Antes de adentrarnos en el rol de estos “profesionales del derecho”, debemos decir que está profesión, según distintas voces que lo sostienen, es tan antigua como el mundo mismo. Siempre hubo quienes se distinguieron dentro de la sociedad, por defender los derechos de las victimas de la injusticia. 

Estos fueron y son llamados a defender derechos de otros, e invocar ante aquel llamado a resolver el conflicto, los derechos de sus representados.

Nacieron como defensores de las personas, de la sociedad y de los valores como la justicia, la igualdad y la libertad. 

Así que, plasmada esa breve introducción o prefacio, corresponde ahora que comencemos a hablar del rol que se le asigna al profesional del derecho, cuya función resulta fundamental para la democracia y el imperio de la ley en una sociedad.

En ese marco, el profesional del derecho debe tener siempre presente la vital función que la sociedad le confía, que supone la defensa efectiva de los derechos individuales y colectivos cuyo conocimiento y respeto constituye la columna vertebral del propio Estado de Derecho. 

Ahora bien, la tarea confiada no es sencilla, habida cuenta de que el rol encomendado al abogado litigante puede definirse desde dos perspectivas complementarias, que en determinadas circunstancias podrían presentarse como opuestas. 

En efecto, en principio el abogado debe hacer valer los intereses del cliente en el marco del sistema de justicia, pero siempre con los límites que la ley y la deontología profesional fijan. Aquí se manifiesta la dualidad que se menciona, y que atiende a la circunstancia de que el abogado es un servidor de la justicia y un colaborador de la misma como a la par un fiel defensor de los intereses del cliente.

Por ello con total atino, la CCBE`S (Code of Conduct for European Lawyers) establece que la labor del abogado no se circunscribe solo al desempeño fiel de los intereses de sus representados, sino que además de ello, es misión de los mismos servir al mismo tiempo al interés de la Justicia.

Así las cosas, y si bien un gran porcentaje de la sociedad considera que el abogado es esencialmente un defensor de los intereses de sus defendidos, lo cierto es que dicha visión se halla incompleta.

Hay que atender que el abogado también es parte imprescindible de un sistema de justicia. Primeramente, porque el particular –salvo excepciones expresamente consagradas- no puede acceder a la justicia sin la asistencia letrada de un profesional del derecho. 

Luego porque el abogado, facilita la marcha del proceso, identificando las fuentes que servirán de fundamento para la decisión del juzgador.

Ahora bien, el abogado que ejerce fiel y responsablemente su profesión también actúa como defensor del Estado de Derecho.

Tengamos presente que por su formación está especializado en el conocimiento del conjunto de normas que regula la vida en sociedad, y por ello, es un actor clave para fomentar desde el lugar que ocupe (como litigante, asesor, juez, fiscal, periodista, docente, etc.) el respeto por los principios consagrados en la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones del país.

Tiene como deber por su formación de promover la confianza de la sociedad en que la justicia puede alcanzarse bajo el imperio de la ley, pese a la compleja realidad nacional y el descrédito que gozan las instituciones.

Como corolario de ello, al abogado le corresponde ocupar un lugar esencial en el sistema que procura garantizar la convivencia pacífica de la Sociedad, mediante su participación activa en la resolución de controversias.

Finalmente y a modo de síntesis podemos decir que resulta siempre indispensable para el Estado de Derecho que los abogados sean actores comprometidos con la realidad social, y que tengan continuamente presente su deber de lucha por el derecho, pero cardinalmente, por el valor justicia.