Sáenz dio lugar al pedido de Sandra Arroyo Salgado, quien apeló ante la Cámara la decisión de la jueza Fabiana Palmaghini de rechazar el envío de la causa a la Justicia Federal.
 
En un dictamen, que no es vinculante para el Tribunal de Apelaciones, Sáenz entendió que el homicidio es la principal hipótesis que se maneja en la causa hasta el momento a cargo de la magistrada en lo criminal Palmaghini.
 
"Concuerdo con los apelantes en que el objeto procesal de esta causa hasta el momento, lo constituye la hipótesis de que Alberto Nisman ha sido víctima del delito de homicidio", indicó el fiscal en un dictamen presentado hoy ante la Cámara.
 
El pase a la justicia federal
 
A su vez, el fiscal general coincidió con la querella en su requerimiento de que la causa pase a la justicia federal. Ahora la que debe decidir el futuro de la investigación es la Cámara del Crimen.
 
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"Al estar ante la sola posibilidad de que Alberto Nisman, el Fiscal que investigaba al atentado a la AMIA, y quien había denunciado a la entonces Presidente de la Nación, su Canciller y otros funcionarios, haya sido asesinado cuatro días después de esa denuncia, la investigación debería ser proseguida por la Justicia Federal de esta ciudad, que es la que tiene la competencia más amplia para conocer y dilucidar cuál de todas las hipótesis implicadas resulta finalmente aplicable al hecho", expresó Sáenz.
 
Saenz enumeró los argumentos de las querellas, que para él apuntalan la hipótesis del homicidio y no la del suicidio y en particular aludió a la situación del imputado Diego Lagomarsino, quien entregó a Nisman el arma la noche anterior al hallazgo de su cadáver.
 
"Los recurrentes sostienen con razón que la presencia en el departamento de Nisman del arma que le dio muerte no está avalada por una explicación lógica" debido a que las tres versiones dadas en la causa al respecto son "contradictorias" y sólo podrían ser corroboradas o no por el fallecido, detalló en el dictamen.
 
También enumeró otros aspectos remarcados por la familia del fiscal, como que el departamento habría sido "limpiado" y por eso no había huellas dactilares, la manipulación de su computadora personal, "o que el contenido de su teléfono fue borrado".
 
El fiscal entendió que los argumentos de los apelantes son "sólidos". La decisión final estará a cargo de la sala VI de la Cámara del Crimen, que fijó audiencia para ampliar argumentos el 18 de marzo próximo a las 9.30, luego de lo cual quedará en condiciones de resolver.
 
El Tribunal está integrado por los jueces Marcelo Lucini, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich.