Libertad para el exconcejal que golpeó a dos abogadas
Por:
Juliano Salierno
Miércoles 02 de
Agosto 2017
Eduardo Ceferio Giménez no podrá volver a la ciudad de Sastre, donde el año pasado atacó con una lanza de hierro a una oficial de Justicia y la abogada de su esposa, cuando lo fueron a notificar en medio de un conflicto conyugal.
La Cámara de Apelación Penal de Santa Fe resolvió liberar bajo fianza al farmacéutico y exconcejal de la ciudad de Sastre, Eduardo Ceferino Giménez, que estuvo preso desde el 7 de julio de 2016 por el violento ataque cometido contra una oficial de Justicia y la abogada de su esposa, cuando lo fueron a notificar en su domicilio en medio de un conflicto familiar.
La resolución dictada el lunes por el camarista penal Fabio Mudry impone al imputado la obligación de fijar domicilio en la casa de sus padres, en San Francisco, Córdoba; presentarse una vez por mes ante la autoridad competente; designar un guardador y cubrir una fianza personal por medio millón de pesos, a los fines de neutralizar los “peligros procesales que subsistan”.
La audiencia de apelación fue celebrada el 7 de julio último, en la que la defensa de Giménez, a cargo de los abogados María Florencia Boasso y Juan Lewis (el ex ministro de Justicia provincial) cuestionó la resolución del juez de primera instancia Héctor Gabriel Candioti, el cual el 21 de abril ratificó la prisión preventiva y rechazó las alternativas y la morigeración bajo la forma de prisión domiciliaria.
La defensa
La defensa técnica sostuvo que “el solo transcurso del tiempo constituye una razón que habilita considerar una revisión y motivar una decisión diferente” más allá de que la investigación siga su curso normal e incluso se aporten elementos ‘nuevos‘.
Para la defensa el juez debe “reconsiderar” la resolución anterior “ya que el tiempo de encierro preventivo podría ameritar una cesación del encarcelamiento de acuerdo a las exigencias del principio de proporcionalidad, sumado al deterioro psíquico que sufre Giménez, como la situación de abandono moral y económico”.
También habló de “evitar que la medida cautelar de prisión preventiva no se convierta en una auténtica pena”. Sobre la calificación legal dijo que “la realidad fáctica admitiría una calificación de lesiones graves dolosas” y no un “dolo homicida” como se le imputa en grado de tentativa.
Para Lewis el hecho de que Giménez se presentara en la comisaría implica que “hubo desde el inicio sometimiento a la justicia” por lo que no habría “peligro de fuga”.
“Ante la inexistencia de acusación y sin que la fiscalia tenga planificadas medidas de prueba, el encierro de Giménez no tiene otra explicación que la anticipación de una pena”, cerró el defensor.
La fiscalía
El fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, solicitó se confirme la resolución impugnada y desmintió que Giménez se haya entregado en la comisaría para someterse al proceso. “El imputado se presentó pero no dijo que había hecho algo malo sino ‘que no sabía lo que había hecho’, tal es así que se solicitaron audiencia a la Junta de Salud Mental para evaluar una supuesta inimputabilidad o estado de emoción violenta y esa Junta dice que no se detectaron elementos clínicos”.
Zoppegni recordó que “las víctimas fueron dos personas de 52 y 68 años que recibieron golpes en la cabeza con un hierro, suficientemente para matar y no se ha realizado la acusación porque no se sabe las secuelas, que podría haber modificación de la calificación legal; la investigación se está moviendo, por ello hay que mantener la prisión preventiva”.
También se refirió a la figura de concejal que ostentaba el imputado y que al ser una “persona con recursos económicos lleva a la posibilidad que pueda fugarse”. También ventiló que hay un juicio civil de por medio por los daños causados y ratificó que “se trata de una tentativa de homicidio y la defensa no ha incorporado ningún hecho sobreviniente”.
“Adelanto de pena”
Mudry hizo una valoración sobre la proporcionalidad de la prisión preventiva la cual fundó con numerosa jurisprudencia. Se amparó en “las normas internacionales” y le recriminó al fiscal que “ha transcurrido un año desde la imposición de la cautelar” y “no realizó la acusación ni enuncia algún plazo para efectuarla”.
Para el camarista “mantener la prisión preventiva de Giménez terminaría siendo un mero adelanto de pena”. Y por último aclaró que “la trascendencia del caso no obliga a resolver omitiendo el marco normativo y convencional vigente, la proporcionalidad o razonabilidad de la prisión preventiva, la actividad desplegada por las partes, la existencia o no de riesgo procesal, la posibilidad de que mediante alternativas pudiere aventarse el mismo”.
Por dichos motivos resolvió “hacer lugar a los agravios de la defensa”; “revocar la resolución” de primera instancia y ordenar “la libertad de Eduardo Ceferino Giménez, con las alternativas ya señaladas”.
>> Querellante
El abogado de la querella, Martín Durando, que representa a la oficial de Justicia Silvia Mussano, adhirió a los planteos del fiscal haciendo hincapié en que “por los golpes que el imputado profiere en la cabeza a dos personas, no se puede decir que no hubo dolo de matar”. Para el querellante “los peligros procesales son concretos, reales y subsistentes; además levantar la cautelar implicaría una grave afrenta a la expectativa que se tiene con respecto a la Justicia y a su accionar”, dijo. También se refirió a la extensa argumentación defensiva diciendo que “el objeto de esta audiencia es la revisión de la cautelar sin hacer tantas referencias teóricas que tienen que ver más con cuestiones a dilucidar en la audiencia de juicio”.
>> Brutal ataque
La oficial de Justicia, Silvia Mussano y la abogada Nora Sosa de Bertola, que representaba a la esposa de Giménez por un conflicto conyugal, fueron atacadas con una lanza de arrastre para remolque de hierro, la mañana del 7 de julio de 2016. Sosa y Mussano habían ido a la casa para notificarlo de una medida de exclusión del hogar, por un caso de violencia de género contra su esposa, la cual lo había denunciado por otro grave episodio ocurrido en el seno familiar una semana antes.
Como no lo hallaron en su casa, la abogada de la mujer y la oficial de Justicia lo fueron a buscar a la farmacia de la que es dueño, y desde allí se dirigieron juntos al domicilio. Al ingresar, Giménez las invitó a sentarse y cuando regresó trajo consigo la lanza de hierro que puso sobre un sillón y cerró la puerta con llave.
Tras un breve diálogo, el hombre comenzó a golpear a sus interlocutoras, las cuales debieron ser internadas con graves lesiones, principalmente en la cabeza. Giménez se entregó en la comisaría 2da. de Sastre ese mediodía y desde entonces permanece tras las rejas.
La resolución dictada el lunes por el camarista penal Fabio Mudry impone al imputado la obligación de fijar domicilio en la casa de sus padres, en San Francisco, Córdoba; presentarse una vez por mes ante la autoridad competente; designar un guardador y cubrir una fianza personal por medio millón de pesos, a los fines de neutralizar los “peligros procesales que subsistan”.
La audiencia de apelación fue celebrada el 7 de julio último, en la que la defensa de Giménez, a cargo de los abogados María Florencia Boasso y Juan Lewis (el ex ministro de Justicia provincial) cuestionó la resolución del juez de primera instancia Héctor Gabriel Candioti, el cual el 21 de abril ratificó la prisión preventiva y rechazó las alternativas y la morigeración bajo la forma de prisión domiciliaria.
La defensa
La defensa técnica sostuvo que “el solo transcurso del tiempo constituye una razón que habilita considerar una revisión y motivar una decisión diferente” más allá de que la investigación siga su curso normal e incluso se aporten elementos ‘nuevos‘.
Para la defensa el juez debe “reconsiderar” la resolución anterior “ya que el tiempo de encierro preventivo podría ameritar una cesación del encarcelamiento de acuerdo a las exigencias del principio de proporcionalidad, sumado al deterioro psíquico que sufre Giménez, como la situación de abandono moral y económico”.
También habló de “evitar que la medida cautelar de prisión preventiva no se convierta en una auténtica pena”. Sobre la calificación legal dijo que “la realidad fáctica admitiría una calificación de lesiones graves dolosas” y no un “dolo homicida” como se le imputa en grado de tentativa.
Para Lewis el hecho de que Giménez se presentara en la comisaría implica que “hubo desde el inicio sometimiento a la justicia” por lo que no habría “peligro de fuga”.
“Ante la inexistencia de acusación y sin que la fiscalia tenga planificadas medidas de prueba, el encierro de Giménez no tiene otra explicación que la anticipación de una pena”, cerró el defensor.
La fiscalía
El fiscal de San Jorge, Carlos Zoppegni, solicitó se confirme la resolución impugnada y desmintió que Giménez se haya entregado en la comisaría para someterse al proceso. “El imputado se presentó pero no dijo que había hecho algo malo sino ‘que no sabía lo que había hecho’, tal es así que se solicitaron audiencia a la Junta de Salud Mental para evaluar una supuesta inimputabilidad o estado de emoción violenta y esa Junta dice que no se detectaron elementos clínicos”.
Zoppegni recordó que “las víctimas fueron dos personas de 52 y 68 años que recibieron golpes en la cabeza con un hierro, suficientemente para matar y no se ha realizado la acusación porque no se sabe las secuelas, que podría haber modificación de la calificación legal; la investigación se está moviendo, por ello hay que mantener la prisión preventiva”.
También se refirió a la figura de concejal que ostentaba el imputado y que al ser una “persona con recursos económicos lleva a la posibilidad que pueda fugarse”. También ventiló que hay un juicio civil de por medio por los daños causados y ratificó que “se trata de una tentativa de homicidio y la defensa no ha incorporado ningún hecho sobreviniente”.
“Adelanto de pena”
Mudry hizo una valoración sobre la proporcionalidad de la prisión preventiva la cual fundó con numerosa jurisprudencia. Se amparó en “las normas internacionales” y le recriminó al fiscal que “ha transcurrido un año desde la imposición de la cautelar” y “no realizó la acusación ni enuncia algún plazo para efectuarla”.
Para el camarista “mantener la prisión preventiva de Giménez terminaría siendo un mero adelanto de pena”. Y por último aclaró que “la trascendencia del caso no obliga a resolver omitiendo el marco normativo y convencional vigente, la proporcionalidad o razonabilidad de la prisión preventiva, la actividad desplegada por las partes, la existencia o no de riesgo procesal, la posibilidad de que mediante alternativas pudiere aventarse el mismo”.
Por dichos motivos resolvió “hacer lugar a los agravios de la defensa”; “revocar la resolución” de primera instancia y ordenar “la libertad de Eduardo Ceferino Giménez, con las alternativas ya señaladas”.
>> Querellante
El abogado de la querella, Martín Durando, que representa a la oficial de Justicia Silvia Mussano, adhirió a los planteos del fiscal haciendo hincapié en que “por los golpes que el imputado profiere en la cabeza a dos personas, no se puede decir que no hubo dolo de matar”. Para el querellante “los peligros procesales son concretos, reales y subsistentes; además levantar la cautelar implicaría una grave afrenta a la expectativa que se tiene con respecto a la Justicia y a su accionar”, dijo. También se refirió a la extensa argumentación defensiva diciendo que “el objeto de esta audiencia es la revisión de la cautelar sin hacer tantas referencias teóricas que tienen que ver más con cuestiones a dilucidar en la audiencia de juicio”.
>> Brutal ataque
La oficial de Justicia, Silvia Mussano y la abogada Nora Sosa de Bertola, que representaba a la esposa de Giménez por un conflicto conyugal, fueron atacadas con una lanza de arrastre para remolque de hierro, la mañana del 7 de julio de 2016. Sosa y Mussano habían ido a la casa para notificarlo de una medida de exclusión del hogar, por un caso de violencia de género contra su esposa, la cual lo había denunciado por otro grave episodio ocurrido en el seno familiar una semana antes.
Como no lo hallaron en su casa, la abogada de la mujer y la oficial de Justicia lo fueron a buscar a la farmacia de la que es dueño, y desde allí se dirigieron juntos al domicilio. Al ingresar, Giménez las invitó a sentarse y cuando regresó trajo consigo la lanza de hierro que puso sobre un sillón y cerró la puerta con llave.
Tras un breve diálogo, el hombre comenzó a golpear a sus interlocutoras, las cuales debieron ser internadas con graves lesiones, principalmente en la cabeza. Giménez se entregó en la comisaría 2da. de Sastre ese mediodía y desde entonces permanece tras las rejas.
Con información de
ellitoral
