El Parlamento de Venezuela nombra una Corte Suprema paralela
Viernes 21 de
Julio 2017
El Legislativo, de mayoría opositora, da así un paso en firme en el intento de establecer un Gobierno alternativo al de Maduro
El Parlamento venezolano nombró este viernes a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, en una sesión celebrada al aire libre en una plaza del este de Caracas. El Legislativo, de mayoría opositora, da así un paso en firme en el intento de establecer un Gobierno paralelo al del régimen de Nicolás Maduro y avanza hacia un choque de trenes aún mayor con el Ejecutivo, a una semana de la celebración de las elecciones a la Asamblea Constituyente.
La plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, uno de los bastiones opositores en la capital venezolana, sirvió de improvisado hemiciclo de sesiones en medio de un viernes con aspecto de día feriado. El transporte público apenas se reincorporó a sus actividades después de dos días de paro, que el jueves coincidió con el llamado de la oposición a una huelga general. Las barricadas aún bloqueaban el paso hacia las principales urbanizaciones del este de la capital, pero en el centro, bastión chavista por antonomasia, el movimiento fue el de todos los días.
Aunque el presidente del gremio de los transportistas, Erick Zuleta, aseguró a este diario que la protesta de los choferes no tiene motivos políticos sino salariales, dijo que estaba contento por la coincidencia de ambas situaciones. Zuleta, que se declara opositor al régimen, preside un sindicato que engloba el 90% de los vehículos que movilizan el país y aspira a que el Gobierno autorice el aumento del costo del pasaje.
Con el país volcado en las calles contra el régimen, la oposición ha decidido redoblar el pulso y ha sentado las bases para crear una institucionalidad paralela. La ofensiva busca producir una fractura en el Gobierno que permita suspender la Constituyente, impulsada por el oficialismo para combatir a los poderes que le son adversos, como el Parlamento y la Fiscalía, y redactar una Carta Magna a su medida. El Ejecutivo presenta el proyecto como la oportunidad de acabar con las protestas que mantienen sitiada a Venezuela desde hace tres meses y medio, en las que ha habido más de un centenar de muertos, y purgar al país de adversarios y quintacolumnistas. En el largo plazo, el objetivo de los opositores con el pulso que han lanzado es forzar la salida anticipada de Maduro.
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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de formaciones opositoras, ha asumido el nombramiento de los 33 nuevos togados como un mandato de los más de siete millones de venezolanos que el domingo votaron en un plebiscito contra la Constituyente. La oposición no reconoce la designación de los magistrados en ejercicio del Supremo por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015 por parte del Parlamento saliente, de mayoría chavista, días después de la victoria electoral de la actual mayoría opositora y antes de que esta tomara posesión en la Cámara. El proceso fue muy cuestionado por la oposición porque la mayoría de los candidatos mantenían fuertes lazos con el régimen. Los nuevos jueces elegidos por el Legislativo fueron propuestos por un comité de postulaciones que contó con el concurso de representantes de la sociedad civil, según establece la Constitución.
Para el Gobierno, el gesto tiene connotaciones insurreccionales. El presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, instó a las autoridades a apresar no solo a los nuevos togados que, a criterio del máximo tribunal, están usurpando funciones, sino incluso a los miembros del comité de postulaciones encargados de seleccionarlos. Aún no está claro cómo tomarán posesión los nuevos magistrados.
La plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, uno de los bastiones opositores en la capital venezolana, sirvió de improvisado hemiciclo de sesiones en medio de un viernes con aspecto de día feriado. El transporte público apenas se reincorporó a sus actividades después de dos días de paro, que el jueves coincidió con el llamado de la oposición a una huelga general. Las barricadas aún bloqueaban el paso hacia las principales urbanizaciones del este de la capital, pero en el centro, bastión chavista por antonomasia, el movimiento fue el de todos los días.
Aunque el presidente del gremio de los transportistas, Erick Zuleta, aseguró a este diario que la protesta de los choferes no tiene motivos políticos sino salariales, dijo que estaba contento por la coincidencia de ambas situaciones. Zuleta, que se declara opositor al régimen, preside un sindicato que engloba el 90% de los vehículos que movilizan el país y aspira a que el Gobierno autorice el aumento del costo del pasaje.
Con el país volcado en las calles contra el régimen, la oposición ha decidido redoblar el pulso y ha sentado las bases para crear una institucionalidad paralela. La ofensiva busca producir una fractura en el Gobierno que permita suspender la Constituyente, impulsada por el oficialismo para combatir a los poderes que le son adversos, como el Parlamento y la Fiscalía, y redactar una Carta Magna a su medida. El Ejecutivo presenta el proyecto como la oportunidad de acabar con las protestas que mantienen sitiada a Venezuela desde hace tres meses y medio, en las que ha habido más de un centenar de muertos, y purgar al país de adversarios y quintacolumnistas. En el largo plazo, el objetivo de los opositores con el pulso que han lanzado es forzar la salida anticipada de Maduro.
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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de formaciones opositoras, ha asumido el nombramiento de los 33 nuevos togados como un mandato de los más de siete millones de venezolanos que el domingo votaron en un plebiscito contra la Constituyente. La oposición no reconoce la designación de los magistrados en ejercicio del Supremo por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015 por parte del Parlamento saliente, de mayoría chavista, días después de la victoria electoral de la actual mayoría opositora y antes de que esta tomara posesión en la Cámara. El proceso fue muy cuestionado por la oposición porque la mayoría de los candidatos mantenían fuertes lazos con el régimen. Los nuevos jueces elegidos por el Legislativo fueron propuestos por un comité de postulaciones que contó con el concurso de representantes de la sociedad civil, según establece la Constitución.
Para el Gobierno, el gesto tiene connotaciones insurreccionales. El presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, instó a las autoridades a apresar no solo a los nuevos togados que, a criterio del máximo tribunal, están usurpando funciones, sino incluso a los miembros del comité de postulaciones encargados de seleccionarlos. Aún no está claro cómo tomarán posesión los nuevos magistrados.
Con información de
elpais
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