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Fuero Contencioso sale en auxilio del Gobierno: congela causas sensibles
Miércoles 03 de
Mayo 2017
Decreto que habilita blanqueo a familiares de funcionarios sigue sin definición, lo mismo que la permanencia de dos consejeros y dos DNU.
El fuero Contencioso Administrativo Federal se ha convertido en el Triángulo de las Bermudas de los expedientes calientes surgidos de disposiciones del Poder Ejecutivo. La dilación de las resoluciones se convirtió en una buena noticia para la Casa Rosada que se evita así conflictos de gobernabilidad por decisiones que fueron judicializadas por la oposición. El decreto que habilitó el blanqueo para familiares de funcionarios se convirtió en un ícono de las demandas que terminaron estirándose al punto de que -a pesar de que está al caer una sentencia-derivará en una cuestión casi abstracta. El proceso de exteriorización de capitales culminó el 31 de marzo sin que la inclusión de parientes fuera resuelta. La permanencia o no de dos consejeros de la Magistratura, la validez del DNU de modificación de la Ley de ART y la ratificación de otro decreto al que le faltaban firmas que delegó las escuchas telefónicas en la Corte Suprema, integran parte de la nómina al que se le fueron sumando expedientes clave.
La demanda contra el decreto presidencial que permitió el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo se inició el 5 de diciembre de 2016, al objetarse que era un ítem expresamente prohibido por la ley votada por el Congreso. Allí se pedía una medida cautelar urgente para frenar su vigencia. El tema recién pasó a la fiscalía N° 7 del fuero comandada por Laura Labarthe, donde en cuestiones preliminares se les vino encima la feria judicial de enero. Los demandantes (uno de ellos el diputado Felipe Solá, que quedaría en el camino con su presentación) pidieron que ante la urgencia se habilitara el receso, pero la Cámara terció por ir más despacio. Ya en febrero, el Estado contestó el informe estipulado en el proceso de las medidas cautelares defendiendo su decreto, y le dieron traslado a los demandantes, que era la agrupación platense de abogados filo K, Abogados por la Justicia Social (AJUS). Se debatía el tema de la legitimidad de los demandantes, algo que volvió a ser revisado por la fiscalía. Ya a fines de marzo contestó a la jueza pero al dictamen presentado insólitamente le faltaban páginas. La jueza Rita Ailán se lo devolvió el 29 de marzo, reclamando las fojas faltantes. Horas después se vencería el plazo legal de vigencia del blanqueo no solo de familiares, sino del proceso en su totalidad. AJUS volvió a contestar y remitió el dictamen de la comisión bicameral que recomendaba el rechazo del decreto. Frente a eso, la pelota regresó al Estado, que se quejó que no le habían acompañado el dictamen en cuestión (disponible vía Senado), lo que fue nuevamente respondido por los demandantes, lo que dejó el expediente -con abril totalmente consumido- en posición de ser resuelto. Su nulidad dispararía reclamos por derechos adquiridos. Su aval arrastraría la causa penal que tiene a Mauricio Macri como imputado, pero sin novedad, en el atribulado fuero federal de Comodoro Py.
Pendientes
Desde fines de 2015, dos consejeros de la magistratura están en vilo con reclamos presentados contra su permanencia en el órgano de selección y remoción de jueces. El juez Enrique Lavié Pico tiene dos expedientes candentes: la validez de la designación en acuerdo parlamentario del consejero del PRO, Pablo Tonelli, en vacante K, objetado desde el Frente para la Victoria; y la permanencia del kirchnerista Ruperto Godoy, objetado por no contar con el título de abogado. Cualquier decisión trastocaría el esquema de fuerzas. Los fallos iban a salir en julio del año pasado, pero el tema quedó en suspenso sin que nadie alzara la voz, en el fuero en el que tiene gran injerencia el camarista Sergio Fernández, con juego propio dentro del Poder Judicial.
Un DNU al que le faltan las firmas de dos ministros también fue judicializado. Es el que prorrogó el sistema de pinchaduras telefónicas bajo control de la Corte, en su estratégica Dirección de Captación de Comunicaciones. Por una formalidad, el acto podría decretarse nulo porque hubo dos ministros ausentes cuya firma fue reemplazada por la de otro, aunque el procedimiento indica que debían estar presentes. La próxima semana podría haber novedades de la medida cautelar que pide que se suspenda.
A la nómina se le agrega un expediente cuasi testimonial: el de otro DNU, pero en este caso el que en plena feria judicial puso en vigencia la modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo. Cuando ese decreto fue objetado en el fuero laboral, el Gobierno se apuró a promulgar la ley que había obtenido en el Congreso. Sin embargo, la definición por el paso previo quedó en el limbo. Más cercano en el tiempo, la Cámara en lo Contencioso debe resolver la apelación al fallo que congeló el sistema de concursos de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, uno de los elementos con los que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público aspira a revolearle sobre la mesa el 18, cuando la jefa de los fiscales comparezca ante los legisladores. Todos los concursos para fiscales permanecen congelados a la espera de esa definición. Recientemente, y bajo la órbita del juez Ernesto Marinelli, quedó una de las llaves con las que el Ejecutivo pretende correr a la procuradora: una definición sobre la constitucionalidad o no del proceso de juicio político para su remoción. Es una causa incipiente con largo recorrido por delante.
La demanda contra el decreto presidencial que permitió el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo se inició el 5 de diciembre de 2016, al objetarse que era un ítem expresamente prohibido por la ley votada por el Congreso. Allí se pedía una medida cautelar urgente para frenar su vigencia. El tema recién pasó a la fiscalía N° 7 del fuero comandada por Laura Labarthe, donde en cuestiones preliminares se les vino encima la feria judicial de enero. Los demandantes (uno de ellos el diputado Felipe Solá, que quedaría en el camino con su presentación) pidieron que ante la urgencia se habilitara el receso, pero la Cámara terció por ir más despacio. Ya en febrero, el Estado contestó el informe estipulado en el proceso de las medidas cautelares defendiendo su decreto, y le dieron traslado a los demandantes, que era la agrupación platense de abogados filo K, Abogados por la Justicia Social (AJUS). Se debatía el tema de la legitimidad de los demandantes, algo que volvió a ser revisado por la fiscalía. Ya a fines de marzo contestó a la jueza pero al dictamen presentado insólitamente le faltaban páginas. La jueza Rita Ailán se lo devolvió el 29 de marzo, reclamando las fojas faltantes. Horas después se vencería el plazo legal de vigencia del blanqueo no solo de familiares, sino del proceso en su totalidad. AJUS volvió a contestar y remitió el dictamen de la comisión bicameral que recomendaba el rechazo del decreto. Frente a eso, la pelota regresó al Estado, que se quejó que no le habían acompañado el dictamen en cuestión (disponible vía Senado), lo que fue nuevamente respondido por los demandantes, lo que dejó el expediente -con abril totalmente consumido- en posición de ser resuelto. Su nulidad dispararía reclamos por derechos adquiridos. Su aval arrastraría la causa penal que tiene a Mauricio Macri como imputado, pero sin novedad, en el atribulado fuero federal de Comodoro Py.
Pendientes
Desde fines de 2015, dos consejeros de la magistratura están en vilo con reclamos presentados contra su permanencia en el órgano de selección y remoción de jueces. El juez Enrique Lavié Pico tiene dos expedientes candentes: la validez de la designación en acuerdo parlamentario del consejero del PRO, Pablo Tonelli, en vacante K, objetado desde el Frente para la Victoria; y la permanencia del kirchnerista Ruperto Godoy, objetado por no contar con el título de abogado. Cualquier decisión trastocaría el esquema de fuerzas. Los fallos iban a salir en julio del año pasado, pero el tema quedó en suspenso sin que nadie alzara la voz, en el fuero en el que tiene gran injerencia el camarista Sergio Fernández, con juego propio dentro del Poder Judicial.
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A la nómina se le agrega un expediente cuasi testimonial: el de otro DNU, pero en este caso el que en plena feria judicial puso en vigencia la modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo. Cuando ese decreto fue objetado en el fuero laboral, el Gobierno se apuró a promulgar la ley que había obtenido en el Congreso. Sin embargo, la definición por el paso previo quedó en el limbo. Más cercano en el tiempo, la Cámara en lo Contencioso debe resolver la apelación al fallo que congeló el sistema de concursos de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, uno de los elementos con los que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público aspira a revolearle sobre la mesa el 18, cuando la jefa de los fiscales comparezca ante los legisladores. Todos los concursos para fiscales permanecen congelados a la espera de esa definición. Recientemente, y bajo la órbita del juez Ernesto Marinelli, quedó una de las llaves con las que el Ejecutivo pretende correr a la procuradora: una definición sobre la constitucionalidad o no del proceso de juicio político para su remoción. Es una causa incipiente con largo recorrido por delante.
Con información de
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