El fallo se enmarca en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. También procesó a los ex funcionarios Julio De Vido y José López y el empresario Lázaro Báez.

Según detalla el escrito, a la ex presidente se la acusa por haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".

Por su parte, a Julio de Vido se lo involucra "en su carácter de ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015" por haber "perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas, en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, puntualmente, en la asistencia al Presidente de la Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública, tendiente a un equilibrado desarrollo geográfico regional que consolide el federalismo".

Asimismo, explica que "habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se ncontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo, función que le era inherente en razón de sus competencias funcionales".

"José Francisco López, en su carácter de secretario de Obras Públicas, entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la DNV, organismo descentralizado del ámbito de su competencia", completa el fallo.

Contra Lázaro Báez, Ercolini le endilga que " entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría realizado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en

aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, quienes le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia".

También aparecen alcanzados por la medida Nelson Guillermo Periotti, ex administrador general de la DNV, Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, dependiente de José López; Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi; José Raúl Santibáñez, ex presidente de la AGVP de Santa Cruz; Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes de distrito (Santa Cruz) de la DNV.

En la descripción del "entramado delictivo", Ercolini pone como punto de partida la "conversión formal de Báez en empresario de la construcción para luego ser insertado  en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura del Estado". Y argumenta: " A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A".

Asimismo, menciona como una pata fundamental que Néstor Kirchner haya montado "montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos". Esto, resalta el magistrado, "fue mantenida por Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007".