Mientras el equipo de abogados de Henrique Capriles presentaba este jueves ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, un recurso de impugnación de las elecciones presidenciales del 14 de abril, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viajó hasta la cercana ciudad de Los Teques, capital del Estado de Miranda —del que Capriles es gobernador—, para amenazar a su rival: “La revolución viene a Miranda a proteger al pueblo, porque está abandonado, lamentablemente, pero por ahora, eso no será para siempre”. En esa simultaneidad quedan patentes las estrategias de ambos bandos en la nueva fase en la que, desde los comicios, ha entrado la guerra de posiciones que desde hace 14 años libran chavismo y oposición.

 
Los opositores buscan atrincherarse en el frente legal y administrativo que, aunque escabroso —el oficialismo controla todos los poderes del Estado, incluido el judicial—, permite llegar hasta instancias judiciales internacionales. “Aunque sepamos cuál es la realidad”, dijo Capriles el miércoles al anunciar que acudiría al TSJ, “nosotros vamos a agotar toda la institucionalidad, todas las instancias internas”.

 
Por su parte, el Gobierno de Maduro sigue mostrando señuelos para sacar de esa trinchera a los opositores y enfrascarlos en una batalla campal que convierta el resultado de las elecciones —cuestionado por la oposición, que se niega a reconocerlo— en un dato apenas relevante.

 
A punto de cumplir dos semanas en el poder, el presidente se trasladó en un vagón de metro a Los Teques, baluarte político y electoral del gobernador Capriles. Se trataba de una jornada del denominado “gobierno de calle” que Maduro intenta implantar, mediante una serie de reuniones de su Gabinete ministerial de tipo itinerante por el país. En la capital de Miranda no solo criticó la gestión de Capriles, sino que pareció preparar el terreno para una inminente intervención estatal de la policía local, que, dijo, “está en manos de una mafia” y de bandas de secuestradores que acosan a los habitantes del área metropolitana de Caracas. “Ahora le toca al pueblo y al Estado decir si está de acuerdo o no”, aseguró, “vamos a revisar todo eso”.
 

Maduro ya había nombrado meses atrás a Elías Jaua, actual ministro de Exteriores Canciller y excandidato a la gobernación de Miranda —donde fue derrotado en diciembre en las urnas por Capriles— “Protector del Estado”, un cargo simbólico que no figura en ninguna normativa pero que le permite utilizar un andamiaje de gobierno paralelo para su próxima candidatura en el Estado.
 

Jaua, que acompañó a Maduro en su recorrido por barrios populares de Los Teques, ha sido el encargado en los últimos días de desechar las distintas ofertas de mediación o llamadas al diálogo entre las partes surgidos desde la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ministerio de Exteriores español, o de la Conferencia Episcopal, esta última, haciéndose eco de la preocupación explícita del papa Francisco en torno a la situación venezolana.
 

El Gobierno está buscando desquiciar a la oposición, aun a costa de socavar un activo que el propio comandante Hugo Chávez —el valedor póstumo de Maduro— cuidó con celo: el aspecto democrático de su régimen. El ataque a los congresistas disidentes del pasado martes sería parte de este intento. También la radicalización expresada a través de la detención de dirigentes estudiantiles y de un líder opositor, el general retirado Antonio Rivero, exfuncionario de la Administración de Chávez.
 

La escalada puede alcanzar su cima si se concretan las amenazas de procesar a Capriles como presunto responsable de los desórdenes registrados en todo el país hace dos semanas, cuando el candidato opositor se negó a reconocer los resultados electorales. De acuerdo con los datos oficiales, los disturbios causaron 9 muertos y 78 heridos.
 

El Gobierno ha vetado en las cadenas públicas la cobertura en vivo de una rueda de prensa del gobernador del Estado de Lara y jefe del comando de Capriles, Henri Falcón, así como la presentación del documento de impugnación de las elecciones ante el Supremo. Maduro sostiene que está siendo objeto de censura e “invisibilización” por parte de los medios privados. Mientras tanto, el único canal que ha cubierto actos de la oposición, Globovisión, se halla inmerso en un proceso de cambio de propiedad.