En esto mismo ha insistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha explicado tras el Consejo de Ministros que la ley tenía "observaciones" pendientes y por eso no se ha visto hoy. "No elevamos al Consejo de Ministros ninguna ley que tenga observaciones sin resolver, pero será aprobada este mes de mayo igual que la ley de emprendedores", seguramente, la semana que viene, ha dicho. "No he escuchado ningún argumento que justifique mantener un sistema educativo que no funciona". El Gobierno trabajará para encontrar acuerdos, aunque sean parciales, en el Congreso, pero no va a reunicar en ningún caso al cambio legislativo.
 
El hecho es que el reciente dictamen del Consejo de Estado puso en duda numerosos puntos de la ley, sobre la existencia de una asignatura alternativa a la de Religión, sobre el reparto de competencias entre Gobierno y comunidades a la hora de confeccionar los contenidos escolares o la obligación de que en Cataluña si ofrezcan en la escuela clases en castellano a quienes lo pidan, si es necesario, pagando un colegio privado. Sobre este último punto, la vicepresidenta ha asegurado que la ley no renunciará a garantizar "que los padres puedan elegir", aunque no ha aclarado si se mantendrá esa obligación de la Administración de pagar un centro privado si fuera necesario. Ha hablado de "los mecanismos  pertinentes" para que se cumplan las sentencias de Tribunal Constitucional. "Queremos trabajar dentro de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional: un sistema que garantice la libertad para elegir porque de lo que se trata es que la lengua sea un instrumento al servicio de las personas", ha añadido.
 
El dictamen del Consejo de Estado también alertaba sobre la falta de consistencia de la memoria económica de la ley. De hecho, los propios ejecutivos autónomos de las comunidades gobernadas por el PP se han quejado de lo mismo, ahogadas como están por la crisis económica. El consejero de Educación de Galicia, Jesús Vázquez, ha celebrado hoy el "rigor" del Gobierno al aplazar la aprobación del proyecto de la reforma. El responsable de esta cartera en la Xunta ha dicho a Efe esta mañana que esta postura es la apropiada, esperar hasta que "estén cerrados todos los detalles técnicos", especialmente los de la memoria económica, porque "de este modo se demuestra la intención de lograr un texto que dé respuesta a las carencias del sistema educativo", informa Efe.
 
La Lomce será la séptima ley educativa de la historia de la democracia y que no haya consenso divide a la clase política que pide más tiempo de reflexión. Pero la vicepresidenta ha calificado esta nueva norma de “importante”. “imprescindible”, “urgente” por el “fracaso del sistema vigente”. Y ha puesto varios ejemplos, como el altísimo fracaso escolar, a tasa de abandono temprano (24,9%) y la de paro entre los jóvenes (56%). El 24,9 % de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años no cursaban ningún tipo de ciclo educativo ni de formación en 2012, situando a España a la cabeza de la Unión Europea el abandono con un 18%, mientras la media europea es del 12,8%, según los datos de Eurostat.

 
"Una ley sin consenso"
 

Por su parte, la consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau, se ha felicitado por el retraso de la aprobación de la reforma por parte del Gobierno, especialmente después de las multitudinarias manifestaciones de ayer. “Ha habido una respuesta mayoritaria de rechazo. Si la mañana siguiente se hubiera aprobado el texto, hubiera sido demasiado evidente que no ha habido diálogo”, ha dicho. La consejera ha vuelto a reiterar su petición de que la reforma educativa se aparque y reiniciar un nuevo proceso de diálogo porque “una ley sin consenso tendrá un corto recorrido”, ha augurado Rigau, quien ha negado que tenga programada ninguna reunión con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para buscar este consenso.
 
Sobre el diálogo y la búsqueda de acuerdos, la vicepresidenta ha querido dejar claro el esfuerzo de llegar a un consenso con los partidos políticos, sindicatos y distintas asociaciones relacionadas con la educación.“Es una ley que ha sido discutida con muchas instituciones y se han hecho informes. Sólo hay que ver de la página 37 a la 45 del documento. Colegios, sindicatos, profesionales han podido ayudar. Porque es un proyecto fundamental. Los españoles tienen derecho a recibir una educación de calidad que dé las mismas oportunidades a todos”.
 
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, convocante de las protestas de ayer, niega que ese diálogo y ese intento de consenso haya sido real Antes de la manifestación de ayer en Madrid, Carlos López Cortiñas, de FETE-UGT, se lamentó: “En las reuniones que hemos tenido no han cogido ni un apunte, ni nos han pasado luego algún documento, no conoce el consenso”.
 
Esta mañana el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reclamado que se retire "una ley contra todo y contra todos".