VENEZUELA
Mataron a un estudiante en una protesta y balearon a un diputado opositor
Martes 11 de
Abril 2017
Mientras la tensión crece en el país sudamericano la ONU y la OEA le pidieron al gobierno que respete el derecho a la manifestación y excluya a los militares de la represión de las protestas.
La tensión política volvió a escalar en Venezuela, donde un joven murió por un disparo en el cuello durante una protesta, un diputado opositor fue baleado cuando daba una conferencia de prensa y la Defensoría del Pueblo denunció ataques a varias de sus oficinas, mientras la ONU y la OEA le pidieron al gobierno que respete el derecho a la manifestación y excluya a los militares de la represión de las protestas.
Daniel Queliz, quien tenía 20 años y estudiaba Derecho, murió este lunes por la noche tras recibir un disparo en el cuello durante una protesta opositora en Valencia, capital del estado Carabobo, confirmó el Ministerio Público en un comunicado.
"La Policía empezó disparando perdigones; luego de correr por un momento, todos nos dimos cuenta de que eran balas lo que disparaban; mi primo cayó al suelo en ese momento, lo recogimos y de camino al hospital murió", dijo Johnatan Arias, pariente de Queliz, consignó el diario El Nacional.
Por otra parte, un individuo armado disparó dos veces esta mañana contra el diputado Robert Alcalá, quien estaba dando una conferencia de prensa en Cumaná, capital del estado Sucre, para denunciar un ataque de bombas molotov que causó daños a la sede local del partido Acción Democrática (AD).
El atacante fue detenido por la Policía regional, según informaron el diario digital local El Pitazo y el sitio web Runrunes, pero hasta esta tarde no había trascendido su identidad ni si sería puesto a disposición de autoridades fiscales o judiciales.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que siete oficinas del organismo a su cargo -en Caracas y los estados Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y dos en Trujillo- fueron "atacadas por grupos violentos", reportó la agencia de noticias EFE.
Saab, reconocido militante chavista, había denunciado ayer que bombas de gas lacrimógeno fueron arrojadas desde helicópteros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con la intención de dispersar la multitudinaria protesta opositora que intentaba llegar al centro de Caracas.
Asimismo, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Venezuela que respete el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión de sus ciudadanos.
"Estamos preocupados por los informes sobre violencia durante las protestas; hacemos un llamamiento al gobierno de Venezuela para que se asegure que sean respetados el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de opinión", dijo Elizabeth Throssell, vocera del Alto Comisionado, en un comunicado divulgado en Ginebra.
Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Venezuela a respetar y garantizar "el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país".
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado emitido en Washington, llamó a las autoridades venezolanas a "facilitar las manifestaciones públicas" y "cooperar" con sus organizadores, así como "excluir la participación de militares" de "los operativos de manejo de manifestaciones públicas".
En tanto, la inhabilitación al ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles para ejercer cargos públicos por 15 años, decidida la semana pasada por la Contraloría General de la República, fue cuestionada severamente por los abogados del dirigente, Rafael Chavero y Bernardo Pulido.
La medida, fundada en irregularidades administrativas ocurridas supuestamente en 2014 en su desempeño como gobernador del estado Miranda, es inconstitucional y "un acto de venganza" que "solo se ve en los gobiernos dictatoriales", por lo que será apelada incluso en tribunales internacionales, dijo Chavero en conferencia de prensa.
En otro orden, los abogados Elenis Rodríguez y Joel García, de la ONG Fundeci, denunciaron que al menos cinco jueces están imponiendo tres requisitos que no pide la ley para ser fiadores, con el objeto de que detenidos en las protestas de las últimas dos semanas no salgan en libertad bajo fianza, publicó Runrunes.
El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró en su cuenta de Twitter que en las cinco protestas opositoras realizadas a partir del 4 de este mes fueron detenidas 281 personas, de las cuales 134 se mantenían hoy privadas de la libertad.
Daniel Queliz, quien tenía 20 años y estudiaba Derecho, murió este lunes por la noche tras recibir un disparo en el cuello durante una protesta opositora en Valencia, capital del estado Carabobo, confirmó el Ministerio Público en un comunicado.
"La Policía empezó disparando perdigones; luego de correr por un momento, todos nos dimos cuenta de que eran balas lo que disparaban; mi primo cayó al suelo en ese momento, lo recogimos y de camino al hospital murió", dijo Johnatan Arias, pariente de Queliz, consignó el diario El Nacional.
Por otra parte, un individuo armado disparó dos veces esta mañana contra el diputado Robert Alcalá, quien estaba dando una conferencia de prensa en Cumaná, capital del estado Sucre, para denunciar un ataque de bombas molotov que causó daños a la sede local del partido Acción Democrática (AD).
El atacante fue detenido por la Policía regional, según informaron el diario digital local El Pitazo y el sitio web Runrunes, pero hasta esta tarde no había trascendido su identidad ni si sería puesto a disposición de autoridades fiscales o judiciales.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que siete oficinas del organismo a su cargo -en Caracas y los estados Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Portuguesa y dos en Trujillo- fueron "atacadas por grupos violentos", reportó la agencia de noticias EFE.
Saab, reconocido militante chavista, había denunciado ayer que bombas de gas lacrimógeno fueron arrojadas desde helicópteros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con la intención de dispersar la multitudinaria protesta opositora que intentaba llegar al centro de Caracas.
Asimismo, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Venezuela que respete el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión de sus ciudadanos.
"Estamos preocupados por los informes sobre violencia durante las protestas; hacemos un llamamiento al gobierno de Venezuela para que se asegure que sean respetados el derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de opinión", dijo Elizabeth Throssell, vocera del Alto Comisionado, en un comunicado divulgado en Ginebra.
Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Venezuela a respetar y garantizar "el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país".
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un comunicado emitido en Washington, llamó a las autoridades venezolanas a "facilitar las manifestaciones públicas" y "cooperar" con sus organizadores, así como "excluir la participación de militares" de "los operativos de manejo de manifestaciones públicas".
En tanto, la inhabilitación al ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles para ejercer cargos públicos por 15 años, decidida la semana pasada por la Contraloría General de la República, fue cuestionada severamente por los abogados del dirigente, Rafael Chavero y Bernardo Pulido.
La medida, fundada en irregularidades administrativas ocurridas supuestamente en 2014 en su desempeño como gobernador del estado Miranda, es inconstitucional y "un acto de venganza" que "solo se ve en los gobiernos dictatoriales", por lo que será apelada incluso en tribunales internacionales, dijo Chavero en conferencia de prensa.
En otro orden, los abogados Elenis Rodríguez y Joel García, de la ONG Fundeci, denunciaron que al menos cinco jueces están imponiendo tres requisitos que no pide la ley para ser fiadores, con el objeto de que detenidos en las protestas de las últimas dos semanas no salgan en libertad bajo fianza, publicó Runrunes.
El director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, aseguró en su cuenta de Twitter que en las cinco protestas opositoras realizadas a partir del 4 de este mes fueron detenidas 281 personas, de las cuales 134 se mantenían hoy privadas de la libertad.
Con información de
ellitoral
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