Trump subió la apuesta: Estados Unidos "necesita fronteras fuertes y un control extremo"
Domingo 29 de
Enero 2017
El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este domingo la política inmigratoria de europea, con lo cual ratificó la restricción que decretó para el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, una medida que frenó parcialmente la Justicia federal.
Una vez más, apelando a las redes sociales, Trump ratificó su decreto que el viernes pasado ordenó suspender el ingreso de ciudadanos y refugiados de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán, hasta que se establezcan nuevos mecanismos de control.
"Nuestro país necesita fuertes fronteras y control extremo, ahora. ¡Miren lo que está pasando en toda Europa y, de hecho, en el mundo, es un lío horrible!" disparó el mandatario en su cuenta personal de Twitter, en un abierto desafío a la comunidad internacional, que condenó masivamente la medida, pero también a la propia Justicia norteamericana.
A última hora del sábado, y en medio de la lluvia de críticas y protestas espontáneas provocadas por el decreto, una jueza federal bloqueó parcialmente la medida al permitir el ingreso de quienes ya hayan llegado a ese país.
La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, en Nueva York, dictaminó anoche que los refugiados u otras personas afectadas por la medida que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países.
En un dictamen de emergencia, la magistrada respondió así a una demanda interpuesta por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra el decreto firmado por Trump este viernes, cuya constitucionalidad puso en duda.
La ACLU, una de las organizaciones defensoras de los derechos civiles más importantes del país, presentó la demanda después de que dos ciudadanos iraquíes con visas especiales para entrar en Estados Unidos fueran retenidos en el aeropuerto JFK de Nueva York.
Según ACLU, entre 100 y 200 personas han sido detenidas a su llegada a aeropuertos estadounidenses desde que Trump firmara el decreto este viernes, una semana después de su investidura, aunque no hay cifras oficiales que confirmen esa información.
La jueza concluyó que ejecutar el decreto presidencial y enviar a esas personas a su países podría causar un "daño irreparable", informaron medios locales citados por la agencia española de noticias Efe.
Pese a esta definición, Donnelly no declaró que los afectados puedan permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida y fijó una audiencia para el 21 de febrero próximo para volver a abordar el caso.
El viernes pasado, Trump firmó el polémico decreto con el declarado propósito de combatir a los grupos radicales islamistas, pese a que dejó afuera a muchos países con comprobados vínculos con esas milicias como Arabia Saudita y Paquistán, dos aliados de Washington en Medio Oriente y Asia Central.
El decreto suspendió tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con presunto "historial terrorista" -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de control.
La entrada en vigencia de la medida provocó caos e indignación, mientras numerosos viajeros veían bloqueado ya su acceso a territorio estadounidense y se desataban protestas en los aeropuertos de Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington y otras ciudades de Estados Unidos.
Además grandes empresas como Google anunciaron que la medida afectaría a cientos de sus empleados y otras compañías como Airbnb ofrecieron ayuda directa a los refugiados que lleguen al país.
Pese a las críticas de la comunidad internacional, Trump había anticipado el sábado que su gobierno está "completamente preparado" para aplicar la medida, que afecta a más de cien millones de personas en el mundo, una posición que nuevamente ratificó hoy a través de las redes sociales.
"Nuestro país necesita fuertes fronteras y control extremo, ahora. ¡Miren lo que está pasando en toda Europa y, de hecho, en el mundo, es un lío horrible!" disparó el mandatario en su cuenta personal de Twitter, en un abierto desafío a la comunidad internacional, que condenó masivamente la medida, pero también a la propia Justicia norteamericana.
A última hora del sábado, y en medio de la lluvia de críticas y protestas espontáneas provocadas por el decreto, una jueza federal bloqueó parcialmente la medida al permitir el ingreso de quienes ya hayan llegado a ese país.
La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, en Nueva York, dictaminó anoche que los refugiados u otras personas afectadas por la medida que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países.
En un dictamen de emergencia, la magistrada respondió así a una demanda interpuesta por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra el decreto firmado por Trump este viernes, cuya constitucionalidad puso en duda.
La ACLU, una de las organizaciones defensoras de los derechos civiles más importantes del país, presentó la demanda después de que dos ciudadanos iraquíes con visas especiales para entrar en Estados Unidos fueran retenidos en el aeropuerto JFK de Nueva York.
Según ACLU, entre 100 y 200 personas han sido detenidas a su llegada a aeropuertos estadounidenses desde que Trump firmara el decreto este viernes, una semana después de su investidura, aunque no hay cifras oficiales que confirmen esa información.
La jueza concluyó que ejecutar el decreto presidencial y enviar a esas personas a su países podría causar un "daño irreparable", informaron medios locales citados por la agencia española de noticias Efe.
Pese a esta definición, Donnelly no declaró que los afectados puedan permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida y fijó una audiencia para el 21 de febrero próximo para volver a abordar el caso.
El viernes pasado, Trump firmó el polémico decreto con el declarado propósito de combatir a los grupos radicales islamistas, pese a que dejó afuera a muchos países con comprobados vínculos con esas milicias como Arabia Saudita y Paquistán, dos aliados de Washington en Medio Oriente y Asia Central.
El decreto suspendió tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con presunto "historial terrorista" -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de control.
La entrada en vigencia de la medida provocó caos e indignación, mientras numerosos viajeros veían bloqueado ya su acceso a territorio estadounidense y se desataban protestas en los aeropuertos de Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington y otras ciudades de Estados Unidos.
Además grandes empresas como Google anunciaron que la medida afectaría a cientos de sus empleados y otras compañías como Airbnb ofrecieron ayuda directa a los refugiados que lleguen al país.
Pese a las críticas de la comunidad internacional, Trump había anticipado el sábado que su gobierno está "completamente preparado" para aplicar la medida, que afecta a más de cien millones de personas en el mundo, una posición que nuevamente ratificó hoy a través de las redes sociales.
Con información de
telam
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