El Consejo de la Magistratura sostiene, desde que se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad, un preocupante historial: jamás sancionó a los jueces denunciados por entorpecer o frenar las causas que investigan la represión. Casos paradigmáticos, como las denuncias contra el ex juez jujeño Carlos Olivera Pastor, el camarista salteño Renato Rabbi Baldi Cabanillas o el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, nunca prosperaron. A esos se suma el asombroso caso del camarista de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, quien integró el Batallón 601 como agente civil de inteligencia, pero la acusación en su contra fue archivada a comienzos de marzo. 
"La impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura", señaló en la semana la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al opinar sobre el proyecto para modificar el organismo. El mecanismo para lograrlo es el no tratamiento o el congelamiento de las denuncias, que luego se diluyen con el tiempo. Si no fueron desestimadas antes, estas denuncias se archivan luego de tres años de permanecer sin tratamiento. 
Desde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, el coordinador Pablo Parenti explicó que no existe en el Consejo "un espacio real para que un juez que comete mal desempeño deba rendir cuentas seriamente". 
Este problema, señaló Parenti, se puede explicar por varias circunstancias. "La lógica corporativa tiene un fuerte impacto, fue fundamental, y después, el Consejo tuvo muy poca actividad por diferentes crisis políticas", sostuvo, y agregó: "De las instituciones vinculadas al ámbito judicial, creo que el Consejo es la que menos cumplió su deber en estos años, por lo menos en lo que se refiere a las causas de lesa humanidad. Si nos guiamos por las sanciones, deberíamos concluir que los juicios nunca tuvieron dificultades." 
Uno de los casos testigo es el del ex juez subrogante Olivera Pastor, designado por la Cámara Federal de Salta en Jujuy. Allí debió hacerse cargo de las causas por delitos cometidos en la última dictadura, entre ellos la represión a trabajadores del Ingenio Ledesma de Carlos Blaquier. Sistemáticamente el ex juez rechazó más del 80% de las indagatorias pedidas por la fiscalía, entre ellas el pedido al poderoso empresario azucarero, y elevó sólo partes de algunas causas, generando un retraso irreparable en la investigación de estos delitos en la provincia. La Cámara de Salta y su titular, Rabbi Baldi Cabanillas, respaldaron la estrategia dilatoria y rechazaron los recursos presentados por la fiscalía y querellas.
El 8 de marzo de 2012, este magistrado debió renunciar a su cargo por la presión popular, luego de una multitudinaria marcha que le reclamaba el avance de las causas que mantenía frenadas. Los mecanismos institucionales para sancionarlo no se pusieron en marcha: no avanzaron las denuncias presentadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo, una de ellas impulsada desde 2010 por el fiscal general Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. En el camino, varios proyectos para desestimar las denuncias tampoco lograron ser aprobados y finalmente, con la renuncia, su caso quedó abstracto. 
Además de respaldar la estrategia de Olivera Pastor, Rabbi Baldi Cabanillas también lo sostuvo en su cargo. El camarista, quien recientemente se apartó de resolver el procesamiento de Blaquier por integrar junto al empresario azucarero la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, también fue denunciado ante el Consejo y ante la justicia penal por intentar beneficiar a su cuñado, el represor Alejandro Marjanov. 
Se trata de un hecho denunciado por el entonces fiscal de Bahía Blanca Abel Córdoba en 2011, cuando se produjo  la detención de Marjanov, quien fuera segundo jefe del Batallón de Comunicaciones en Bahía Blanca y está casado con una hermana de Rabbi Baldi.
Según consta en el expediente, luego de que Marjanov fuera detenido, se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria el registro de su casa en San Salvador de Jujuy. Si bien el operativo debía ser secreto, alguien se lo informó a Rabbi Baldi, quien se comunicó con el encargado del allanamiento para, luego de presentarse como camarista, pedirle que "se lleve a cabo con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana". Al llegar al domicilio, otra de las hermanas de Rabbi Baldi esperaba en la casa y dijo conocer el objetivo del operativo. El camarista habría "llevado a cabo una acción consistente en prestar ayuda a Marjanov para eludir la investigación judicial", señaló Córdoba en su denuncia.
Otro de los jueces seriamente cuestionado y jamás sancionado es el magistrado de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Entre las acusaciones contra el juez figuran las demoras en el avance de los juicios (se iniciaron 100 causas desde 2005, pero recién el 3 de julio de 2012 comenzó el primer debate oral). También se le reprocha haber extraviado un expediente por el secuestro de María Rosa Baronio y Eduardo Luis Reale. 
Al no prosperar la denuncia en el Consejo, el fiscal de San Nicolás Patricio Murray inició una recusación para apartarlo de las causas por delitos de lesa humanidad. El caso llegó a la Corte Suprema. La procuradora Gils Carbó consideró que el juez adoptó "una posición parcial" en contra de estos procesos ya que "a su juicio la decisión de perseguir penalmente en esos casos implicaba la violación de derechos fundamentales de los imputados".
A comienzos de marzo, en una decisión que pasó casi desapercibida, el Consejo archivó la denuncia contra el camarista de Bahía Blanca Néstor Luis Montezanti, quien integró la nómina de agentes civiles del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la última dictadura. "Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, este pasará al plenario para su inmediata consideración", señala la resolución, que reconoce que en todo ese tiempo no trató la causa, y el plenario del Consejo decidió archivar la denuncia sin investigarla.  «
 
 
La oposición salió a juntar firmas contra la reforma judicial
 
 
Referentes de la oposición recorrieron ayer varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires con la finalidad de recolectar firmas de los vecinos para impedir los proyectos de ley de reforma de la Justicia que el Ejecutivo envió al Congreso Nacional. Mientras tanto en Rosario, el líder del FAP y ex candidato a presidente Hermes Binner, llamó en declaraciones radiales a frenar "en la calle y en las urnas" aquello que consideró una "avanzada" del gobierno nacional "contra la Justicia". Bajo los lemas "Lo único que puede frenar la reforma a la Justicia es la sociedad" y "Por una Justicia independiente", los referentes empezaron la recolección de firmas en los barrios de Palermo, Belgrano, Recoleta y Caballito. Desde Avenida Rivadavia hasta Acoyte, en Caballito, Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica-ARI), Sergio Abrevaya (PODES) y Victoria Donda (Libres del Sur) recorrieron el barrio y hablaron con vecinos. 
En Av. Callao y Santa Fe, Recoleta, Federico Pinedo y Paula Bertol (Pro), Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza (Unión por Todos), así como Eduardo Amadeo (Frente Peronista) expusieron su posición.  Allí, Pinedo destacó la "buena recorrida" para concientizar a los vecinos "sobre la colonización judicial". Además  se detalló que todos los días a partir de mañana, desde las 12 hs, se podrá firmar el petitorio en distintos barrios de la Ciudad. También, adelantaron que el martes a las 12 hs se concretará un acto en el Palacio de Tribunales. 
Hermes Binner, en tanto, en declaraciones a la radio LT3 de Rosario, dijo sobre la reforma: "Esto es muy grave para un  país republicano, representativo y federal", y pidió que la gente se movilice para "enfrentar esta trampa con fines espurios".