Lifschitz, junto a los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, presentó ante legisladores, funcionarios judiciales, profesionales del derecho y periodistas, las modificaciones a los códigos procesales civil y penal, y a la ley provincial de mediación que elevarán a la Legislatura para su tratamiento en las próximas sesiones ordinarias.
 
“Estamos trabajando para conseguir cambios y correcciones en el sistema procesal penal, de mediación, civil y comercial”, dijo el mandatario.
 
“Estas modificaciones se alcanzaron tras reuniones con colegios de Abogados y Magistrados, con la Corte, los jueces, los fiscales, los defensores y todos los actores del sistema judicial de la provincia de Santa Fe”, explicó.
 
“Estamos mejorando el funcionamiento del Sistema Judicial, de acercar más la justicia a los ciudadanos y de lograr simplificar procedimientos y procesos para acortar los tiempos, eliminando pasos innecesarios, a través de una mejor normativa. Es una tarea colaborativa de los tres poderes del Estado”.
 
La mediación
 
“Reivindicamos enormemente la mediación, que es un instituto que sirve para disminuir la conflictividad que no es buena en la sociedad civil y la mediación es un instrumento para poder reducirla”, indicó el ministro Silberstein.
 
“Pero la mediación no puede ser una limitación para el acceso a la justicia. En este sentido, se estableció un régimen por el cual el mediador percibe su retribución en función de su trabajo. Si no hay trabajo no hay percepción de la retribución”, indicó.
 
Oferta razonable
 
“Se incorpora una figura novedosa en la Argentina: la oferta razonable. El Poder Judicial, y es un orgullo del país, es público, es gratuito y es independiente, pero tampoco puede haber un abuso en el poder Judicial cuando exista una oferta razonable. No tiene sentido que se acceda y se haga un desgaste jurisdiccional inútil”, agregó.
 
En ese sentido, indicó que con la incorporación de “la oferta razonable”, quien no acepte esta propuesta y concurrió al poder jurisdiccional “va a cargar con las costas por haber hecho un uso indebido de ese poder jurisdiccional”.
 
Flexibilizar los plazos
 
Otra innovación para la Justicia es simplificar el procedimiento de declaratoria de pobreza: “Este es un instituto que, por un lado, permite, a las personas más vulnerables acceder a la justicia. Se debe facilitar que las personas puedan acceder. Por otro lado, facilita la tarea de los magistrados no cargándolos con tareas innecesarias y funciones ya que deben contar con tiempo para resolver los problemas que la sociedad exige que resuelvan”, dijo Silberstein.
 
Además, se refirió al acortamiento del plazo de caducidad que “hace a que la Justicia sea más rápida y obliga también a los profesionales a poder tramitar los procesos ya no una vez al año sino que el procedimiento se va a acortar a seis meses. La justicia más rápida no es solamente una obligación de los magistrados sino también de los abogados”.
 
También anunció un proyecto que reformará los honorarios de peritos adecuándolos al nuevo Código Civil y Comercial y poniéndolos en consonancia con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
 
Ley de decomiso
 
Entre los proyectos presentados, Silberstein anunció que se incorpora y se remite una Ley de Decomiso que “posiblemente sea de las primeras provincias en Argentina” en instrumentarla, aunque aclaró que “la Nación estaba trabajando este tema”.
 
“Consiste en la posibilidad de confiscar los bienes utilizados para la producción de un delito o también la posibilidad de decomisar aquellos bienes adquiridos con los frutos de un delito”, explicó. Del mismo modo, dijo que está la posibilidad de “decomisar bienes aún sin que existiera condena en caso de que los delincuentes se hayan profugado o hubieren confesado que provienen de un delito”.
 
Con este instrumento, los jueces van a poder dar no solo una respuesta punitiva con la privación de la libertad sino también con el decomiso de lo obtenido a través del delito.
 
Reformas al Código Procesal Penal
 
En las reformas al Código Procesal Penal, Silberstein dijo que “se establece una mayor rigurosidad en la utilización del procedimiento de juicios abreviados. De esta forma, no debe ser utilizado disvaliosamente, de manera tal que debe haber una mayor rigurosidad en el uso del mismo para evitar algunas situaciones de público conocimiento”.

LOS JUECES PENALES “VAN A TENER MÁS POSIBILIDADES” PARA DICTAR LA PRISIÓN PREVENTIVA PORQUE “SE FLEXIBILIZAN” LOS CRITERIOS NORMATIVOS PARA ESE RECURSO, SIEMPRE EXTREMO PARA CON UN ACUSADO QUE AÚN NO HA SIDO JUZGADO.

 
Otro tema son “los criterios de oportunidad o ser nimios, también en este caso se establecen criterios de mayor rigurosidad en la desestimación de los delitos por criterio de oportunidad. Se flexibilizan los presupuestos para la prisión preventiva”. En este sentido, los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictar la prisión preventiva.
 
También se refirió a la acción de la Policía ante casos de flagrancia: “La Policía va a tener la obligatoriedad de detener en los casos de flagrancia del imputado”, detalló el titular de la cartera de Justicia.
 
Posibilidad de ocupar cargos
 
Silberstein también se refirió al proyecto de ley en el cual los funcionarios y magistrado del Poder Judicial van a poder ocupar cargos en el Nuevo Sistema Procesal Penal (fiscales regionales, defensores, defensores generales) sin perder su cargo, de manera tal de obtener una masa crítica de personas con experiencia en el nuevo sistema penal.
 
“Uno de los grandes problemas que hemos observado muchas veces es la ausencia de fiscales preparados para poder concursar. Esto permite y alienta que funcionarios del Poder Judicial, sin perder sus cargos, puedan concursar en el Nuevo Sistema Procesal Penal”, concluyó Silberstein".