Diputados convitió en ley los principios anti buitre de reestructuración de deuda
Miércoles 04 de
Noviembre 2015
La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto que declara de "orden público" los principios básicos para los procesos de reestructuración de la deuda aprobados por las Naciones Unidas, y que apunta a limitar el accionar de los fondos buitre.
La iniciativa fue votada por 128 votos favorables y una abstención aportados por el oficialismo y sus aliados debido que la oposición se retiró del recinto de sesión, en protesta por la jura de dos auditores de la AGN que consideraron "antirreglamentaria".
Así un proyecto que el martes había díctamen unánime de la comisión de Relaciones Exteriores terminó aprobándose solo con el voto favorable del oficialismo y sus aliados, aunque en el Senado también se aprobó con un alto consenso.
El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, dijo que este proyecto "ratifica la visión de la política internacional" y establece "principios fundamentales que los Estados Podrán invocar en las causas o lítigios que tengan en la reestructuración de deudas".
El proyecto contiene los nueve principios aprobados por la ONU, y de ellos hace eje en la necesidad de respetar la decisión de la mayoría en los casos de canje de deuda, de manera de evitar que un número ínfimo de acreedores pueda accionar contra una reestructuración de ese tipo, como sucedió contra la Argentina.
La Resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana, lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".
También exige "la imparcialidad" de todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, "incluso a nivel regional", y que se abstengan de ejercer influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción.
Junto con esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores.
Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este.
Por otro lado, se deja en claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.
Explicita además, el principio de "sostenibilidad" que apunta a que en todas las reestructuraciones se debe preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".
Desarrollo de la industria satelital
La Cámara de Diputados también convirtió en ley el Desarrollo de la Industria Satelital Argentina, que impide expresamente la venta de las acciones del Estado en la empresa Arsat sin el respaldo de los dos tercios de los legisladores.
El plan prevé "desarrollar y lanzar una serie continua de ocho nuevos satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en los próximos 20 años", fabricados y operados con presupuestos que incluyen recursos generados por la explotación de servicios.
El contenido votado coincide con el proyecto enviado al Parlamento por el Ejecutivo, que concibe al desarrollo satelital como política de Estado y define un Plan Satelital Geoestacionario Argentino para el período 2015-2035.
Así un proyecto que el martes había díctamen unánime de la comisión de Relaciones Exteriores terminó aprobándose solo con el voto favorable del oficialismo y sus aliados, aunque en el Senado también se aprobó con un alto consenso.
El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, dijo que este proyecto "ratifica la visión de la política internacional" y establece "principios fundamentales que los Estados Podrán invocar en las causas o lítigios que tengan en la reestructuración de deudas".
El proyecto contiene los nueve principios aprobados por la ONU, y de ellos hace eje en la necesidad de respetar la decisión de la mayoría en los casos de canje de deuda, de manera de evitar que un número ínfimo de acreedores pueda accionar contra una reestructuración de ese tipo, como sucedió contra la Argentina.
La Resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana, lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".
También exige "la imparcialidad" de todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, "incluso a nivel regional", y que se abstengan de ejercer influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción.
Junto con esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores.
Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este.
Por otro lado, se deja en claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.
Explicita además, el principio de "sostenibilidad" que apunta a que en todas las reestructuraciones se debe preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".
Desarrollo de la industria satelital
La Cámara de Diputados también convirtió en ley el Desarrollo de la Industria Satelital Argentina, que impide expresamente la venta de las acciones del Estado en la empresa Arsat sin el respaldo de los dos tercios de los legisladores.
El plan prevé "desarrollar y lanzar una serie continua de ocho nuevos satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en los próximos 20 años", fabricados y operados con presupuestos que incluyen recursos generados por la explotación de servicios.
El contenido votado coincide con el proyecto enviado al Parlamento por el Ejecutivo, que concibe al desarrollo satelital como política de Estado y define un Plan Satelital Geoestacionario Argentino para el período 2015-2035.
Con información de
Minuto1
