El cordobés Rubén Galassi, virtual gobernador a cargo de la provincia, (ante el viaje de Antonio Bonfatti a China) ofuscado, utilizó la red social Twitter para retar y cuestionar la carta que le enviaran en los últimos días los fiscales federales de Rosario al ministro de Seguridad de la Provincia donde pusieron en evidencia las falencias que sufre la policía provincial en la lucha contra el narcotráfico.
 
Galassi escribió textualmente en su cuenta de Twitter: “Fiscales federales reclaman a Lamberto en un escrito. Si fuera al revés a Lamberto no le alcanza con un libro. Fiscales trabajen, no militen”.
 
La misiva que puso de mal humor al Ministro de Gobierno dice entre otras cosas: “Hay sólo doce hombres en la brigada Rosario con sólo cinco autos, que muchas veces aportan las cámaras con que realizan las tareas de inteligencia”.
 
Los firmantes son el fiscal de Cámara Claudio Palacín, y los fiscales de instrucción Juan Patricio Murray, Federico Reynares Solari, Mario Gambacorta y Marcelo Degiovanni.
 
Otro de los párrafos de la carta expresa: “La crisis que en materia de seguridad que vive la provincia y que ha motivado la declaración de la emergencia al respecto, merecía y merece de parte del señor Ministro prestar atención a quienes suscriben que, como miembros del Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal, encargados del impulso y sostenimiento de la acción penal y a cargo de las investigaciones en materia de narcotráfico, tenemos cuestionamientos que realizar que deberían ser atendidos”.
 
“La insuficiencia de los recursos humanos y materiales de los que adolecen las Brigadas Operativas de Drogas que dependen de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía de Santa Fe hace que atiendan la problemática de un millón y medio de habitantes, con una complejidad y conflictividad social que se ve reflejada en hechos de violencia cada vez más cruentos y cotidianos, que resultan consecuencia de la puja por el territorio de las diversas bandas de narcotraficantes afincados en la zona”.
 
Los firmantes de la nota manifiestan que “en los expedientes en trámite está documentado que muchos de los materiales que los policías utilizan (máquinas de fotos, filmadoras o autos) son de uso particular y de propiedad de los mismos”.
 
Otro tema que mencionan los fiscales es “la instalación por parte del Ministerio de Seguridad de una política de demolición de lugares donde se expenden estupefacientes sin realizar investigación previa alguna para proceder a identificar y documentar correctamente dicha actividad y detener a los responsables de la misma. Se ha llegado al extremo de demoler esos sitios cuando había pedidos de órdenes de allanamiento que estaban por ser libradas por jueces federales, siendo que esos pedidos habían sido hechos por la Sección Inteligencia Sur de la ex Drogas Peligrosas que depende del Ministerio”.
 
También dicen que “se ha llegado a allanar sin orden y por la fuerza un lugar de expendio de drogas rompiendo la puerta con la problable nulidad que se puede llegar a plantear sobre tal modo de proceder”.
 
En otra parte del documento, los fiscales expresan su preocupación por “una cantidad cada vez mayor de procedimientos realizados por diversas dependencias de la policía de Santa Fe con órdenes de allanamiento libradas por los jueces de Instrucción de Rosario en los que se procede contra domicilios donde se expenden estupefacientes y se secuestran drogas, frustrando en algunos casos investigaciones que se realizan en sede federal, abarcativas de otros sitios y personas vinculadas con aquél y que de ese modo impiden llegar hasta estamentos más elevados en la cadena del narcotráfico”.
 
Finalmente, tras destacar que la postura del Ministerio Público Fiscal de la Nación es “receptiva al intercambio de opiniones y a la suma de esfuerzos que permitan encarar con eficacia la investigación y el juzgamiento de los principales responsables del narcotráfico en la provincia”, y que por ello se han reunido con la intendenta de Rosario, con miembros del gabinete municipal, concejales, legisladores provinciales, con la ministra de Seguridad de la Nación, con el Procurador General ante la Corte Suprema de la provincia y hasta con funcionarios del Ministerio de Seguridad santafesino “para tratar temas puntuales”, entienden que “la magnitud y complejidad de la temática a abordar requiere un análisis integral con la máxima autoridad en la materia en nuestra provincia”.