25 DE ABRIL 2024
Cientos de presos por violencia de género iniciaron una huelga de hambre
Lunes 05 de
Junio 2017
MENDOZA | Más de 300 internos realizan el reclamo. Denuncian superpoblación de presos en uno de los pabellones
Centenares de presos del pabellón de los detenidos por casos de violencia de género en el penal mendocino de Boulogne Sur Mer iniciaron una huelga de hambre ante la denuncia de supuestos incumplimientos de sus derechos constitucionales.
Alrededor de 300 internos del pabellón 5 tomaron la medida de fuerza y denunciaron una superpoblación en el sector debido a la detención de algunos reclusos sin ninguna prueba fehaciente de las denuncias que los incriminan.
Así, los presos presentaron un escrito ante la dirección del penal en el que solicitan la libertad de hombres "que están presos a partir de denuncias que no han sido corroboradas, y mientras esperan las pericias psiquiátricas tanto de los denunciados como de los denunciantes, los encierran violando el debido proceso y la presunción de inocencia".
De manera paradójica, el delegado que representa a los presos es nada menos que Daniel Zalazar, el profesor de taekwondo que en noviembre de 2016 asesinó a su ex pareja Claudia Arias, a la tía de ella, Marta Ortiz y a la abuela, Silda Díaz, y que hirió a golpes a sus hijos de 10 meses y 11 años.
"Si bien mi caso no es igual al de mis compañeros, adhiero al pedido. Acá somos 330 presos en un lugar que tiene capacidad para 120 y cada día todo empeora. Entran 10 por día y salen dos por semana, lo que hace imposible la convivencia", dijo Zalazar en declaraciones publicadas por el diario Los Andes.
Los internos se encargaron de aclarar que la medida de fuerza no es contra la seguridad del penal sino contra los jueces y fiscales de la provincia.
"Nos meten presos por denuncias que no se llegan a corroborar si son verídicas", agregaba el escrito.
En ese mismo pabellón se encuentran también los curas detenidos por el caso de los abusos en el Instituto Próvolo.
"En celdas donde hay tres camas, duermen cuatro. El resto lo hace en los pasillos", rezaba el comunicado.
Según los especialistas de la provincia, desde hace unos meses las fiscalías iniciaron una política de detenciones masivas y se formó un cuello de botella judicial. Además, el año pasado tres juzgados correccionales se transformaron en juzgados de flagrancia y así numerosos casos de violencia de género quedaron sin ser atendidos.
Alrededor de 300 internos del pabellón 5 tomaron la medida de fuerza y denunciaron una superpoblación en el sector debido a la detención de algunos reclusos sin ninguna prueba fehaciente de las denuncias que los incriminan.
Así, los presos presentaron un escrito ante la dirección del penal en el que solicitan la libertad de hombres "que están presos a partir de denuncias que no han sido corroboradas, y mientras esperan las pericias psiquiátricas tanto de los denunciados como de los denunciantes, los encierran violando el debido proceso y la presunción de inocencia".
De manera paradójica, el delegado que representa a los presos es nada menos que Daniel Zalazar, el profesor de taekwondo que en noviembre de 2016 asesinó a su ex pareja Claudia Arias, a la tía de ella, Marta Ortiz y a la abuela, Silda Díaz, y que hirió a golpes a sus hijos de 10 meses y 11 años.
"Si bien mi caso no es igual al de mis compañeros, adhiero al pedido. Acá somos 330 presos en un lugar que tiene capacidad para 120 y cada día todo empeora. Entran 10 por día y salen dos por semana, lo que hace imposible la convivencia", dijo Zalazar en declaraciones publicadas por el diario Los Andes.
Los internos se encargaron de aclarar que la medida de fuerza no es contra la seguridad del penal sino contra los jueces y fiscales de la provincia.
"Nos meten presos por denuncias que no se llegan a corroborar si son verídicas", agregaba el escrito.
En ese mismo pabellón se encuentran también los curas detenidos por el caso de los abusos en el Instituto Próvolo.
"En celdas donde hay tres camas, duermen cuatro. El resto lo hace en los pasillos", rezaba el comunicado.
Según los especialistas de la provincia, desde hace unos meses las fiscalías iniciaron una política de detenciones masivas y se formó un cuello de botella judicial. Además, el año pasado tres juzgados correccionales se transformaron en juzgados de flagrancia y así numerosos casos de violencia de género quedaron sin ser atendidos.
Con información de
infobae
