La iniciativa fue aprobada gracias a los votos del oficialismo y de una parte de la oposición, mientras que el sector kirchnerista del Frente para la Victoria votó en contra. Tuvo 48 votos a favor, 8 negativos y una abstención -Fernando "Pino" Solanas-.
 
 
El debate cobró impulso tras el crimen de la joven Micaela García, cometido presuntamente por Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir solo dos años de su condena de nueve por dos violaciones.
 
El proyecto volverá a Diputados porque el pleno de la Cámara aceptó las modificaciones que se le introdujeron durante el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Justicia este mediodía.
 
Entre los cambios más importantes efectuados al proyecto está la exclusión de los delitos de homicidio simple, contra el orden económico y contrabando simple como causante para impedir al condenado acceder a los beneficios de las salidas anticipadas.
 
Los que sí quedaron fueron los delitos de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda y despoblado, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población.
 
Asimismo, se moderó la actuación del Servicio Penitenciario, que de acuerdo con el nuevo proyecto seguirá funcionando como auxiliar del juez de ejecución, pero sus informes no serán determinantes para el otorgamiento o no de salidas anticipadas, como proponía la reforma.
 
Otro de los cambios introducidos es que la víctima tendrá participación en toda la cuestión vinculada con el régimen de progresividad de la pena, ya que podrá controlar su ejecución por parte del juez y proponer informes o peritos.
 
La iniciativa aprobada también excluye de las salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes.
 
El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.
 
Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben seguir en la cárcel. 
 
Además, para poder ingresar en un régimen de "pre-socialización", el interno deberán poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.
 
El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.
 
Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario.
 
En tanto, los condenados por delitos que ahora están excluidos del régimen de semi libertad tendrán que ser ingresados a un Régimen Preparatorio de Liberación un tiempo prudencial previo a cumplir su condena.
 
Finalmente, el proyecto de ley prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas.
 
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el opositor Pedro Guastavino, reconoció que "por ahí no alcanza con una ley" y advirtió que "claramente fracasó el Estado en la ejecución de la pena y en cómo se resocializa al condenado".
 
Mientras el oficialista cordobés Ernesto Martínez mencionó que existe una "inflación punitiva" que comenzó "en 2005 con las llamadas "leyes Blumberg", el radical Julio Cobos reconoció que "si la situación económica y social mejora, el delito va a disminuir", aunque destacó que "algunos van a delinquir, independientemente de su condición".
 
En ese aspecto, aseguró que "el setenta y cinco por ciento de los delincuentes vuelve a delinquir" y sostuvo que ese índice es del noventa por ciento en los delitos aberrantes.
 
El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, aseveró que "en estos últimos veinte años falta la mirada sobre la víctima" que "no aparece en los tratados de derecho penal". Además, admitió que la sanción del proyecto se produce tras la conmoción que causó el crimen de Micaela García y cuestionó duramente a los jueces que dejaron libre al autor del asesinato. "La justicia de Entre Ríos le daba salidas transitorias para que se vaya resocializando con las futuras víctimas para ver cómo las violaba", destacó.
 
En cambio, la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti rechazó la reforma y la consideró una "puesta en escena de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y de algunos legisladores de poca monta" y que el proyecto "busca la tapa de los diarios".