La Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales de la Legislatura porteña, por mayoría, dio su visto bueno a los cuatros convenios de la transferencia de parte de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los documentos, remitidos por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, buscan avanzar con el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria Penal y la Justicia de Consumo, el Registro de la Propiedad Inmueble, y la Inspección General de Justicia (IGJ).
Mediante el primer convenio, el Estado Nacional transfiere ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional; 18 vocalías de los Tribunales Orales en Criminal y Correccional; dos Juzgados Nacionales de Menores; tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante los mismos. 
De este modo, la Ciudad asume la competencia “penal no federal" relativa a los delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública, la fe pública, y leyes complementarias, entre otros.
Con el traspaso, el Estado Nacional también transfiere la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo. "Este debate pasará a el recinto seguramente el 30 de marzo donde esperamos un acompañamiento de la mayoría de las fuerzas de la Ciudad porque entendemos que este es un paso importantísimo para completar la autonomía de los porteños, que es una deuda que tiene la Ciudad y la Nación con los ciudadanos de Buenos Aires", manifestó el presidente de la Comisión, Juan Nosiglia, a la agencia Télam.
Finalmente, la Comisión dictaminó a favor de los convenios de traspaso progresivo de facultades y funciones del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia (IGJ). Las ratificaciones serían tratadas en el recinto el próximo 30 de marzo, y luego deberán ser aprobadas por el Congreso de la Nación.
Al respecto, el legislador Juan Nosiglia manifestó que "se están cumpliendo con un mandato constitucional que ya tiene más de 20 años y que hace a tener las herramientas para el funcionamiento de nuestra Justicia; para diseñar un sistema de Justicia más eficiente y equitativo para todos los vecinos de la Ciudad”, y añadió: “Hay una preocupación de los trabajadores y hay incertidumbre también, porque todos los cambios generan incertidumbre".