“Estamos preocupados por el traslado de los servidores, que poseen información sensible del sistema federal, a lugares externos, un hecho que pone en riesgo esa información pública, porque se abre la posibilidad de que pueda ser utilizada para otros fines”, dijo a este diario uno de los trabajadores del sector. Las medidas fueron informadas verbalmente por el nuevo director de informática del ministerio, Baltazar Quinterno, que no cuenta con una designación formal y “de quien se desconocen antecedentes técnicos profesionales que acrediten idoneidad para ocuparse de un área tan crítica y relevante para el ministerio”, señalaron.
 
Científicos y Universitarios autoconvocados (CyUA), la Asociación de Graduados en Ciencias de la Educación (Agce) y el colectivo Conversaciones necesarias difundieron una declaración advirtiendo sobre el riesgo de los cambios dispuestos en Educación. El traslado de los servidores, bases de datos y archivos que funcionaban en el Palacio Sarmiento afecta –indicaron– la información de los relevamientos anuales, los censos docentes y no docentes, y el Sistema Integral de Información Digital Educativa, con datos de los estudiantes del sistema, con sus recorridos escolares y calificaciones, entre otras cosas. “En un sistema federal como el de nuestro país, contar con información comparable por todas las jurisdicciones es indispensable para el planeamiento y el gobierno de la educación”, advirtieron en la declaración.
 
Sobre el traslado del personal a otros sectores del ministerio, la declaración marcó que produce una “ruptura del vínculo entre un equipo técnico profesional y su medio de trabajo”, afectando producción estadística oficial “que ninguna otra instancia institucional –ni aun de carácter estatal– puede sustituir”. En ese sentido, destacaron el trabajo que venía realizando la Diniee, el desarrollo conceptual y los sistemas de información, basados en un trabajo cooperativo de larga duración entre técnicos informáticos y analistas. También señalaron la rigurosidad metodológica y la capacidad de cobertura de la dirección del ministerio nacional, que permitía abarcar a toda la red institucional que conforma el sistema educativo en todos los niveles y modalidades.
 
Por otro lado, apuntaron que los trabajadores del área “son expuestos a la obediencia a una orden verbal de modo tal que la máxima autoridad ministerial no aparece ligada a la medida”.
 
“El ministro Esteban Bullrich ordenó una medida que no se plasmó en ninguna resolución, y que pone en riesgo el resguardo de los datos personales de alumnos, docentes y establecimientos del sistema”, advirtió Sandra Carli, profesora de la UBA e investigadora del Conicet, integrante del colectivo Conversaciones necesarias.
 
En diálogo con Página/12, uno de los trabajadores señaló que “el elemento más grave es que hay datos personales de mucha gente, y con eso no sabemos qué va a pasar”. La ley 17.622, de secreto estadístico, obliga a que las informaciones que se suministren a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional deben ser estrictamente secretos y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Por otro lado, la ley 25.326, de protección de datos personales, tiene como objetivo la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre.
 
La inquietud de la comunidad educativa y universitaria se basa, además, en antecedentes del macrismo. Como informó este diario en octubre del 2013, con Esteban Bullrich como titular de Educación en la Ciudad, ocurrió un hecho que fue denunciado por docentes: personas mayores de 18 años que no habían terminado el secundario y que se inscribieron en el plan Adultos 2000 fueron contactadas por instituciones privadas con ofertas pagas para concluir sus estudios a distancia, después de que la ciudad le entregara a la empresa privada Kuepa la plataforma de interacción del programa estatal.