el respaldo de la mayoría del electorado catalán y reiteró que sólo hablaría con el nuevo gobierno catalán dentro del marco de la ley, nada por fuera de la Constitución y que suponga una amenaza para la unidad y la soberanía de España.
El bloque soberanista apareció dividido frente a un Rajoy que se mantuvo firme pero sin crispar más la situación, a pesar de la presión interna de su partido por los malos resultados de su formación y luego de que el ex presidente conservador José María Aznar cuestionara su estrategia exigiendo más dureza.
El escenario propicio al diálogo debía ser la distinción, pero todo promete cambiar con el proceso contra Artur Mas, que elevó la tensión y generó un cierre de filas de los independentistas en apoyo al presidente catalán, quien desobedeció al TC, en un gesto de valentía para el discurso épico de los nacionalistas.
La reacción más significativa ha sido la de las CUP, que en un comunicado afirmó que las imputaciones contra las funcionarios catalanes son un "nuevo ataque contra las instituciones del país por parte de un Estado demofóbico que utiliza políticamente las instancias judiciales" para intentar "doblar la voluntad del pueblo catalán".
También advirtieron que "la desobediencia vivida el 9N será una práctica habitual a partir de ahora" de parte de las instituciones catalanas, y más aún tras el mandato expresado en las urnas.
Aunque el líder de las CUP, Antonio Baños, insistió hoy en que no investirían a Artur Mas, ppero aclaró que la "guerra sucia", que denuncian realiza el Estado, podría hacerles cambiar de opinión respecto a una declaración unilateral.
Por su parte, el gobierno catalán endureció su discurso: "Estamos ante un juicio político, ante la instrumentalización política de una querella que presentó la Fiscalía del Estado contra el criterio de los fiscales catalanes", dijo la vicepresidenta catalana, Neus Munté.
Y el presidente de la independentista ERC, Oriol Junqueras, socio de Mas en la lista unitaria, fue tajante al afirmar que la imputación del presidente catalán era "la mejor demostración" de que Cataluña debe ser un país independiente.
"La pertenencia a España es inviable", sentenció Junqueras, quien, por otro lado, consideró "monstruoso" que se eligiera la fecha del 15 de octubre para la citación judicial porque coincide con el 75 aniversario del fusilamiento del mítico presidente catalán Lluís Companys a manos del régimen franquista.
Tanto la plataforma en la está integrada Podemos como la Socialista, consideraron que la imputación era un despropósito que en nada ayudaba al diálogo.
Con información de
telam
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