SANTA FE
Extrusadores en alerta por la crisis lechera y porcina
Jueves 04 de
Agosto 2016
La permanencia de aranceles que tornan inviable la exportación de expellers impide descomprimir el mercado interno, saturado por la caída de la demanda de tamberos y chancheros. Más de 4.000 puesto de trabajo en riesgo.
La crisis de la lechería y la producción porcina derrumbó la demanda interna de expellers de soja, agravando la situación de las Pymes extrusadoras de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires que hoy sólo utilizan el 40 % de su capacidad instalada. La situación involucra unas 400 empresas en todo el país que emplean, directa e indirectamente, alrededor de 4.000 personas.
La caída de la demanda doméstica se suma a la imposibilidad de exportar la producción de expeller, ya que desde 2006 tributa el mismo impuesto que la harina de soja, por lo que las cámaras sectoriales advierten una saturación del mercado interno y piden un tratamiento impositivo diferencial para promover las ventas al exterior y descomprimir la situación.
Reunidas ayer en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (Cidep), la Cámara de Agroalimentos y Biocombustibles de Córdoba (Cabiocor) y la Cámara Nacional de Pymes Aceiteras (Canapa), junto a la Cámara de Comercio Exterior de la provincia (CaCESFe), emitieron un documento en el que demandan medidas “para potenciar la competitividad comercial” del sector.
El eje del reclamo pasa por “volver al marco de diferenciación de aranceles que estuvo vigente hasta el año 2006”, cuando el expeller aún pagaba 5 % de retenciones, antes de ser elevado al 32 % -aún vigente- que lo iguala a la harina, quitándole competitividad por contar con un menor contenido proteico (a igual precio, para un comprador es mejor negocio la harina por tener un mayor poder nutricional). La situación, explican, ya se planteó al Subsecretario de Bioindustria del Ministerio de Agroindustria Nacional.
El presidente de la Cidep, Fabio Ferrero, explicó a Campolitoral que con la gestión nacional anterior se permitía una “trampa” para poder exportar el expeller con un arancel menor al transformarlo en mezclas. Pero la nueva administración no avala esta práctica. Cancelada la opción de exportar se trabajó con la demanda interna hasta el derrumbe que produjeron las crisis en la producción lechera y porcina -principales consumidores de expellers- tras la suba de los granos, los servicios y el desastre climático. “Al estar el expeller más caro que la leche, el productor no suplementa las vacas; y la baja en el precio de los porcinos hizo que se achicaran los rodeos y la producción y cambiaron las dietas”, detalló el directivo, y afirmó: “no hay mercado interno y se trabaja al 40 % desde enero y febrero”.
Los empresarios ven en la exportación la única salida para recomponer la actividad industrial. Si bien no todas la Pymes están en condiciones de hacerlo, que algunas puedan descomprimiría el saturado mercado interno y estabilizaría todo el sector, ya que elevaría -según Ferrero- el uso de capacidad instalada al 80 %. “Desde 2012 hasta ahora se trató de disfrazar el negocio vendiendo mezclas; y lo que queremos es exportar expeller; no estamos interesados en hacer las trampas de las mezclas; si no se hace una exportación genuina el negocio se cae”, afirmó.
Sólo en Santa Fe existen actualmente existen alrededor de 80 plantas de extrusado, con una capacidad de molienda promedio de 30 a 50 toneladas diarias cada una y alrededor de 1.000 empleados. Al igual que en todo el país, estas empresas surgieron por impulso del INTA para el agregado de valor en origen, contribuyendo al desarrollo ganadero, lechero, porcino y avícola. “vemos con extrema preocupación la continuidad del proceso de desarrollo agroindustrial que en la última década cambió la matriz productiva de las pequeñas poblaciones de base rural”, advirtieron las cámaras en el documento redactado en la ciudad de Santa Fe.
Con al solución propuesta, aseguran que se posicionaría a las Pymes aceiteras en el mercado regional de proteína vegetal; se fomentaría la regularización de las plantas no registradas; se afianzarían los más de 4.000 puestos de trabajo que hoy genera el sector; y se optimizaría el uso de capacidad instalada, además de fomentar la inversión nacional.
Con información de
ellitoral
