El polémico "bono rompehuelgas" de Vidal cuenta con altas chances de ser declarado ilegal por la Justicia
Lunes 20 de
Marzo 2017
Expertos en materia laboral afirman que el plan viola no sólo la Constitución nacional y la Ley de Asociaciones sindicales, sino también tratados internacionales que garantizan el derecho a este tipo de protestas. El oficialismo pidió juicio político a un magistrado que podría intervenir en la causa
A esta altura, ya puede afirmarse que el episodio más controversial en el duro conflicto que mantienen los docentes bonaerenses y la administración de María Eugenia Vidal es la inédita medida que tomó la gobernadora.
Hasta antes de que se revelara esta estrategia, la pulseada había transcurrido dentro de los cánones normales en este tipo de pulseadas salariales.
Sin embargo, el "plus por presentismo" de $1.000 a aquellos maestros que no adhieran al paro potenció el conflicto. A partir de ese anuncio, la situación empezó a tensarse.
Tras haber impulsado dicho plus -interpretado por los gremios como un "bono reompehuelgas"-, la gobernadora decidió avanzar con gestiones ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para quitarle la personería gremial a los sindicatos docentes que se niegan a negociar en la paritaria provincial.
El titular de la cartera laboral bonaerense, Marcelo Villegas, precisó que le pidió a su par nacional que evalúe una quita de la personería a Suteba, FEB, Udocba, UDA y Sadop.
La estrategia de Vidal aparece clara: busca sacar una ventaja luego de que se hicieran visibles ciertas fisuras en el frente gremial por las modalidades de protesta y la posición a adoptar ante la conciliación obligatoria que dictaron desde el gobierno de la Provincia.
Dicha conciliación retrotrae la situación a la fecha anterior al inicio del conflicto y, por el plazo de 15 días hábiles -prorrogables por cinco más- las partes deberán participar de audiencias para intentar destrabar el problema.
De esta manera, los gremialistas deberán abstenerse de realizar medidas de fuerza, mientras que la Provincia no podrá tomar ningún tipo de acción que perjudique a los trabajadores.
Si los sindicatos no la cumplen, entonces podrían perder la personería gremial. Y ese es, precisamente, el pedido que quiere llevar adelante Vidal.
El "bono rompehuelgas", en riesgo
En paralelo, los planes de la gobernadora pueden enfrentarse a un escollo, especialmente en el capítulo del "bono".
Según abogados de empresas consultados por iProfesional que pidieron off the record por lo delicado del tema, las probabilidades de que se avale un “premio al carnero”, -como los líderes de la protesta denominan a la promesa de la gobernación de premiar a los docentes que hayan concurrido a dar clases en las fechas de paro-, son pocas porque se violarían distintas normas.
La secretaria de Suteba de La Matanza, Romina Del Pla, afirmó que "abogados laboralistas y jueces empezaron a difundir argumentos en contra. Es un soborno contra la huelga. El gobierno tiene que sentarse a hacer una oferta real que es la única forma de terminar con el conflicto".
Los expertos aseguran que las chances de que el polémico plus por presentismo prospere no son muchas, ante una más que probable sentencia judicial en dirección contraria.
Los abogados lo fundamentan en que se trata de una violación a leyes locales y tratados internacionales que garantizan el derecho a la huelga.
Entre ellas, la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis garantiza para los trabajadores la “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” y el derecho a “concertar convenios colectivos de trabajo”.
Quien también advirtió sobre esta posibilidad fue la propia expresidenta Cristina Kirchner, quien citó en Twitter un mensaje del juez laboral, Alejandro Aníbal Segura.
El magistrado había afirmado que "pagar primas a los no huelguistas viola los convenios 87 y 98 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el Pidesc (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Constitución Nacional y la ley 23.551".
Esta última normativa de asociaciones sindicales cuestiona -en su artículo 53- las prácticas desleales que puedan llevar a cabo los empleadores para tratar de cercenar derechos de sus afiliados.
En concreto, según explicaron los especialistas a iProfesional, la decisión de la gobernadora incumpliría con los incisos e, g y j, que le impiden:
-Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades; o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales.
-Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos.
-Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen.
La asociación de trabajadores podrá promover una querella por práctica desleal ante el juez o tribunal competente.
En tanto, el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT indica en su artículo 3, inciso 2, que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Y en el artículo 8, punto 1, señala que, al ejercer los derechos, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados a respetar la legalidad.
Por su parte, el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva establece en su artículo 1 que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Y destaca que dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un gremio o a la de dejar de ser miembro de una organización.
b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante horas no laborables.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 8, establece que “no podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos”.
Tampoco puede cercenarse “el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley” ni “el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país”.
Apunten contra Arias
Otro factor que observan los expertos respecto a un posible revés judicial que podría sufrir Vidal está vinculado con cuestiones menos "tangibles".
Los abogados advierten que es posible que el caso termine en un despacho poco proclive a acompañar las ideas de la gobernadora en cuanto al otorgamiento el bono "rompehuelgas".
Así ocurriría en primera instancia, por ejemplo, si la causa recae en el juzgado contencioso administrativo de Luis Arias. De hecho, estos temores son compartidos por los propios funcionarios de Cambiemos.
Sucede que Arias ya se pronunció de manera contraria al Gobierno en numerosos casos.
Uno de ellos tuvo lugar cuando anuló la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral, que luego fue dejada sin efecto por la Cámara la semana pasada.
Además, el año pasado frenó el incremento en las facturas del gas, al considerar que "viola derechos” por ser “irracional" al tiempo que ordenó devolver a trabajadores no docentes los descuentos realizados por los paros en 2016.
En ese contexto, diputados provinciales del oficialismo, encabezados por Guillermo Castelló, presentaron un pedido de juicio político al magsitrado, a quien acusan de actuar con parcialidad en las causas contra la administración de María Eugenia Vidal y de incurrir en “una clara toma de postura política”.
Luego de que se conociera este pedido, Arias indicó que “este gobierno está practicando una persecución ideológica respecto de todos los magistrados que piensan distinto”.
Y agregó: “Yo siempre he tenido una misma conducta sobre los aumentos de la factura y la paritaria docente”.
Castelló apuntó contra Arias por su participación en una solicitada difundida el pasado 7 de marzo bajo el título "Defensa de la Democracia", donde se realizaban fuertes críticas al Gobierno, tanto provincial como nacional.
De esta manera, para el legislador, podría haber prejuzgamiento y parcialidad por parte del juez, si le tocara intervenir en esta nueva causa.
Así las cosas, el conflicto salarial con los maestros, que para Vidal se ha tornado una pulseada en la que se juega parte de su autoridad, está a un paso de ingresar en un laberinto judicial que, según expertos, no favorecería a Cambiemos.
Hasta antes de que se revelara esta estrategia, la pulseada había transcurrido dentro de los cánones normales en este tipo de pulseadas salariales.
Sin embargo, el "plus por presentismo" de $1.000 a aquellos maestros que no adhieran al paro potenció el conflicto. A partir de ese anuncio, la situación empezó a tensarse.
Tras haber impulsado dicho plus -interpretado por los gremios como un "bono reompehuelgas"-, la gobernadora decidió avanzar con gestiones ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para quitarle la personería gremial a los sindicatos docentes que se niegan a negociar en la paritaria provincial.
El titular de la cartera laboral bonaerense, Marcelo Villegas, precisó que le pidió a su par nacional que evalúe una quita de la personería a Suteba, FEB, Udocba, UDA y Sadop.
La estrategia de Vidal aparece clara: busca sacar una ventaja luego de que se hicieran visibles ciertas fisuras en el frente gremial por las modalidades de protesta y la posición a adoptar ante la conciliación obligatoria que dictaron desde el gobierno de la Provincia.
Dicha conciliación retrotrae la situación a la fecha anterior al inicio del conflicto y, por el plazo de 15 días hábiles -prorrogables por cinco más- las partes deberán participar de audiencias para intentar destrabar el problema.
De esta manera, los gremialistas deberán abstenerse de realizar medidas de fuerza, mientras que la Provincia no podrá tomar ningún tipo de acción que perjudique a los trabajadores.
Si los sindicatos no la cumplen, entonces podrían perder la personería gremial. Y ese es, precisamente, el pedido que quiere llevar adelante Vidal.
El "bono rompehuelgas", en riesgo
En paralelo, los planes de la gobernadora pueden enfrentarse a un escollo, especialmente en el capítulo del "bono".
Según abogados de empresas consultados por iProfesional que pidieron off the record por lo delicado del tema, las probabilidades de que se avale un “premio al carnero”, -como los líderes de la protesta denominan a la promesa de la gobernación de premiar a los docentes que hayan concurrido a dar clases en las fechas de paro-, son pocas porque se violarían distintas normas.
La secretaria de Suteba de La Matanza, Romina Del Pla, afirmó que "abogados laboralistas y jueces empezaron a difundir argumentos en contra. Es un soborno contra la huelga. El gobierno tiene que sentarse a hacer una oferta real que es la única forma de terminar con el conflicto".
Los expertos aseguran que las chances de que el polémico plus por presentismo prospere no son muchas, ante una más que probable sentencia judicial en dirección contraria.
Los abogados lo fundamentan en que se trata de una violación a leyes locales y tratados internacionales que garantizan el derecho a la huelga.
Entre ellas, la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis garantiza para los trabajadores la “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial” y el derecho a “concertar convenios colectivos de trabajo”.
Quien también advirtió sobre esta posibilidad fue la propia expresidenta Cristina Kirchner, quien citó en Twitter un mensaje del juez laboral, Alejandro Aníbal Segura.
El magistrado había afirmado que "pagar primas a los no huelguistas viola los convenios 87 y 98 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el Pidesc (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), la Constitución Nacional y la ley 23.551".
Esta última normativa de asociaciones sindicales cuestiona -en su artículo 53- las prácticas desleales que puedan llevar a cabo los empleadores para tratar de cercenar derechos de sus afiliados.
En concreto, según explicaron los especialistas a iProfesional, la decisión de la gobernadora incumpliría con los incisos e, g y j, que le impiden:
-Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de su participación en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades; o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales.
-Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos.
-Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen.
La asociación de trabajadores podrá promover una querella por práctica desleal ante el juez o tribunal competente.
En tanto, el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT indica en su artículo 3, inciso 2, que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
Y en el artículo 8, punto 1, señala que, al ejercer los derechos, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados a respetar la legalidad.
Por su parte, el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva establece en su artículo 1 que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Y destaca que dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un gremio o a la de dejar de ser miembro de una organización.
b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante horas no laborables.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 8, establece que “no podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos”.
Tampoco puede cercenarse “el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley” ni “el derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país”.
Apunten contra Arias
Otro factor que observan los expertos respecto a un posible revés judicial que podría sufrir Vidal está vinculado con cuestiones menos "tangibles".
Los abogados advierten que es posible que el caso termine en un despacho poco proclive a acompañar las ideas de la gobernadora en cuanto al otorgamiento el bono "rompehuelgas".
Así ocurriría en primera instancia, por ejemplo, si la causa recae en el juzgado contencioso administrativo de Luis Arias. De hecho, estos temores son compartidos por los propios funcionarios de Cambiemos.
Sucede que Arias ya se pronunció de manera contraria al Gobierno en numerosos casos.
Uno de ellos tuvo lugar cuando anuló la conciliación obligatoria dispuesta por la cartera laboral, que luego fue dejada sin efecto por la Cámara la semana pasada.
Además, el año pasado frenó el incremento en las facturas del gas, al considerar que "viola derechos” por ser “irracional" al tiempo que ordenó devolver a trabajadores no docentes los descuentos realizados por los paros en 2016.
En ese contexto, diputados provinciales del oficialismo, encabezados por Guillermo Castelló, presentaron un pedido de juicio político al magsitrado, a quien acusan de actuar con parcialidad en las causas contra la administración de María Eugenia Vidal y de incurrir en “una clara toma de postura política”.
Luego de que se conociera este pedido, Arias indicó que “este gobierno está practicando una persecución ideológica respecto de todos los magistrados que piensan distinto”.
Y agregó: “Yo siempre he tenido una misma conducta sobre los aumentos de la factura y la paritaria docente”.
Castelló apuntó contra Arias por su participación en una solicitada difundida el pasado 7 de marzo bajo el título "Defensa de la Democracia", donde se realizaban fuertes críticas al Gobierno, tanto provincial como nacional.
De esta manera, para el legislador, podría haber prejuzgamiento y parcialidad por parte del juez, si le tocara intervenir en esta nueva causa.
Así las cosas, el conflicto salarial con los maestros, que para Vidal se ha tornado una pulseada en la que se juega parte de su autoridad, está a un paso de ingresar en un laberinto judicial que, según expertos, no favorecería a Cambiemos.
Con información de
IPROFESIONAL
