VENEZUELA
Según Amnistía Internacional, el gobierno venezolano aumenta la "caza de brujas" de disidentes
Jueves 27 de
Abril 2017
En su último informe, Amnistía Internacional argumenta que las autoridades venezolanas se amparan en el sistema de justicia para intensificar ilegalmente la persecución y sanción a quienes piensan distinto.
Amnistía Internacional lo documenta en su último informe publicado en medio del aumento de las manifestaciones en todo el país. En las protestas murieron varias personas, y hubo cientos de heridos y encarcelados.
El informe se titula: "Silencio a la fuerza: detenciones arbitarias por motivos políticos en Venezuela" y proporciona datos sobre una serie de medidas ilegales tomadas por las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión.
Link del informe: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/04/AMR5360142017SPANISH.pdf
Entre estas medidas figuran detenciones llevadas a cabo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin orden judicial, procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y uso injustificado de la prisión preventiva y de campañas de difamación en los medios de comunicación contra miembros de la oposición política.
“Las autoridades venezolanas sancionan a quienes no coinciden con el gobierno. La libertad de expresión es un derecho humano básico para el funcionamiento del sistema democrático. En vez de silenciar al pueblo venezolano, las autoridades tienen que solucionar urgentemente la crisis que vive el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El informe describe casos de personas encarceladas sin el respeto a las garantías básicas en todo proceso de detención e ilustra algunas de las numerosas estrategias que usan las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición en un contexto de crecientes protestas en todo el país.
En la mayoría de los casos se imputa a las personas detenidas graves delitos –como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión– que permiten ordenar su prisión preventiva aunque no haya pruebas admisibles suficientes para fundamentar los cargos.
Este tipo de delitos corresponden a jurisdicciones especiales, como la militar, que carecen de independencia, raras veces son imparciales y no deben enjuiciar a civiles.
Amnistía Internacional documentó también casos de personas detenidas a las que se les restringió el contacto con sus familias y sus abogados defensores, lo que hace que corran un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, en especial tortura y otros malos tratos.
La organización internacional exige que las autoridades venezolanas pongan fin a la práctica de detenciones arbitrarias y garanticen que quienes expresen opiniones disidentes no terminen en prisión.
El informe se titula: "Silencio a la fuerza: detenciones arbitarias por motivos políticos en Venezuela" y proporciona datos sobre una serie de medidas ilegales tomadas por las autoridades venezolanas para reprimir la libertad de expresión.
Link del informe: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/04/AMR5360142017SPANISH.pdf
Entre estas medidas figuran detenciones llevadas a cabo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) sin orden judicial, procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y uso injustificado de la prisión preventiva y de campañas de difamación en los medios de comunicación contra miembros de la oposición política.
“Las autoridades venezolanas sancionan a quienes no coinciden con el gobierno. La libertad de expresión es un derecho humano básico para el funcionamiento del sistema democrático. En vez de silenciar al pueblo venezolano, las autoridades tienen que solucionar urgentemente la crisis que vive el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El informe describe casos de personas encarceladas sin el respeto a las garantías básicas en todo proceso de detención e ilustra algunas de las numerosas estrategias que usan las autoridades venezolanas para intentar silenciar a la oposición en un contexto de crecientes protestas en todo el país.
En la mayoría de los casos se imputa a las personas detenidas graves delitos –como “traición a la patria”, “terrorismo o sustracción de efectos militares” o “rebelión– que permiten ordenar su prisión preventiva aunque no haya pruebas admisibles suficientes para fundamentar los cargos.
Este tipo de delitos corresponden a jurisdicciones especiales, como la militar, que carecen de independencia, raras veces son imparciales y no deben enjuiciar a civiles.
Amnistía Internacional documentó también casos de personas detenidas a las que se les restringió el contacto con sus familias y sus abogados defensores, lo que hace que corran un gran riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos, en especial tortura y otros malos tratos.
La organización internacional exige que las autoridades venezolanas pongan fin a la práctica de detenciones arbitrarias y garanticen que quienes expresen opiniones disidentes no terminen en prisión.
Con información de
telam
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