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Lula da Silva será juzgado por corrupción en Petrobras
Miércoles 21 de
Septiembre 2016
Sérgio Moro ve "suficientes indicios" en las acusaciones que la fiscalía brasileña volcó la semana pasada sobre el expresidente
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se aproxima cada vez más a un juicio por delitos de corrupción y lavado de dinero, cometidos supuestamente en la trama del caso Petrobras. El juez instructor de la causa, Sérgio Moro, considera que la denuncia que la fiscalía presentó la semana pasada en una insólita rueda de prensa televisada que duró más de una hora presenta “indicios suficientes de autoría y materialidad”. En julio, el exmandatario ya fue imputado en esta misma causa acusado de obstruir a la justicia.
Los investigadores, que también inculpan a la esposa de Lula, Maria Leticia, sospechan que el exmandatario aceptó una vivienda de lujo en São Paulo como pago de una de las empresas constructoras que se beneficiaron de la trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras. Esta red cobraba comisiones a cambio de recibir contratos públicos.
La acusación de la fiscalía, conocida la semana pasada, aprecia indicios de delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales relativos. El juez ha entendido que hay suficientes indicios para juzgar al expresidente. Sin embargo, ha hecho una serie de apreciaciones sobre una denuncia que ha sido acaloradamente discutida en Brasil por no ofrecer pruebas suficientes (y, según observadores políticos, por la conveniencia política de acusar a Lula antes de las elecciones presidenciales de 2018). Empieza alegando que "en esta fase del proceso no es necesario un examen exhaustivo de las pruebas, algo que solo es viable tras la instrucción y, especialmente, el ejercicio de la defensa". Aceptar la denuncia, recuerda él, "no es sinónimo de un juicio concluyente". Por último, argumenta que algunos pasajes de la denuncia de la fiscalía -que acusó a Lula de ser "el cabecilla de los casos de Lava Jato"- son "cuestionables" pero que "en esta fase preliminar no se exige conclusión".
Moro también ha matizado la hipótesis de que Lula y su esposa Marisa Letícia, también imputada, sean los dueños del tríplex en Guarujá. "Es posible que la transferencia fuera interrumpida por el ingreso en prisión preventiva del director de OAS, el acusado José Adelmário Pinheiro Filho". No es la única referencia a Marisa Letícia en el documento. El juez afirma que "aunque haya dudas relevantes en cuanto a su involucración en la trama, su participación en los hechos y su contribución para ocultar el propietario real del apartamento es suficiente para jsutificar el recibimiento de la denuncia".
Lula también ha negado haber cometido cualquier delito. Para evitar el juicio, dispone aún de una última y remota posibilidad: que el juez Moro decidiese revocar el proceso, algo que parece muy improbable tras haber aceptado las acusaciones de la fiscalía. Esto, sin embargo, no quiere decir que Lula no pueda presentarse como candidato presidencial en 2018, como ya ha apuntado que le gustaría hacer: aunque Moro le encuentre culpable de alguno de los tres delitos, el expresidente siempre podrá recurrir a la segunda instancia. Si en ella, el Tribunal Superior de Justicia le encontrase culpable, tendría que esperar ocho años para presentarse a un cargo público. En Brasilia, muchos partidarios de Lula observan aquí el motivo de una denuncia armada tan pobremente: creen que es más acusación política que otra cosa.
Esta causa no es la primera abierta en su contra, pues tiene pendiente otra investigación federal en Brasilia por un supuesto delito de obstrucción a la justicia también en el caso Petrobras. En este caso, se analiza si intentó comprar el silencio del ex director de la petrolera Nestro Cervero, uno de los delatores de la Operación Lava Jato. Las autoridades también indagan en la compra de un inmueble en Atibia (en São Paulo) con la ayuda de Odebrecht, otra compañía investigadas.
Dos días después de ser inculpado por la fiscalía de ser el cabecilla de todos los casos que conforman la investigación Lava Jato —la operación que lleva años desgranando desvíos millonarios de dinero público, sobornos y operaciones de lavado de capital entre las élites del país—, Lula se defendió y aseguró que son precisamente esas élites las que quieren acabar con él y, por ende, con la investigación. “Mantengo la creencia que tenía antes: compañeros, tienen que mantenerse atentos porque no podemos permitir que unos pocos acaben con la Constitución de 1988”, dijo lloroso.
“Me he ganado el derecho a caminar con la cabeza erguida. Prueben un solo acto de corrupción mía e iré andando a la comisaría como la gente va a [el centro de peregrinaje católico] Aparecida do Norte para pagar sus pecados”, añadió el expresidente en su comparecencia. Pero lamentó que la rueda de prensa de la fiscalía había sido un circo mediático: “Un país fuerte necesita de instituciones fuertes. Es como una familia: el padre siempre tiene que tener más responsabilidad que el hijo. Por eso quiero que la policía sea responsable”.
Los investigadores, que también inculpan a la esposa de Lula, Maria Leticia, sospechan que el exmandatario aceptó una vivienda de lujo en São Paulo como pago de una de las empresas constructoras que se beneficiaron de la trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras. Esta red cobraba comisiones a cambio de recibir contratos públicos.
La acusación de la fiscalía, conocida la semana pasada, aprecia indicios de delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales relativos. El juez ha entendido que hay suficientes indicios para juzgar al expresidente. Sin embargo, ha hecho una serie de apreciaciones sobre una denuncia que ha sido acaloradamente discutida en Brasil por no ofrecer pruebas suficientes (y, según observadores políticos, por la conveniencia política de acusar a Lula antes de las elecciones presidenciales de 2018). Empieza alegando que "en esta fase del proceso no es necesario un examen exhaustivo de las pruebas, algo que solo es viable tras la instrucción y, especialmente, el ejercicio de la defensa". Aceptar la denuncia, recuerda él, "no es sinónimo de un juicio concluyente". Por último, argumenta que algunos pasajes de la denuncia de la fiscalía -que acusó a Lula de ser "el cabecilla de los casos de Lava Jato"- son "cuestionables" pero que "en esta fase preliminar no se exige conclusión".
Moro también ha matizado la hipótesis de que Lula y su esposa Marisa Letícia, también imputada, sean los dueños del tríplex en Guarujá. "Es posible que la transferencia fuera interrumpida por el ingreso en prisión preventiva del director de OAS, el acusado José Adelmário Pinheiro Filho". No es la única referencia a Marisa Letícia en el documento. El juez afirma que "aunque haya dudas relevantes en cuanto a su involucración en la trama, su participación en los hechos y su contribución para ocultar el propietario real del apartamento es suficiente para jsutificar el recibimiento de la denuncia".
Lula también ha negado haber cometido cualquier delito. Para evitar el juicio, dispone aún de una última y remota posibilidad: que el juez Moro decidiese revocar el proceso, algo que parece muy improbable tras haber aceptado las acusaciones de la fiscalía. Esto, sin embargo, no quiere decir que Lula no pueda presentarse como candidato presidencial en 2018, como ya ha apuntado que le gustaría hacer: aunque Moro le encuentre culpable de alguno de los tres delitos, el expresidente siempre podrá recurrir a la segunda instancia. Si en ella, el Tribunal Superior de Justicia le encontrase culpable, tendría que esperar ocho años para presentarse a un cargo público. En Brasilia, muchos partidarios de Lula observan aquí el motivo de una denuncia armada tan pobremente: creen que es más acusación política que otra cosa.
Esta causa no es la primera abierta en su contra, pues tiene pendiente otra investigación federal en Brasilia por un supuesto delito de obstrucción a la justicia también en el caso Petrobras. En este caso, se analiza si intentó comprar el silencio del ex director de la petrolera Nestro Cervero, uno de los delatores de la Operación Lava Jato. Las autoridades también indagan en la compra de un inmueble en Atibia (en São Paulo) con la ayuda de Odebrecht, otra compañía investigadas.
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