25 DE ABRIL 2024
Las subrogancias son un agujero sin fondo
Lunes 31 de
Octubre 2016
Según los datos de la Corte Suprema, un cuarto del total de los cargos de la Justicia Nacional y Federal se encuentran vacantes. Sin embargo, el elevado porcentaje no es una situación inédita. En 2007, el Máximo Tribunal advirtió que "aproximadamente el 20 por ciento de los jueces desempeñaba su función de manera provisoria".
Aunque la integración transitoria de los tribunales es una situación de "excepción" para los casos de licencia, vacancia, suspensión o remoción, en los últimos tiempos se ha transformado en regla. Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara y contundente al sostener que “la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial”.
El caso del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, es un fiel ejemplo de los problemas que acarrean las vacantes prolongadas. Desde el fallecimiento de su titular en 2013, la dependencia ha cambiado de juez en cuatro ocasiones, entre los que se destaca José Charlín, quien fue apartado de dicho cargo debido a una serie de denuncias efectuadas por presuntos malos tratos y acoso laboral.
Recientemente, la Corte Suprema expresó su "preocupación" debido a la cantidad de vacantes existentes tanto en primera como en segunda instancia. Los ministros solicitaron al Consejo de la Magistratura que “se arbitren las medidas necesarias para dar mayor celeridad a los procesos de selección de magistrados y, además, se proceda a la conformación de las listas de conjueces”.
Al respecto, la consejera en representación de los abogados de la matrícula federal, Adriana Donato, explicó que “en ciertos fueros como, por ejemplo, el de familia”, resulta “casi imposible subrogar a los jueces que hay”; mientras que el diputado nacional Gustavo Valdés destacó que “desde el llamado a concurso hasta el envío de las ternas al Ejecutivo, se tarda aproximadamente un año y medio”.
“Hay algunos concursos donde se presentan más de 100 postulantes y a todos se les deben tomar los exámenes de oposición, analizar el legajo y ponerle puntos. Es engorroso”, sostuvo el legislador.
Los intentos fallidos del Congreso
Durante la última década, el Congreso buscó diversas soluciones a la situación de los magistrados subrogantes. En 2004, la ley 25.876 incorporó, como inciso 15 al artículo 7 en la ley 24.937, la facultad del Consejo de la Magistratura de dictar los “reglamentos que establezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión de su titular y transitorios en los casos de vacancia para los tribunales inferiores”.
En consecuencia, el Consejo aprobó el denominado "Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación", el cual fue objeto de números planteos judiciales que derivaron en la declaración inconstitucionalidad en la causa “Rosza”, ya que el procedimiento “no contemplaba la participación de los tres Poderes”.
Luego de varios intentos legislativos, el Congreso sancionó la ley 27.145, la cual reformó sustancialmente el sistema de designación de subrogantes y derogó a sus antecedentes. Ante las críticas y nuevos planteos judiciales, el Máximo Tribunal puso fin a la discusión con el dictado del fallo “Uriarte”, mediante el cual declaró la inconstitucionalidad del régimen.
Por unanimidad, los ministros declararon la invalidez del nombramiento de todos los subrogantes cuyo procedimiento de designación “no se haya ajustado a las pautas fijadas en la sentencia” y así fijaron un régimen transitorio de designación hasta tanto el Congreso sancione una nueva ley que se ajuste a los estándares constitucionales.
Una nueva Ley de Subrogancias
En este marco, el Poder Ejecutivo ingresó recientemente al Congreso un proyecto de ley para regular el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial. Puntualmente, la propuesta impulsada por el Gobierno nacional determina que “el rol del Consejo de la Magistratura consiste en promover la selección de magistrados para que el Poder Ejecutivo cubra las vacantes existentes, con acuerdo del Senado”.
De esta forma, el proyecto establece “la facultad del Consejo de confeccionar las listas de conjueces, para que posteriormente el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Cuerpo Parlamentario, proceda a su selección conforme la Constitución Nacional”.
“Es fundamental y prioridad de este Gobierno que salga una buena ley de subrogancias y, al mismo tiempo, lograr los consensos para cubrir las vacantes que hoy están concursadas”, afirmó Juan Bautista Mahiques, consejero y subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación. Y agregó: “Eso ayuda a garantizar la tan preciada independencia judicial”.
En tanto, Gustavo Valdés consideró que hay “dificultades en la Cámara de Diputados", ya que "lleva su tiempo y se necesita consenso”, y aclaró: “Estamos ante un problema complejo, pero esperamos encontrar el camino legal y legislativo”.
Sin embargo, no todos los consejeros ven con buenos ojos la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. “Me parece extremadamente corporativa, ya que le da muy pocas posibilidades de subrogar a los abogados”, opinó el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Tailhade.
En este sentido, el legislador consideró que “la prelación tiene que ser, por un lado, los jueces con acuerdo del Senado que no están en funciones porque no está habilitado el juzgado o tribunal para el que fueron designados. Y en segundo lugar, se tiene que recurrir a abogados de la matrícula, que cumplan con ciertos requisitos", y concluyó: "Los abogados le pueden aportar oxígeno y renovación a la Justicia”.
Con los días contados
Tras la declaración de la inconstitucionalidad de la ley 27.145, el Plenario resolvió la designación de distintos funcionarios y abogados como magistrados subrogantes hasta el próximo 30 de noviembre. Al respecto, Valdés consideró que hay "gran preocupación”, dada la proximidad de la finalización del plazo establecido y habida cuenta que en la mayoría de los casos aún persiste la situación de vacancia.
En las últimas semanas, los consejeros concretaron diferentes reuniones para avanzar en la cuestión. “Estamos trabajando para armar la lista de conjueces y así poder cumplir con lo que la Corte Suprema nos está ordenando. La lista se enviará al Ejecutivo, para luego pasar al Senado, ya que el fallo ‘Uriarte’ establece que deben participar los tres poderes”, explicó Donato y añadió: "Pretendemos que todos aquellos que hayan concursado y hayan aprobado el examen, ya sean abogados o secretarios, participen en la mayor paridad posible en ese listado”.
Por su parte, la Comisión de Selección resolvió recientemente la acumulación de vacantes a concursos en trámite, a fin de “acelerar las ternas”. A su vez, el consejero-juez Leónidas Moldes impulsa otro proyecto para la "elaboración de listas de conjueces mediante un mecanismo de selección a través de parámetros objetivos utilizando al efecto la de aquellos postulantes que en la actualidad se encuentren concursando e integren el orden de mérito provisorio con el mínimo de puntaje reglamentario previsto".
El caso del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, es un fiel ejemplo de los problemas que acarrean las vacantes prolongadas. Desde el fallecimiento de su titular en 2013, la dependencia ha cambiado de juez en cuatro ocasiones, entre los que se destaca José Charlín, quien fue apartado de dicho cargo debido a una serie de denuncias efectuadas por presuntos malos tratos y acoso laboral.
Recientemente, la Corte Suprema expresó su "preocupación" debido a la cantidad de vacantes existentes tanto en primera como en segunda instancia. Los ministros solicitaron al Consejo de la Magistratura que “se arbitren las medidas necesarias para dar mayor celeridad a los procesos de selección de magistrados y, además, se proceda a la conformación de las listas de conjueces”.
Al respecto, la consejera en representación de los abogados de la matrícula federal, Adriana Donato, explicó que “en ciertos fueros como, por ejemplo, el de familia”, resulta “casi imposible subrogar a los jueces que hay”; mientras que el diputado nacional Gustavo Valdés destacó que “desde el llamado a concurso hasta el envío de las ternas al Ejecutivo, se tarda aproximadamente un año y medio”.
“Hay algunos concursos donde se presentan más de 100 postulantes y a todos se les deben tomar los exámenes de oposición, analizar el legajo y ponerle puntos. Es engorroso”, sostuvo el legislador.
Los intentos fallidos del Congreso
Durante la última década, el Congreso buscó diversas soluciones a la situación de los magistrados subrogantes. En 2004, la ley 25.876 incorporó, como inciso 15 al artículo 7 en la ley 24.937, la facultad del Consejo de la Magistratura de dictar los “reglamentos que establezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión de su titular y transitorios en los casos de vacancia para los tribunales inferiores”.
En consecuencia, el Consejo aprobó el denominado "Reglamento de Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación", el cual fue objeto de números planteos judiciales que derivaron en la declaración inconstitucionalidad en la causa “Rosza”, ya que el procedimiento “no contemplaba la participación de los tres Poderes”.
Luego de varios intentos legislativos, el Congreso sancionó la ley 27.145, la cual reformó sustancialmente el sistema de designación de subrogantes y derogó a sus antecedentes. Ante las críticas y nuevos planteos judiciales, el Máximo Tribunal puso fin a la discusión con el dictado del fallo “Uriarte”, mediante el cual declaró la inconstitucionalidad del régimen.
Por unanimidad, los ministros declararon la invalidez del nombramiento de todos los subrogantes cuyo procedimiento de designación “no se haya ajustado a las pautas fijadas en la sentencia” y así fijaron un régimen transitorio de designación hasta tanto el Congreso sancione una nueva ley que se ajuste a los estándares constitucionales.
Una nueva Ley de Subrogancias
En este marco, el Poder Ejecutivo ingresó recientemente al Congreso un proyecto de ley para regular el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial. Puntualmente, la propuesta impulsada por el Gobierno nacional determina que “el rol del Consejo de la Magistratura consiste en promover la selección de magistrados para que el Poder Ejecutivo cubra las vacantes existentes, con acuerdo del Senado”.
De esta forma, el proyecto establece “la facultad del Consejo de confeccionar las listas de conjueces, para que posteriormente el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Cuerpo Parlamentario, proceda a su selección conforme la Constitución Nacional”.
“Es fundamental y prioridad de este Gobierno que salga una buena ley de subrogancias y, al mismo tiempo, lograr los consensos para cubrir las vacantes que hoy están concursadas”, afirmó Juan Bautista Mahiques, consejero y subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación. Y agregó: “Eso ayuda a garantizar la tan preciada independencia judicial”.
En tanto, Gustavo Valdés consideró que hay “dificultades en la Cámara de Diputados", ya que "lleva su tiempo y se necesita consenso”, y aclaró: “Estamos ante un problema complejo, pero esperamos encontrar el camino legal y legislativo”.
Sin embargo, no todos los consejeros ven con buenos ojos la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. “Me parece extremadamente corporativa, ya que le da muy pocas posibilidades de subrogar a los abogados”, opinó el diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Tailhade.
En este sentido, el legislador consideró que “la prelación tiene que ser, por un lado, los jueces con acuerdo del Senado que no están en funciones porque no está habilitado el juzgado o tribunal para el que fueron designados. Y en segundo lugar, se tiene que recurrir a abogados de la matrícula, que cumplan con ciertos requisitos", y concluyó: "Los abogados le pueden aportar oxígeno y renovación a la Justicia”.
Con los días contados
Tras la declaración de la inconstitucionalidad de la ley 27.145, el Plenario resolvió la designación de distintos funcionarios y abogados como magistrados subrogantes hasta el próximo 30 de noviembre. Al respecto, Valdés consideró que hay "gran preocupación”, dada la proximidad de la finalización del plazo establecido y habida cuenta que en la mayoría de los casos aún persiste la situación de vacancia.
En las últimas semanas, los consejeros concretaron diferentes reuniones para avanzar en la cuestión. “Estamos trabajando para armar la lista de conjueces y así poder cumplir con lo que la Corte Suprema nos está ordenando. La lista se enviará al Ejecutivo, para luego pasar al Senado, ya que el fallo ‘Uriarte’ establece que deben participar los tres poderes”, explicó Donato y añadió: "Pretendemos que todos aquellos que hayan concursado y hayan aprobado el examen, ya sean abogados o secretarios, participen en la mayor paridad posible en ese listado”.
Por su parte, la Comisión de Selección resolvió recientemente la acumulación de vacantes a concursos en trámite, a fin de “acelerar las ternas”. A su vez, el consejero-juez Leónidas Moldes impulsa otro proyecto para la "elaboración de listas de conjueces mediante un mecanismo de selección a través de parámetros objetivos utilizando al efecto la de aquellos postulantes que en la actualidad se encuentren concursando e integren el orden de mérito provisorio con el mínimo de puntaje reglamentario previsto".
Con información de
DIARIO JUDICIAL
