La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de segunda instancia y ordenó que un trabajador que perdió un juicio laboral se haga cargo de los gastos de ese proceso en concepto de honorarios de los abogados y de los peritos. La justificación fue que el empleado perdió el juicio porque no se presentó a las citaciones para que lo examinara el médico designado por la justicia.
 
En una resolución firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz (no firmó el quinto juez, Horacio Rosatti), el máximo tribunal ordenó que Enrique Eduardo López pague los gastos por honorarios del juicio que inició contra "Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A".
 
López afirmó que en el trayecto hacia su trabajo sufrió un accidente que lo dejó parcialmente incapacitado y reclamó ante la justicia laboral que la ART de su empleador le pagara la indemnización prevista en la ley 24.557 de riesgos del trabajo. Aunque la demanda fue rechazada porque el trabajador no concurrió a las citaciones del médico, la Sala III de la Cámara laboral porteña resolvió que todos los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio debían ser abonados por la compañía aseguradora demandada. A criterio de los jueces de la segunda instancia, si eso no fuera así se violaría el derecho de acceso a la justicia consagrado por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ese argumento y evaluó que como el rechazo de la demanda se debió a la “actitud renuente” del trabajador, no existen motivos para apartarse del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios derivados de ese proceso.
 
El fallo del máximo tribunal llega en medio de la campaña del Gobierno contra lo que llama la “mafia de los juicios laborales”. El presidente Mauricio Macri suele hablar en sus discursos de esa supuesta “industria del juicio”, a la que culpa del colapso de los tribunales y de los cierres de empresas. Incluso llegó a apuntar directamente contra el fuero laboral y contra el titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, reconocido abogado laboralista.
 
Un estudio que publicó Página/12 ayer reveló que apenas el 19 por ciento de los siniestros de trabajo se dirimen en el fuero laboral y que esto involucra sólo al 1 por ciento de los trabajadores. A pesar de ello, a principios de año el Ejecutivo consiguió aprobar una reforma a aspectos vitales de la Ley de Riesgos del Trabajo e introdujo una instancia administrativa obligatoria previa al reclamo judicial para busca desalentar los juicios.