El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un nuevo decreto de "estado de excepción y emergencia económica", que restringe las garantías constitucionales en todo el territorio nacional como una medida para "preservar el orden interno", se publicó este martes en la Gaceta Oficial.
 
El decreto establece la facultad del Ejecutivo nacional para que adopte "las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos y servicios".
 

 
La gaceta oficial está fechada el 13 de mayo, pero recién se difundió este martes.
 
La norma señala además que "podrán ser restringidas las garantías" para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que estable la Constitución que son "el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles".
 
El Gobierno venezolano podrá "diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados".
 
El presidente se facultó también para decidir "la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político" contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.
 
Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
 
Los decretos de estados de excepción, según la Constitución, requieren de la aprobación de la mayoría del Parlamento, controlado por la oposición y que actualmente se mantiene en "desacato" por parte del Tribunal Supremo de Justicia. En esta ocasión el decreto será enviado directamente a la máxima corte para declarar su constitucionalidad, como ha ocurrido con todos los decretos anteriores que han mantenido restringidas las garantías desde enero de 2016.
 

 
Es la séptima vez que el régimen extiende el estado de excepción, cada vez con más atribuciones que restringen las libertades de los venezolanos. En esta oportunidad, la decisión llega en medio de las multitudinarias protestas opositoras que ya llevan más de 45 días.
 
El 14 de enero de 2016 se anunció por primera vez la medida, solo días después de que asumiera la nueva Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
 
Esa mayoría de parlamentarios siempre ha denunciado el estado de excepción como una maniobra del Gobierno nacional para quitarles poder.