Cambiemos buscará recortar facultades a Gils Carbó y su continuidad se resolvería en la Justicia
Martes 18 de
Octubre 2016
El oficialismo firmará este martes el dictamen sobre la nueva Ley del Ministerio Público, que le otorga amplias facultades a la comisión bicameral de control de este órgano, hoy en manos de la massista Graciela Camaño.
Un acuerdo sellado con el Frente Renovador en los últimos días le permitirá a Cambiemos avanzar este martes con la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, con el fin de recortarle poder a la procuradora Alejandra Gils Carbó, cuya continuidad se resolvería finalmente en la Justicia.
En un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialismo firmará el dictamen del proyecto, que le otorga profundas atribuciones a la comisión bicameral encargada de controlar el Ministerio Público, hoy presidida por la jefa del bloque massista, Graciela Camaño.
Así, Cambiemos buscará alzarse el próximo miércoles 26 con la media sanción del proyecto, que fue presentado por el Poder Ejecutivo a principios de abril, pero mutó significativamente a lo largo de estos meses a raíz de los reclamos de la oposición.
El dictamen que firmará el oficialismo –que apoyaría además el bloque Justicialista- establece que el cargo del procurador general dura cinco años –con posibilidad de extenderlo por otros cinco-, pero nada dice acerca de la situación de Gils Carbó, designada durante la gestión kirchnerista.
De este modo, la situación de la jefa de los fiscales quedará librada a la reglamentación del Poder Ejecutivo, o, en última instancia, a la Justicia; en caso de querer removerla, el Congreso deberá iniciar un proceso de juicio político, donde se necesitará mayoría simple en Diputados y calificada en el Senado.
La “actividad partidaria” se agregará como causal de juicio político –dada la vinculación de Gils Carbó con la agrupación Justicia Legítima-, además de la desobediencia a los planteos de la bicameral que hoy comanda Camaño.
Esa comisión deberá además avalar los nombramientos de los fiscales de distrito, así como sus traslados, y revisar las designaciones realizadas en las once direcciones generales que hoy constituyen la estructura de poder de Gils Carbó –según establece una cláusula transitoria del dictamen-.
El Consejo General del Ministerio Público Fiscal, que el Ejecutivo quería empoderar con la ley, quedará integrado apenas por el procurador, tres fiscales generales y tres fiscales, y las funciones principales de control no recaerán allí, sino en la bicameral del Congreso.
En un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialismo firmará el dictamen del proyecto, que le otorga profundas atribuciones a la comisión bicameral encargada de controlar el Ministerio Público, hoy presidida por la jefa del bloque massista, Graciela Camaño.
Así, Cambiemos buscará alzarse el próximo miércoles 26 con la media sanción del proyecto, que fue presentado por el Poder Ejecutivo a principios de abril, pero mutó significativamente a lo largo de estos meses a raíz de los reclamos de la oposición.
El dictamen que firmará el oficialismo –que apoyaría además el bloque Justicialista- establece que el cargo del procurador general dura cinco años –con posibilidad de extenderlo por otros cinco-, pero nada dice acerca de la situación de Gils Carbó, designada durante la gestión kirchnerista.
De este modo, la situación de la jefa de los fiscales quedará librada a la reglamentación del Poder Ejecutivo, o, en última instancia, a la Justicia; en caso de querer removerla, el Congreso deberá iniciar un proceso de juicio político, donde se necesitará mayoría simple en Diputados y calificada en el Senado.
La “actividad partidaria” se agregará como causal de juicio político –dada la vinculación de Gils Carbó con la agrupación Justicia Legítima-, además de la desobediencia a los planteos de la bicameral que hoy comanda Camaño.
Esa comisión deberá además avalar los nombramientos de los fiscales de distrito, así como sus traslados, y revisar las designaciones realizadas en las once direcciones generales que hoy constituyen la estructura de poder de Gils Carbó –según establece una cláusula transitoria del dictamen-.
El Consejo General del Ministerio Público Fiscal, que el Ejecutivo quería empoderar con la ley, quedará integrado apenas por el procurador, tres fiscales generales y tres fiscales, y las funciones principales de control no recaerán allí, sino en la bicameral del Congreso.
Con información de
PARLAMENTARIO
