SANTA FE | CIUDAD
Imputaron a la banda que planeó un raid delictivo por Santa Fe
Martes 15 de
Noviembre 2016
A menos de una semana de haber sido desbaratados, los seis hombres acusados de formar parte de una banda delictiva que tenía planificado cometer un golpe comando en distintas localidades de la provincia, fueron imputados ayer por los fiscales Omar De Pedro y Lucila Nuzzo.
Los funcionarios le atribuyeron haber formado parte, desde hace dos años aproximadamente, de una organización criminal que se dedicaba a cometer asaltos en casas de personas mayores y locales comerciales.
La atribución fue la de "asociación ilícita en carácter de organización" para cinco de los acusados, ya que uno fue exceptuado de su carácter de "organizador". El próximo viernes, a primera hora, será la audiencia de prisión preventiva donde los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, acompañados por miembros de la PDI, expondrán una serie de escuchas telefónicas que vinculan a los acusados con el plan delictivo que tenían pensado cometer y además con el asalto que arrasó el pueblo de Bernardo de Irigoyen en marzo de este año.
Custodiados
La audiencia imputativa tuvo lugar en la Sala II del subsuelo de tribunales, lugar en el cual los acusados llegaron bajo una custodia especial montada por el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciario. Allí fueron indagados por sus datos personales por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Eduardo Pocoví.
Los mismos fueron identificados como: Richard Alexander R. (45) –uruguayo nacionalizado argentino–, con domicilio en la localidad de Hughes, en el sur de la provincia; Omar Eduardo F. (55), oriundo de Los Polvorines, en Buenos Aires; Leandro Ramón R. (45), de José León Suárez, del partido de San Martín en el Gran Buenos Aires; Héctor Osvaldo Budiño (50), con domicilio en Santa Fe; Miguel Ángel M. (52), con residencia en Venado Tuerto; y Cristian Omar O. (42), oriundo de la ciudad de Coronda, en el departamento San Jerónimo. Este último fue aprehendido el pasado domingo en la Costanera santafesina por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y fue el último en caer.
Planeaban hacer de todo
El fiscal De Pedro le atribuyó a los sujetos –la mayoría con frondosos prontuarios policiales y carcelarios– haber planificado una serie de robos en la provincia y también en Córdoba. Dichos atracos tenían como objetivo la ciudad de Pergamino, en una vivienda donde hay dos cajas fuertes; otro en Coronda –sobre una vivienda de España al 1800–; tres casas en la ciudad de Gálvez; una en Gobernador Crespo, y como punto final del raid pensaban emigrar a la ciudad de Córdoba para asaltar una joyería.
Según De Pedro, para garantizar sus entraderas violentas, utilizaban varios elementos de distintos usos, como veneno para matar mascotas, disfraces, gas pimienta y precintos para atar a sus víctimas, entre otros.
No obstante ello, utilizaban armas de fuego para amedrentar.
Con pruebas de sobra
"Entendemos que con los elementos que tenemos, sobran las pruebas para demostrar que venían a Santa Fe a un raid delictivo", dijo el fiscal De Pedro tras culminar la audiencia. "Concretamente es una banda –a través de las escuchas– que hacen lo que les pinte y se mueven armados", explicó. A su vez, el funcionario indicó que sin lugar a dudas los involucrados tendrían conexión con delitos federales.
"Estas son personas que vivían de eso, la mayoría tiene condenas previas. Nosotros entendemos que la conexión es que algunos han estado compartiendo espacios en las cárceles, al menos en Coronda, y sin lugar a dudas de ahí quedaron los contactos, para que de ahí en adelante realicen este tipo de actividades", señaló De Pedro.
En relación a la conexión que tuvieron en la provincia para efectuar los violentos atracos, el fiscal advirtió que existe la posibilidad de que haya más personas involucradas con la banda. "En este momento son estas, pero hay otras personas que están siendo investigadas", anticipó.
Difícil de determinar
A través de la investigación realizada, se estableció que los miembros de la banda no tenían un rol preciso en cada robo. "En algún momento uno aporta un auto, otro aporta un dinero y otro información", concluyó el fiscal.
Pidió la nulidad del inicio de la investigación
Los abogados de cinco imputados, Raúl Berisso y Melisa Arolfo, plantearon –luego de que sus defendidos sean imputados– la nulidad del inicio de la investigación. El planteo surgió luego de que la Justicia intervenga uno de los teléfonos celulares que tuvieron rebote en las antenas telefónicas de la zona de la Comuna de Barrancas. Aquel teléfono celular era el de Y.G., quien era la pareja de Carlos Entivero, quien copó y asaltó el pueblo de Bernardo de Irigoyen el pasado 4 de marzo y falleció tras el atraco, luego de tirotearse en la ruta 11 con efectivos de la URXV de Coronda. Para la defensa, aquel procedimiento realizado por los agentes de la Policía de Investigaciones fue inconstitucional.
A pesar del pedido de los defensores, el juez Pocoví no hizo lugar ya que calificó que no hubo perjuicio concreto y además consideró que todo se dio en el marco de un proceso penal.
Por su parte, Berisso criticó la calificación jurídica que eligió la Fiscalía para imputar a los acusados. "Todos los imputados son organizadores, es como si fuera un panal de abejas donde todos son reinas o reyes", chicaneó el letrado en la audiencia.
No obstante ello, pidió al magistrado que sus defendidos no sean alojados en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda previo a la audiencia de prisión preventiva, para que puedan tener un mejor contacto con sus familiares. Ese pedido fue tomado en cuenta por el juez Pocoví, pero este le aclaró a Berisso que el alojamiento le corresponde a los funcionarios de la Oficina de Gestión Judicial y por ende al área de Trámites y Libertades, que analiza qué lugar es el correspondiente para cada persona que atraviesa un proceso judicial de tales características.
Cabe señalar que Berisso y Arolfo asumieron la defensa de los cinco imputados en el caso y solo uno, Cristian Omar O., el último en ser arrestado, es representado por la Defensa Pública, a cargo de Lisandro Aguirre, el cual no solicitó que se declare la nulidad del inicio de la investigación tal como lo habían realizado sus pares.
Con información de
UNO
